Uno de los principales sectores que se beneficiarían de la reforma a la Constitución propuesta por el presidente Luis R. Abinader C. es el de los partidos políticos de la oposición, ya que se evitaría que pudieran ser víctimas de la situación que llevó al Partido Revolucionario Dominicano, PRD, de partido mayoritario, a minoritario en tan solo un año.
Independientemente de las debilidades del PRD, existe un hecho cierto y es que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se había hecho del control de las altas cortes, lo que incluyó al Tribunal Superior Electoral, lo que garantizó que los fallos de dicha entidad favorecieran sistemáticamente al actual presidente del PRD, Ing. Miguel Vargas Maldonado, quien operó cual caballo de Troya en contra de su propio partido en las elecciones del año 2012, para luego expulsar con total impunidad a toda la membresía del PRD que osara contradecirle.
El resultado fue una masiva mudanza del otrora partido mayoritario, iniciando una historia que está demasiado reciente como para contarla. Pero lo que sufrieron los perredeístas, hoy perremeístas, no debe repetirse. La única razón por la cual un partido político debe desaparecer es por su desconexión con su pueblo o su incapacidad de generar inclusión en su membresía.
La Constitución del año 2010 tiene sus luces, pero también sus sombras. Al incluir la figura del procurador general de la República dentro del Consejo Nacional de la Magistratura rompió el equilibrio que hasta ese momento existía en dicho órgano y que había permitido ciertos avances dentro del poder Judicial.
Por otro lado, resulta relevante el tratamiento que históricamente se le ha dado a la corrupción en la República Dominicana, la cual siempre ha gozado de una importante impunidad, como resultado de la influencia que sobre el Ministerio Público tiene el poder Ejecutivo. Esta situación ha propiciado que la corrupción se convirtiera en un problema de carácter estructural dentro de la sociedad dominicana. En un artículo publicado por el hoy embajador ante el Reino de España, Juan Bolívar Díaz, en el año 2017, se citaba a la entonces presidenta de la Cámara de Cuentas (Licelot Marte de Barrios), planteando que: “… con lo que se lleva la corrupción se podría construir dos República Dominicana, al quejarse de las sistemáticas irregularidades y depredaciones del patrimonio público que se encuentran en gran parte de las auditorías”.
Hoy, no solo se tiene a funcionarios del gobierno pasado sometidos a la justicia, también familiares inmediatos del expresidente Danilo Medina. Así mismo, funcionarios del actual gobierno se encuentran sometidos a la justicia, mientras otros debieron renunciar o fueron destituidos. Esto es un avance con respecto a la histórica impunidad de la que han disfrutado quienes deben servir al pueblo dominicano, pero como sabemos lo obtenido es el resultado de la voluntad política del actual presidente, quien tiene el camino libre para volver a presentarse en las próximas elecciones.
Es así que esta propuesta de reforma a nuestra Constitución fortalecería el estado de derecho, que releva tanto la Constitución del año 2010, dando mayores garantías a los actores políticos, así como desterrando la impunidad de quienes momentáneamente forman parte de cualquiera de los poderes del Estado dominicano.