Hace unas semanas -mientras hablaba frente al Congreso de los Estados Unidos-, Sam Altman, fundador de OpenAI, declaró: "Mis peores temores son que causamos un daño significativo, nosotros, el campo, la tecnología, la industria causaron un daño significativo al mundo". La Inteligencia Artificial (IA) ha liderado las discusiones sobre las regulaciones de privacidad durante las últimas semanas, quizás meses, incluido un llamado a la acción de la presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés), Lina Khan. El objetivo es claro: la IA necesita ser regulada; la "Declaración conjunta sobre los esfuerzos de aplicación contra la discriminación y el sesgo en los sistemas automatizados" firmada por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la Comisión Federal de Comercio muestra que es una batalla de vanguardia en los Estados Unidos. Sin embargo, la regulación de la IA debe verse desde una perspectiva global.
América Latina, tiene una miríada de economías y muestra un caso convincente para considerar la regulación de la IA más allá de las fronteras del G20. Según The Economist, "se pronostica que la IA impulsará el PIB de la región en más del 5% para 2030, y es probable que las proyecciones aumenten si los gobiernos introducen políticas para desarrollar talento y expandir su infraestructura digital"[1]. Las tecnologías de IA tienen consecuencias de largo alcance que se extienden mucho más allá de las fronteras nacionales. Las preocupaciones relacionadas con la privacidad, el sesgo, la rendición de cuentas y el potencial para amplificar las desigualdades existentes requieren la colaboración internacional para establecer un marco cohesivo para la regulación de la IA. Según el informe Inteligencia Artificial y Valores Democráticos 2022 del Center for AI and Digital Policy (CAIDP), clasificaron la regulación de los países sobre la ética de la IA, de la siguiente manera:
Desde América Latina, en el nivel 1, solo observamos Colombia, y en el nivel 2, Argentina y Brasil. El resto de los Estados están clasificados en el nivel 3 o inferior. La regulación en los países latinoamericanos requiere un enfoque matizado, dadas sus disparidades socioeconómicas, diversidad cultural y contextos históricos. América Latina, en su conjunto, enfrenta desafíos como la brecha digital, donde el acceso a las tecnologías de IA puede estar distribuido de manera desigual. La colaboración es muy necesaria, el intercambio de conocimientos, la creación de capacidad y la asistencia técnica deben ser alentados y perseguidos. Regular la IA es una política pública en su mejor momento, consideraciones éticas que aseguran un enfoque centrado en el ser humano es una prioridad; El enfoque principal de cualquier marco regulatorio debería, al menos, apuntar: privacidad individual, sesgos, responsabilidad y transparencia.
Los efectos de la regulación de la IA van más allá de las fronteras de los Estados Unidos, y de Europa con la posible aprobación de la ley de IA, y tendrán efectos indirectos, que tendrán implicaciones críticas para América Latina. La región se beneficiará enormemente del potencial transformador de la IA, ayudando al desarrollo sostenible: la integración de la IA en sectores como la salud, la educación, la agricultura y el transporte, los países latinoamericanos pueden optimizar la asignación de recursos y mejorar los procesos de toma de decisiones. No obstante, el peligro puede surgir si no hay un esfuerzo colectivo que priorice el bienestar de todas las personas, independientemente de sus fronteras geográficas, respetando al mismo tiempo los contextos y valores locales.
[1] Seizing the opportunity: the future of AI in Latin America, p. 3, visto en: https://impact.economist.com/perspectives/sites/default/files/seizing-the-opportunity-the-future-of-ai-in-latin-america.pdf