En muchos estudios realizados con niños y niñas encontramos una frase recurrente en ellos y ellas: “Cuando me porto bien, tengo derecho a jugar” (Vargas 2015)
La confusión que tienen muchos niños y niñas con relación a sus derechos es una constante en muchos estudios realizados sobre la niñez en el país. Se identifican los deberes como derechos, mostrándose así un gran desconocimiento de los mismos. “Tengo derecho a hacer tareas”.
Esta distorsión está vinculada al miedo que muestran padres, madres y personal docente en muchas comunidades a ofrecerles orientación a niños y niñas sobre sus derechos. La resistencia a ofrecer una educación en derechos hacia la niñez y adolescencia se sostiene en una visión errónea de que enseñar derechos es fomentar el irrespeto a la autoridad.
La resistencia cultural hacia la enseñanza de los derechos trasciende el mandato curricular en los centros educativos que establece los derechos de la niñez como eje fundamental en el currículo.
En hogares y familias donde niños y niñas son maltratados con pelas continuas, estos/as no identifican las pelas como una violación a sus derechos, las legitiman porque “nos portamos mal”. “Me dieron muchos fuetazos con una correa y yo me lo merecí porque me porté mal”. (IBIDEM)
El desconocimiento de los derechos en la población infantil los convierte en vulnerables al abuso y a su legitimación. El niño o niña que desconoce de sus derechos y se mantiene legitimando la violencia que recibe de padres/madres y de sus maestros/as se desarrolla en el miedo, se convierte en una persona adulta incapaz de defenderse ante las agresiones que pueda recibir de su cónyuge o de su patrón, o de la policía o de una persona cercana.
La internalización de la violencia como algo normal porque “me lo merezco” o se lo merecen mis hermanitos/as convierte a muchos niños y niñas en agresores en su etapa adulta.
Las familias se resisten al respeto de los derechos de la niñez asocian esto a la pérdida de autoridad con una idea errónea de que si sus hijos/as conocen sus derechos se convierten en delincuentes y en personas sin respeto a la autoridad. Esto es falso, la población que delinque no conoce sus derechos y sufre o ha sufrido violencia de padres/madres y docentes al igual que el resto de nuestra población infantil y adolescente.
Lograr que la población infantil se empodere frente a sus derechos favorece a la formación de agentes de cambio social y político en nuestro país que se resistan a los abusos que sufren en la cotidianidad desde distintos sectores de su entorno social y político.