Los médicos y las clínicas están obligados a entregarles factura fiscal a los pacientes. Luis Valdez Veras, director de la DGII, señaló que “todo cobro o servicio profesional debe ser registrado” de acuerdo a las leyes del país. Estas declaraciones se producen en medio del anuncio del gobierno dominicano de realizar una reforma fiscal integral y el reclamo generalizado contra los evasores.
Es un secreto a voces que en el sector salud privado se les exige a los pacientes afiliados el pago de diferencias para acceder a casi todos los servicios del Plan Básico de Salud (PBS): consultas externas, análisis de laboratorios, estudios especiales, partos, intervenciones quirúrgicas y tratamientos.
De todos, los copagos que cobran los médicos es el más crítico, incierto e irritante, porque son establecidos libremente y sin límites, por lo que pueden ser elevados de manera unilateral en cualquier momento. Cobran montos más elevados en los casos de intervención quirúrgica y de tratamientos especiales.
No aceptan tarjetas de crédito, ni cheques y se niegan a entregar una factura o recibo que le permita al paciente realizar cualquier reclamación frente a su ARS o solicitar su deducción en su declaración fiscal anual. No se entrega una constancia legal para no pagar impuestos, lo que constituye una evasión fiscal penada por la Ley.
Esta práctica golpea fuertemente el presupuesto familiar. Los copagos superan hasta seis veces el pago de la ARS por servicio. Cálculos conservadores estiman entre 30,000 y 35,000 millones de pesos anuales, percibidos sin pagar impuestos. Se trata de una operación totalmente ilegal e informal en beneficio de los médicos y en perjuicio de los afiliados y del fisco.
En los casos de una consulta, la secretaria cobra en efectivo, sin dejar rastros ni constancia de la transacción. Y en los servicios más complejos no aceptan tarjetas de crédito y se exigen una transferencia a una cuenta digital, también con fines evasivos.
Para la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) esa es una demostración de la total mercantilización de la medicina de parte de todos los agentes. Lamentablemente, ya ni los médicos se escapan de este calificativo, salvo excepciones, anteponiendo el afán mercantil, al servicio médico y a la vocación social. Se trata de un problema ético y legal creciente que requiere de una atención oportuna de las autoridades para reducir la evasión fiscal.
El presidente de ANDECLIP, Rafael Mena, aseguró que el gremio es cumplidor con los pagos de impuestos, y aconsejó a los médicos cumplir con esa obligación para evitar problemas legales. Pero obvió reconocer que en la mayoría de los casos, las clínicas tampoco entregan comprobantes fiscales.
Luis Peña Núñez, secretario general del CMD, recalcó que los médicos son los que pagan más impuestos. Si así fuese, ¿por qué calificar como un ataque al gremio la exigencia de entrega de facturas con comprobantes fiscales? La realidad es que luego de muchas exigencias solo algunos entregan un recibo sin valor fiscal y firmado por una secretaria.
Consideró que se trata de "ataques despiadados contra los médicos”. “Hay que cobrarles impuestos a los que no pagan". Su defensa fue tan pobre que terminó colocando a los médicos al mismo nivel de un mecánico, un gomero o un vendedor de frutas, señalando que a ellos no se les exigen comprobantes.
Al carecer de razón, terminó apelando a la fuerza bruta: "Estamos dispuestos a enfrentar lo que sea. Si hay una selectividad con los médicos, nos van a ver en la calle, porque es muy bueno buscar a la parte más vulnerable, al médico. Aquí habrá líos, si hay una persecución exclusiva a los médicos, que sí pagamos impuestos", advirtió.
Nuestra Fundación aplaude la acción de las autoridades por considerar que el pago de los impuestos es obligatorio para todos. El cobro de copagos constituye una práctica doblemente informal: es ilegal y constituye una evasión de impuestos.