En la búsqueda del progreso social y económico, la educación se erige como el pilar fundamental sobre el cual se construye el futuro de una nación. Sin embargo, en muchos países, incluyendo a la República Dominicana, la educación ha sido un terreno de divisiones políticas en lugar de un área de consenso. La educación, como derecho fundamental y motor de desarrollo, no debería estar sujeta a los traspiés de la política partidaria. En la práctica, la alternancia de gobierno en nuestro país suele traer consigo cambios en las políticas educativas, lo que resulta en una falta de continuidad y coherencia en la implementación de reformas.
Un pacto nacional por la calidad de la educación como plantea el presidente Luis Abinader, tiene el potencial de despolitizar el sistema educativo, estableciendo un marco común que trascienda las ideologías partidarias, garantizando que las políticas educativas se mantengan estables y centradas en los objetivos a largo plazo, independientemente de las variaciones en el liderazgo político.
Los políticos dominicanos deben tener claro que un tema como la educación es de tal importancia para el bienestar y el futuro de una sociedad que debe colocarse por encima de las disputas políticas. Un pacto por la educación permitiría que el interés común prevalezca sobre las ambiciones partidarias. La calidad educativa afecta directamente a la equidad social y al desarrollo económico; por lo tanto, resulta crucial que todos los sectores políticos colaboren para abordar de manera efectiva los desafíos del sistema educativo.
Los resultados de las pruebas PISA han colocado a la República Dominicana en los últimos lugares en comparación con otros países. ¿Qué es la prueba PISA y qué evalúa? El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) es una prueba estandarizada organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde el año 2000, se administra cada tres años en más de 70 países, tanto miembros como no miembros de la OCDE. La participación de cada país en la evaluación es voluntaria y se basa en acuerdos bilaterales. PISA tiene como objetivo medir en qué medida los estudiantes de 15 años, al final de su educación obligatoria, han adquirido las competencias y conocimientos esenciales para participar plenamente en las sociedades modernas (OCDE, 2017: p.12). Para lograrlo, se selecciona una muestra representativa de estudiantes de sectores públicos y privados que cumplan con la edad establecida y estén cursando algún nivel de secundaria.
Cada tres años, la evaluación de PISA se centra en una de las áreas principales: comprensión lectora, matemáticas o ciencias. En cada ciclo, la cantidad de preguntas relacionadas con el área focal es mayor, lo que permite una evaluación más profunda tanto de las habilidades generales del estudiante en esa área como de sus competencias en distintos subdominios. Para las áreas no focalizadas en ese ciclo, la prueba incluye preguntas de ciclos anteriores, facilitando la comparación de los resultados de aprendizaje a lo largo del tiempo.
En 2015, República Dominicana logró 339 puntos en su primera participación quedando en último lugar, mientras que la media general fue de 492 puntos. En 2018, el país obtuvo 334 puntos, experimentando una ligera disminución de 5 puntos respecto al ciclo anterior. Para el ciclo de 2022, el país mejoró con una puntuación de 350 puntos, 16 puntos más que en 2018 y 11 puntos más que en 2015. Sin embargo, República Dominicana, junto con Guatemala, El Salvador y Paraguay, ocupó las últimas posiciones, estando solo 1 punto por encima de Paraguay, que se ubicó en el último lugar.
Este desempeño deficiente refleja la necesidad urgente de una reforma educativa que aborde las debilidades del sistema y mejore los resultados de aprendizaje. El pacto por la educación podría ser el primer paso para crear un plan estratégico a largo plazo que se enfoque en las áreas críticas y que involucre a todos los actores relevantes, desde el gobierno hasta los docentes y las comunidades. La cooperación y el compromiso de todos los sectores son esenciales para implementar reformas que tengan un impacto duradero y positivo en los resultados educativos.
Históricamente, todos los gobiernos en la República Dominicana han tenido una deuda con la educación. Las promesas de reformas educativas a menudo no se concretan o se quedan cortas en términos de impacto y alcance. Un pacto nacional por la educación podría ser la herramienta necesaria para cerrar esta brecha histórica. Estableciendo compromisos claros y metas concretas, los gobiernos podrían trabajar juntos para cumplir sus promesas y ofrecer una educación de calidad a todos los ciudadanos. Este acuerdo también podría proporcionar una base sólida para la rendición de cuentas y la evaluación continua de las políticas educativas despolitizando este proceso vital para el desarrollo.