La necesidad de actualizar la ley contra la violencia de género vigente en el país desde 1997, a la que el discurso del Presidente de la República hizo reciente alusión, es evidenciada por los insuficientes resultados logrados en 27 años de política pública contra la violencia en el país.
Las estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR) muestran que la violencia en el país ocurre mayoritariamente en el ámbito de la convivencia cotidiana, pues representa alrededor de las dos terceras partes de la violencia total anual. El tercio restante corresponde a la violencia relacionada con la delincuencia y a la violencia relacionada con el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado.
Esta violencia presenta un patrón muy diferenciado por sexo, pues si bien a nivel convivencial afecta más a las mujeres en el ámbito intrafamiliar y es perpetrada mayoritariamente por hombres, en la convivencia fuera del hogar es perpetrada mayoritariamente entre hombres. La violencia a nivel delincuencial, como aquella violencia perpetrada por los agentes del Estado, tambien ocurre mayoritariamente entre hombres.
La violencia contra las mujeres se sitúa entre las prevalencias más elevadas del mundo: alrededor de casi 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más de edad han sido víctimas de violencia física, sexual, psicológica y/o patrimonial en el curso de su vida, según la medición de la ONE en el 2018. Sus lugares de ocurrencia son los espacios privado y público, en los ámbitos de la familia, la comunidad y las instituciones, tales como centros educativos y laborales. Asimismo, los feminicidios que se cometen en el país anualmente, están situados también entre los más elevados de la región de América Latina y el Caribe.
Esta violencia afecta a las niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores y en el ámbito intrafamiliar es perpetrada sobre todo por maridos y novios (actuales o pasados) y por hombres del entorno familiar más cercano (sobre todo en el caso de las niñas). Tambien es perpetrada por padres y madres contra sus descendientes como un método disciplinario. Asimismo, se perpetra contra mayores y sobre todo contra adultas mayores.
Esta violencia basada en estereotipos de género ocurre en el marco de las relaciones de desigualdad y discriminación que caracteriza las relaciones entre niñas y niños y mujeres y hombres. Se desarrolla, paralelamente, en un contexto nacional donde la violencia intra-género entre hombres, es valorada como un atributo de la masculinidad y afecta sobre todo a la población masculina joven, aunque se manifiesta tambien durante todo su ciclo de vida. Esta violencia masculina, vista desde las estadísticas de homicidios, representa alrededor de nueve de cada diez casos del total de homicidios anuales del país.
Esta presencia ubicua de la violencia basada en género en el país, la coloca como un fenómeno social estructural, que requiere ser abordado en su integralidad. En efecto, estas estadísticas muestran que en el país el recurso a la violencia está culturalmente legitimado como un método válido de resolución de conflictos. Si bien los conflictos humanos son intrínsecos a toda relación social, el foco de esta reflexión remite a aquellos conflictos interpersonales en que se recurre a la violencia que causan daño a las personas y cuya frecuencia la ha convertido en un grave problema social a ser atendido y ha hecho afirmar a un ministro que la sociedad dominicana es violenta. Empero, no especifica, como suele hacerse conceptualmente, si sólo se trata de violencia directa culturalmente legitimada o si sus determinantes son de naturaleza estructural.
El cuestionamiento de la violencia basada en género, iniciado hace más de tres décadas por las mujeres como una práctica históricamente invisibilizada y naturalizada, ha logrado traspasar el límite de lo privado y se ha colocado en la agenda pública como un grave problema social a ser abordado desde las políticas públicas, que aún tropieza con numerosos obstáculos. Uno de los más recientes es la campaña mediática actual, denominada ”ideología de género” que se opone a la construcción de una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres. Esta igualdad está Integrada como mandato de la Constitución del 2010 y, desde la década de los 90, la lucha contra la violencia basada en género, establecida través de la Ley 24-97: ambas están explícitamente integradas como política del Estado dominicano y ha sido reforzada por la Estrategia Nacional de Desarrollo desde el 2012.
Si bien constituye una tarea urgente revisar y ampliar el marco jurídico, es necesario que se haga desde nuevos marcos conceptuales, procedimentales y operativos, que permitan el abordaje integral de la violencia como un complejo problema social a resolver.
A nivel conceptual se deben integrar aportes multidisciplinarios, apoyándose en las herramientas provistas por diferentes disciplinas científicas:
1. La Ecología Social con su abordaje de los aspectos relacionados con los determinantes de la violencia a nivel individual, interpersonal y socioeconómica, vista desde una perspectiva colectiva. Esas esferas concebidas como un todo interrelacionado del quehacer humano, donde lo individual, lo relacional y lo societal encementados por la cultura, constituyen las esferas micro y macrosociales, donde la violencia se ejerce como un fenómeno social multidimensional complejo, requerido de estrategias y acciones intersectoriales de acción, tal y como se muestra en la siguiente figura:
Estas esferas de la ecología humana interrelacionadas y que se entrecruzan y refuerzan, deben ser sujeto de políticas públicas específicas para abordar los determinantes de la violencia desde la Epidemiología, como ciencia social aplicada a la salud pública. En este sentido, la OMS/OPS amplían la conceptualización de la violencia que va más allá del delito y la define como todo daño infligido a las personas -sea este físico, sexual o psicológico, privaciones, la muerte o la discapacidad – bajo la premisa de que no todo delito es violento, ni todo acto de violencia es legalmente tipificado como delito.
2. En este mismo sentido, hay coincidencias con las teorizaciones sobre la construcción de la paz social y el famoso triángulo de la violencia de Galtung, quien identifica tres vértices de esta violencia a ser focalizados de manera conjunta: violencia directa y visible cotidianamente, violencia estructural que remite a las desigualdades sociales y a la necesidad de su superación para garantizar la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos y violencia cultural, que remite a su reproducción en la familia, las comunidades y las instituciones como un fenómeno natural y legitimado socialmente. Sus aportes están orientados hacia la construcción de una sociedad y cultura de paz, donde los conflictos y diferencias se aborden desde la cooperación y no desde la competencia entre países y entre personas.
3. Por último, los aportes del enfoque de género, también desde las ciencias sociales, para dar cuenta de los patrones diferenciados en los comportamientos violentos en hombres y mujeres, modelados y transmitidos intergeneracionalmente a través de la familia y replicado en la sociedad, en base a una valorización jerarquizada de las prácticas femeninas y masculinas en todos los ámbitos de la vida en sociedad y la necesidad de su superación, mediante la construcción de una sociedad que promueva valores igualitarios de las personas desde la infancia.
De hecho, el país ya dispone de varios estudios sobre la violencia, bajo los auspicios del Gabinete Social/BM y del PNUD que han aplicado estos nuevos marcos de referencia conceptual y metodológica en estudios sobre la violencia intrafamiliar, comunitaria y laboral que muestran la necesidad de políticas públicas sobre la violencia desde una perspectiva multidimensional y multisectorial, para poder lograr una mayor efectividad de las políticas públicas en sus diferentes manifestaciones y ámbitos de ocurrencia.
La necesidad de actualizar el marco jurídico que data del 1997, ha ido planteada a las cámaras legislativas varias veces sin éxito, desde hace ya alrededor de diez años. La misma requiere también cambios de perspectivas conceptuales y operativas para lograr un abordaje de política pública desde una perspectiva teórico-metodológica más abarcadora y articulada.
En efecto, este nuevo marco jurídico requerido debe avalar este abordaje integral de lucha contra la violencia, sobre la base de los nuevos marcos programáticos vigentes en materia de seguridad humana, igualdad y equidad de género y el monitoreo y evaluación de las políticas públicas de prevención, atención, sanción y reparación de la violencia, en función de los resultados logrados y nudos confrontados en la implementación.
La necesidad de revisar y ampliar el marco conceptual, jurídico y operativo para el abordaje integral de la violencia como un complejo problema social constituye una tarea urgente.
Resumiendo, se requiere definir objetivos públicos comunes nacionales y sectoriales que tomen en cuenta los diferentes ámbitos de ocurrencia de la violencia -familia, comunidad e instituciones- y sus modalidades, naturaleza y tipos, así como las características individuales de las personas víctimas y victimarias según sexo y ciclo de vida, constituyen factores básicos a tomar en cuenta para poder implementar políticas públicas efectivas.
Este ámbito de naturaleza conceptual y de mejora de la calidad y oportunidad, esta requerido de la normalización de la medición de las estadísticas oficiales sobre la violencia. Un estudio del MMUJER del 2023, muestra que no puede continuar permitiéndose la no comparabilidad de las estadísticas producidas por la PGR, la PN y el MMUJER desde el enfoque de género. Tampoco se puede obviar que la desagregación de los datos sobre población debe ser siempre desagregados por sexo, pues el concepto género no es equivalente a mujer. Establecer políticas públicas que den respuestas efectivas a las necesidades de mujeres y hombres en todo su ciclo de vida, requiere partir de las diferencias y similitudes entre los comportamientos de las variables medidas, para actuar en consecuencia.
Asimismo, urge el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación para la puesta en marcha de la herramienta de Registro Único de Violencia, que permita normalizar los procedimientos de estandarización y automatización de los servicios de atención a la violencia que oferta el Estado: Solo así se podrá monitorear y evaluar la efectividad de la oferta de atención, sanción y reparación de los casos de violencia registrados, cuya orientación debe ser su prevención oportuna que evite asesinatos, repare daños y deslegitime la violencia como un método normalizado de relacionamiento humano.
Claro está, esto requiere la institucionalización de mecanismos de coordinación del trabajo contra la violencia entre instituciones y sectores involucrados que, hasta hoy, constituye el principal escollo para implementar políticas públicas para su prevención, atención, sanción y reparación efectivas.