El lunes de esta semana, los integrantes del Ministerio Público realizaron un paro de sus labores en reclamo de mejores salarios y condiciones de trabajo, lo cual es justo y necesario para cada uno de sus miembros y personal administrativo. Los fiscales tienen una carga importante de trabajo, a veces excesiva por la cantidad de expedientes que deben conocer, investigar y someter, además de las labores de conciliación y mediación que ejercen en sus despachos como también en las fiscalías comunitarias o centros de atención que disponen las distintas procuradurías fiscales a nivel nacional.
Los fiscales, como los jueces y cualquier otro servidor público, hacen una labor que necesariamente requiere de vocación de servicio; pero eso no exime al Estado de garantizarle salarios competitivos e infraestructuras dignas donde puedan desempeñar sus funciones y brindar mejor atención a la ciudadanía. En ese sentido, el reclamo de la asociación de fiscales es justo y debe ser atendido con presteza, más allá del salario.
Señaló más allá del salario y las compensaciones económicas que los fiscales pueden recibir porque para tener un sistema de justicia independiente sólido se necesita que sus operadores también realicen su labor desde lugares con condiciones dignas, espacios seguros y que permitan una gestión eficiente de los servicios.
Las condiciones de muchas procuradurías fiscales en el país son muy pobres, teniendo que los fiscales y el personal administrativo que trabajar básicamente uno encima del otro, lo que se refleja en el servicio a la ciudadanía, así como en los tiempos de respuesta a los problemas que diariamente enfrentan los miembros del Ministerio Público.
Lo anterior también se aplica para el Poder Judicial y sus tribunales, muchos de los cuales no cuenta con una infraestructura digna para los servidores judiciales y mucho menos para los usuarios, quienes a veces conocen audiencias hasta de pie por la falta de espacio en los salones.
Desde hace unos cuatro años se ha venido hablando de la “justicia independiente”, la cual no solo conlleva el carácter moral y ético del ejercicio de las funciones de parte de los miembros del Ministerio Público y el Poder Judicial; sino que necesariamente tiene que ser acompañado con una mayor asignación presupuestaria igual o cercana a lo que establece la ley núm. 194-04, sobre la autonomía presupuestaria y administrativa de la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial.
El fortalecimiento del sistema de justica y su independencia parte del compromiso de asignación de los fondos suficientes para que el Poder Judicial y el Ministerio Público puedan mejorar los salarios de sus miembros, ampliar el número de fiscales y jueces para agilizar los tiempos de respuesta, invertir en la renovación de los espacios que actualmente ocupan e incluso construir nuevas edificaciones que permitan garantizar el derecho de acceso a la justicia.
Pero, además, los casos complejos de corrupción administrativa, narcotráfico y crimen organizado requieren no solo de fiscales y jueces actualizados y preparados en la materia, sino también de recursos técnicos, mobiliarios e infraestructura adecuada para la profundización de las investigaciones.
No habrá justicia independiente ni mucho menos tendremos un Estado de Derecho sólido, mientras no se asignen los recursos presupuestarios necesarios al Poder Judicial y al Ministerio Público. Todo lo demás es performativo.