El planteamiento de que en el abordaje de la reforma fiscal "la única opción viable es aumentar los impuestos o reducir las erogaciones del Gobierno" es un reduccionismo que no refleja la complejidad ni los retos estructurales que enfrenta la economía dominicana.
Ese enfoque pasa por alto problemas estructurales que deben ser considerados para lograr una verdadera reforma fiscal integral. Es fundamental evitar que la carga recaiga injustamente sobre los sectores más vulnerables, como las personas en situación de pobreza y ciertos segmentos de la clase media, quienes ya soportan gran parte de la actual estructura tributaria, que es regresiva. Una reforma que no atienda estas desigualdades perpetuaría las injusticias del sistema y no contribuiría a un crecimiento equitativo y sostenible.
En efecto, uno de los principales desafíos que este enfoque omite es que el sistema tributario dominicano es altamente regresivo. Datos oficiales muestran que la regresividad del sistema alcanzó un alarmante 72% en 2023. Esto significa que los sectores de menores ingresos, que en una proporción significativa sobreviven con menos de RD$35,000 mensuales, soportan la mayor carga fiscal, mientras que los sectores de mayores ingresos disfrutan de mayores exenciones y facilidades fiscales.
Es importante destacar que un incremento en los impuestos que pueden ser transferidos a consumidores finales, sin una reforma que corrija la regresividad tributaria, aumentaría las desigualdades existentes, afectando desproporcionadamente a los pobres y la clase media.
Por ello es preocupante que se sugiera aumentar impuestos indirectos y, al mismo tiempo, se plantee que sólo un 30% de los pobres afectados por dichos aumentos deberían ser compensados. Esto evidencia que los defensores de estas reformas fiscales regresivas son conscientes de que las cargas recaerían mayormente sobre los sectores más vulnerables, mientras que las élites económicas seguirían relativamente intactas.
Además, el incumplimiento fiscal promedio en las tres principales figuras impositivas en el país es alarmante, alcanzando un 52% en 2017. En efecto, un estudio oficial publicado de ese mismo año reveló que el incumplimiento del Impuesto sobre la Renta llegó al 61%, y el del ITBIS (IVA) al 43%. Esto evidencia que, antes de hablar de aumentar impuestos indirectos, se debe fortalecer la administración tributaria para reducir el incumplimiento y mejorar la recaudación efectiva, algo que las autoridades han evitado abordar durante décadas.
Es ampliamente conocido que alrededor del 56% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad (2023), con ingresos por debajo de la remuneración promedio nacional. Es también preocupante que el 45% (2023) de los trabajadores asalariados en el sector formal estén contratados bajo la modalidad de empleo informal, lo que perjudica tanto a los trabajadores como al fisco, afectando incluso la recaudación de la Seguridad Social. Esto refleja una precarización laboral que afecta no solo la calidad de vida de los empleados, sino también la capacidad del Estado para captar recursos fiscales de manera justa y eficiente.
En atención a lo antes expuesto, resulta crucial que cualquier reforma fiscal a implementar esté estrechamente vinculada con una reforma laboral que contemple esas distorsiones en la estructura de los asalariados. En el corto plazo, sería fundamental hacer cumplir las leyes vigentes en el sector formal, exigiendo a las empresas que incorporen a los trabajadores informales a la nómina formal. No obstante, a mediano y largo plazo, una reforma fiscal integral que aborde la evasión y las distorsiones estructurales es imprescindible para garantizar un sistema más equitativo y sostenible.
Ante este panorama, la solución no puede ser simplemente aumentar los impuestos ni reducir el gasto. Es imperativo abordar cuestiones como la evasión fiscal, la informalidad laboral y la estructura regresiva del sistema impositivo, así como frenar la transferencia indiscriminada de recursos vía gasto tributario a empresas por décadas. Asimismo, es necesario iniciar gestiones serias para ampliar la base impositiva en la propiedad inmobiliaria, actualmente muy estrecha, siendo este un tributo que podría contribuir significativamente a la recaudación sin afectar a las clases más vulnerables. Este impuesto, si se implementa correctamente, podría mejorar la equidad del sistema tributario parecida afectación positiva puede esperar con una real y efectiva mejora en la calidad del gasto..
Las autoridades públicas también deben cumplir con su Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que exige aumentar la presión tributaria hasta el 24.5% del PIB mediante una senda que incluye metas de corto, mediano y largo plazo. Estos incrementos deberían preferiblemente alcanzarse mediante una ampliación de la base tributaria, enfocada principalmente en impuestos directos y en combatir la evasión. De este modo, se evitaría que la carga adicional recaiga sobre los sectores más vulnerables y se avanzaría hacia un sistema más equitativo.
Por consiguiente, una reforma fiscal integral precisa, más que aumentar las tasas de impuestos indirectos y ampliar la base tributaria de los mismos, propiciar la reducción de la regresividad del sistema fiscal en sus dos vertientes de ingresos y gastos. También debería ampliarse la base tributaria vinculada a impuestos directos, combatir la evasión fiscal mediante una fiscalización más rigurosa, aumentar la eficiencia recaudatoria, eliminar el gasto tributario festivo a las élites empresariales y promover la equidad.
Si no se abordan estas cuestiones estructurales, cualquier incremento de impuestos recaerá desproporcionadamente sobre los más pobres y los segmentos vulnerables de la clase media, perpetuando las desigualdades en la sociedad dominicana.