En México el pasado día 15 de julio el juez Ramón Lozano Bernal dictaminó una suspensión definitiva a la multinacional Iberdrola Energía Monterrey (IEM). La concesión emitida por el togado Lozano Bernal contradecía la resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), quien el pasado mes de mayo había impuesto una multa histórica de 9 mil 145 millones de pesos mexicanos (unos 466 millones de dólares) por vender a terceros de manera ilegal energía generada bajo el subterfugio de autoabastecimiento.
Con este fallo, proveniente del juzgado tercero de distrito en materia administrativa, y especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones con sede en la ciudad de México, la citada trasnacional española podrá evadir el pago de la sanción dictaminada hasta que el litigio se ventile en su totalidad y cuya audiencia fue programada para el próximo mes de septiembre. Tal dictamen viene precedido por la del también togado Juan Pablo Gómez Fierro, del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, también conocidísimo por favorecer a los consorcios extranjeros energéticos enfrentados a las políticas gubernamentales en materia energética.
Este último, juez, otorgó una nueva suspensión definitiva a favor de 10 empresas que se resisten a aceptar el esquema de compras de gas natural que fuese emitido el pasado mes de junio por la Secretaría de Energía para así garantizar el suministro en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, mismo que tendría que empezar a aplicarse a partir del próximo 13 de agosto del corriente. Pero también fue este mismo juzgado segundo quien con distintas argucias baladíes impidió el pasado 2021 la entrada en vigor de las reformas a la Ley Eléctrica y la aplicación de Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Pero fue también hace apenas unos días, el juez sexto de distrito en esa misma materia, Francisco Javier Rebolledo quien declaro como inconstitucional y también concedió un generoso amparo a nada más que a la transnacional Monsanto contrarrestando así el decreto presidencial de diciembre del 2020 que prohíbe el uso del glifosato y el maíz transgénico, en una decisión a todas luces lesiva al medio, la biodiversidad y la salud de la población.
Y aunque no es mi intención aburrirles, tengo que recordarle al lector que en el 2019 los jueces Rene Ramos Pérez, decimo del distrito en el Estado de México y Juan Carlos Guzmán Rosas, quinto del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México; también fallaron, con argumentos disparatados y hasta risibles, decenas de amparos generados por la oposición a fin de impedir la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, retrasando así durante meses el comienzo de las obras correspondientes.
Tales sentencias son de una abierta obsecuencia a las empresas extranjeras y se inscriben en una línea dura de sabotaje y golpeteos por partes de los integrantes del Poder Judicial en desmedro de las políticas públicas iniciadas por la actual administración de López Obrador y que buscan poner fin al histórico saqueo y expoliación de los recursos nacionales por entidades privadas, nacionales y extranjeras. De esta forma, se torpedea el esfuerzo por avanzar hacia la construcción de la soberanía energética, meta que cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. ¡Que quede claro! Estos pencos togados representan una estela de afrenta al interés nacional lo cual como se ve han visto han cerrado filas desde el mismo momento en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) empezó una exhaustiva tarea de revisar y rechazar contratos firmados durante sexenios anteriores con términos leoninos, ultrajantes y lesivos al interés nacional de Mexico. Tal y como lo apunta la escritora Arantxa Tirado, en su obra El Lawfare: Golpes de Estado en nombre de la ley, (2021) en varios países hoy día, se está llevando a cabo lo que denomina como Lawfare, una guerra judicial en contra de gobiernos de izquierda o progresistas en donde dirigentes, figuras de renombre, empresarios, think tanks, partidos y políticos de derecha y sus altavoces en los medios corporativos; llevan un ataque concertado a los gobiernos, que como en el caso de México, el objetivo es torpedear, boicotear e impedir la implementación de una agenda nacional y progresista.
Tales dictámenes, son definitivamente un ultraje, afrenta, un obstáculo hacia la procuración de la soberanía nacional. La población mexicana, los demás países incluyendo el nuestro; deberían reflejarse en el espejo de México y de una vez por toda, condenar en el imaginario popular como traidores a los políticos, jueces, empresarios que están traficando con el interés nacional causando graves daños aliándose de manera impúdica con los diferentes entramados empresariales y multinacionales cuyo modelo empresarial está basado en el espolio y saqueo de nuestros recursos. Definitivamente, tal y como denunció López Obrador, la obsecuente conducta de estos jueces debe investigarse de manera que los hilos corruptores sean revelados públicamente y sean castigados por sus actuaciones en desmedro del interés nacional. ¡Qué poca madre tienen estos pencos togados!