El Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, utilizando fuentes abiertas sobre comercio y mapeo de infraestructuras de software espía, publicó un informe[1] recientemente en el que detalla informaciones clave acerca de ventas y despliegue de spyware, y demás tecnologías invasivas de vigilancia, a empresas y organismos estatales en Indonesia entre 2017 y 2023.
Un spyware es “un tipo de software malicioso que interfiere en el funcionamiento normal de un dispositivo para recopilar información sin alertar a la persona usuaria y después enviarla a otra entidad no autorizada” (Amnistía Internacional). No deja ningún rastro, y es casi imposible que se pueda detectar.
Estas empresas fabricantes de tecnología de vigilancia ocultan muchas veces la naturaleza de sus exportaciones, aprovechando que operan en un mercado poco regulado.
En ese sentido, la transparencia limitada y la ausencia de datos relacionados a las transferencias de equipos de doble uso (civiles y militares), entre ellos proveedores y usuarios finales implicados, no permite que se apliquen los pocos mecanismos de regulación vigentes cuando existan riesgos graves.
Los peligros para la democracia y los derechos humanos son altos. El uso de las tecnologías de vigilancia altamente invasivas afecta varios derechos fundamentales como el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión, lo que sirve de táctica para reducir la influencia de activistas y periodistas independientes.
Ya planteaba Michel Foucault, en Microfísica del Poder, que el panoptismo es una invención tecnológica en el orden del poder, como la máquina de vapor en el orden de la producción. De hecho, el poder en su ejercicio va mucho más lejos, pues pasa por canales muy finos e indetectables y que están descentralizados.
Desentrañar estas marañas es un gran acto de coraje. No puede dejarse de mencionar el Proyecto Pegasus, iniciativa colaborativa de investigación entre decenas de periodistas procedentes de 10 países, bajo la dirección de la red internacional Forbidden Stories[2].
Afortunadamente, las cosas no han quedado ahí. Hay investigaciones abiertas y procesos judiciales en curso contra NSO Group, empresa dueña del spyware Pegasus, en España, Francia, India, México, y Polonia. En 2022, por otro lado, el Parlamento Europeo creó la Comisión PEGA para investigar el empleo de éste y demás programas espía en Europa, cuyos informes están disponibles en línea.
Cualquiera es vulnerable a estos tipos de atentados. Lo que queda por ver es si se impondrán los derechos sobre el poder.
[1] https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/7974/2024/en/
[2] https://forbiddenstories.org/projects_posts/pegasus-project/