A pesar de la reciedumbre moral, de la dilatada y limpia carrera judicial a toda prueba de Miriam Germán Brito, actual procuradora general de la República, hay cosas que no entiendo de la Procuraduría que preside.
Cuando en marzo de este año hubo un incendio en la Cárcel de la Victoria, en el que fallecieron al menos 13 seres humanos y hubo varios heridos, aunque produjo decisiones institucionales, como corresponde, recuerdo que al ser abordada por la prensa la Mag. Germán permaneció en silencio, indicando con ello que no tenía nada que dar a conocer al país al respecto, distando dicha postura de su apertura en el manejo de lo que esté a su cargo, cuando el caso lo permita. Este era uno de ellos.
Sin duda que muchos imputados y acusados no solo se defienden en sede judicial, sino que emplean diversos medios de prensa y redes para lograr llamar la atención pública sobre cuestionamientos a las actuaciones del Ministerio Público en los procesos que se siguen, sobre todo en los casos de corrupción de los que conoce el sistema de justicia. Es una forma de equilibrar la fuerza que tiene el órgano de persecución ante el llamado blindaje de sus casos, entre otros objetivos.
No me cabe la menor duda de que los fiscales y con ello la Procuraduría General de la República, la PEPCA y la Dirección General de Persecución cumplen una labor que, por mandato constitucional y legal, deben realizar. Aplaudo el que lo hagan; pero siempre que sea respetando el derecho que tienen los imputados y acusados a acceder a las diligencias y actuaciones de investigación como a las evidencias recabadas para garantizar el ejercicio de su derecho de defensa, lo que, por las resistencias del Ministerio Público, recurrentemente ha sido seriamente cuestionado por muchos.
De igual forma, el Ministerio Público tiene todo el derecho de hacer comunicados, publicar sus logros -prisiones, condenas, etc.-, pero el mismo derecho lo tienen los imputados y acusados, hasta para contratar a quienes saben de eso para publicar lo que consideran son sus verdades. Con ello no estoy diciendo que tengan siempre la razón y que no puedan ser encontrados responsables y condenados. Claro, en un proceso judicial en el que estén garantizados los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución y las leyes.
Pero, de ahí a que la Procuraduría pretenda cercenar el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento que tienen los imputados, como la prensa a cuestionar y dar a conocer las actuaciones del Ministerio Público, me parece un exceso y una jugada peligrosa para el Estado de Derecho en la República Dominicana.
Es posible que haya muchos “opinadores” pagados para decir o callar. Eso es cuestionable éticamente y si hay abusos las leyes establecen los mecanismos para el resarcimiento correspondiente a favor de quien ha sido difamado o injuriado.
Hay, sin embargo, quienes lo hacen por convicciones, estemos o no de acuerdo con ellos, y en democracia hay que respetar ese derecho al disenso. Amenazar con mordazas judiciales –“medidas cautelares ante las campañas ilícitas en su contra”- me parece un exceso, impropio de una Procuraduría General presidida por quien siempre ha sido para todos un paradigma y ejemplo de vida en democracia.
Los funcionarios públicos deben estar preparados para aceptar las más incisivas críticas y cuestionamientos. Manejan fondos y responsabilidades públicas y por ello deben responder. Si hay desvaríos, las vías judiciales están abiertas. Jamás pretendiendo callar las voces que reclaman explicaciones o rendición de cuentas de sus actuaciones.
Algo huele mal en la Procuraduría General de la República. No sé si por cansancio; por ingenuidad, que no lo creo; por incapacidad para resistir cuestionamientos ciudadanos hechos por los “malos”, o por los menos malos; o por intolerancia, que nunca ha exhibido la digna magistrada Germán. ¿Qué pasa ahí?