Los programas de protección social, que se financian con recursos públicos, como ya hemos señalado en artículos anteriores, fueron inspirados a partir del establecimiento tanto en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, inspirado en lo que se denominó el estado de bienestar y expandiéndose posteriormente en gran parte de Europa y llegando a América Latina y particularmente a República Dominicana; como un instrumento para la reducción de la pobreza y la marginalidad social.
En la República Dominicana comienzan a desarrollarse los programas de protección social, como medidas de asistencia social, a partir de la revolución de abril de 1965 y la intervención norteamericana, cuyo fin era generar mecanismo de contrainsurgencia entre la población más pobre, establecieron en el país lo que se denominó la Alianza para el Progreso, programa mediante el cual se le proporcionaba alimentos, provenientes de los Estados Unidos a los estudiantes del nivel de educación básica y personas de zonas marginadas; también en los 12 años de gobierno del Presidente Joaquín Balaguer (1966-1978), con fines parecidos a los anteriores se creó la Cruzada del Amor, dirigido por la hermana del Presidente Enma Balaguer.
Para el 7 de febrero del año 1989, con la vuelta al poder de Joaquín Balaguer (1986-1990), mediante el decreto 54, se crea el Departamento de Asistencia Social, adscrito al Poder Ejecutivo, mediante el cual se reparten, con fines políticos del proyecto reeleccionista de dicho presidente, alimentos, artículos para el hogar, construcción y reparación de viviendas para la población en nivel de pobreza. Posteriormente este departamento se convierte, durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004) en Plan Presidencial Contra la Pobreza. Para el año 2005, siendo presidente Leonel Fernández, mediante decreto Núm. 179-05, vuelve a denominarse Plan de Asistencia Social de la Presidencia.
En el periodo 2004-2008 del presidente Leonel Fernández, además del Plan Social de la Presidencia, se creó el Programa Solidaridad, cuyo objetivo era que en base a estudio socioeconómico basado en lo que denominó el mapa de pobreza y mediante la selección de los hogares con mayores niveles de pobreza, se crearon subsidios, tanto en alimentación, incentivo a la educación escolar, subsidio a la electricidad y al gas de cocinar, se buscaba beneficiar a la población con mayores niveles de pobreza y como una manera de eliminar la pobreza extrema; aunque paralelamente el Plan Social de la Presidencia siguió funcionando.
Luego a partir del periodo 2012-2016 siendo presidente Danilo Medina y Vicepresidenta Margarita Cedeño, se modificó el nombre de ese programa de protección social, dándole el nombre de Progresando con Solidaridad; a partir del periodo de gobierno 2020-2024 de Luis Abinader, a dicho programa se le cambio el nombre por el de Supérate.
A partir del año 2020 y con la pandemia, el programa de protección social no solo cambio de nombre, sino que también hubo modificaciones en su dinámica ya que comenzaron a producirse escándalos de personas, que sin ser pobres, acumulaban hasta más de 100 tarjetas, llegando a ser sorprendidas comprando en colmados y supermercados, violentándose de esa manera los principios que dieron origen a este instrumento de subsidio, que era beneficiar a los hogares más pobres, no solo para darle un apoyo en alimentos, sino también y sobre todo incentivar la escolarización y la prevención en salud de dichos hogares y de esa manera romper el circulo vicioso intergeneracional de la pobreza, como reza la consigna de este programa.
El manejo inadecuado de este programa en los últimos años da como resultado, según estudio mandado a realizar por el Ministerio de Hacienda, que más del 50% de los que reciben los subsidios no son pobres, concretamente solo el 43.4% de los beneficiarios del programa Supérate son hogares pobres, lo que significa que el 56.6% que recibe los subsidios en los componentes Aliméntate, Aprende, Avanza, Familia Feliz, Bonoluz, Bonogas y Supérate Mujer, no son hogares pobres.
La situación antes descrita plantea que se debe hacer una revisión exhaustiva en términos de selección de los hogares beneficiarios del programa de protección social Supérate, para que el mismo pueda cumplir con sus objetivos de forma efectiva ya si se pueda reducir los niveles de pobreza en la República Dominicana, al menor costo posible desde el punto de vista de los ingresos fiscales.