Louis es un ciudadano europeo que por muchos años sirvió como policía en su país. Al encontrarse en la actualidad retirado de sus funciones laborales debido a sus valiosos años de trabajo y servicio, dispone su tiempo libre para disfrutar viajando y conociendo países que, antes, por falta de tiempo y compromisos laborales, no podía hacer.
República Dominicana es uno de sus países de la lista a conocer. Louis vino por primera vez al país en el 2022 y de inmediato quedó enamorado de nuestra hermosa tierra y sus playas. Tanto, que hizo gestiones para comprar una vivienda y tener donde quedarse al venir al país, ya que advirtió que era un lugar al cual vendría de manera concurrente por su encanto y calidez de la gente.
Así conoció a Marisela, la asesora inmobiliaria que le mostró viviendas hasta finalmente obtener la suya. Entablaron una amistad, y con el tiempo, en sus visitas al país, uno que otro encuentro íntimo. En la última ocasión en la que Louis estuvo en la República Dominicana, ella se ofreció para cuidar y limpiar la vivienda que él había comprado ya que permanece mucho tiempo cerrada, a lo que Louis aceptó y entregó, en confianza, las llaves de su casa. Craso error.
Tan pronto Louis se marchó a su país, Marisela se instaló en la referida casa. Transcurrieron 7 meses para Louis retornar y darse cuenta de la mudanza que había hecho su amiga en su casa; le pidió que la desocupara y hasta se prestó a ayudarla a buscar una vivienda para ella, pero lo que no podía era continuar viviéndola en forma permanente como estaba haciendo. Esa petición se convirtió en insistente de parte de Louis al ver que Marisela no hacía ni el más mínimo esfuerzo en desocuparla, y esto la molestó.
Así que Marisela se presentó a la fiscalía de violencia de género e interpuso una denuncia en contra de su amigo Louis, indicando que éste era su pareja y ahora la quería sacar de la casa. El fiscal a cargo, sin estudiar el caso (para ver si hay) y siguiendo de manera mecánica el protocolo diseñado por la Procuraduría General de la República para este tipo de casos, emitió una orden de protección para Marisela, prohibiendo al señor Louis acercarse a ella. Pero resulta que Marisela está ocupando la casa de Louis, lugar donde él también se encuentra ya que es su vivienda donde permanecer al visitar el país, así que cuando la fiscalía emite dicha orden lo llama de inmediato y le informa que debe salir de la casa.
Louis no entiende nada de lo que está sucediendo y menos aun cuando la fiscalía le explica que, para cumplimiento de la orden de protección, no puede permanecer en la casa, o sea, en su casa. ¡Qué barbaridad! Louis no es pareja de Marisela, no se han casado, no tienen hijos, no viven ni siquiera juntos porque él no reside en el país, y aun así, fiscalía emiten una orden de protección para ella alejándolo a él de su propia casa, cuando debería ser ella la que salga.
Louis compró esa vivienda pagando el 70% del valor del precio con sus ahorros y el resto financiado mediante préstamo hipotecario; lo hizo para tener en este país la oportunidad de disfrutar una estadía más placentera en un espacio propio, decorado y amueblado a su gusto, para su comodidad, para su privacidad, y ahora debe estar alojado en un hotel por la orden que de manera injusta se emitió en su perjuicio…
Al presentarse ante el fiscal con todas las evidencias que demuestran su derecho de propiedad y las múltiples entradas y salidas al país que demuestran que no reside aquí (por lo que no hay unión libre ni concubinato ni nada), el fiscal le dio la razón a Louis y le informó que, en efecto, en la denuncia presentada por Marisela no se evidencia ningún caso que amerite llevarlo al tribunal, y por tanto, no hará nada en ese caso. El fiscal le explicó que en casos así lo que procede es emitir la orden de protección por cumplimiento del protocolo de la procuraduría, tal cual hizo, pero que ahora, luego de estudiar y entender su caso, le apena y lamenta mucho su situación y la decisión tomada; le sugirió que incoe acciones legales de desalojo para hacer valer su derecho y recuperar su propiedad. ¡Uff!
Ahora le toca a Louis, quien ya está impedido de disfrutar su hogar que compró, de tener una estadía tranquila, en paz y armoniosa en su vivienda mientras disfruta sus vacaciones en el país, incurrir en gastos legales para recuperarla. Louis está tan desconcertado… sólo atina a decir que sus años de experiencia en la policía de su país nunca vio casos en que una persona denunciada, ya de entrada, era culpable. Su frustración se refleja en su mirada, en cada palabra que emite, en la impotencia que le invade.
La violación al derecho de propiedad en este país es un problema grave. Desalojar invasores, desalojar inquilinos es todo un proceso largo y tedioso; en el caso narrado, se adiciona el ingrediente de un supuesto caso ante la fiscalía de violencia de género que automáticamente provocó la emisión de una protección a favor de quien ocupa ilegalmente la casa. Yo puedo entender lo delicado que es tan sólo mencionar un caso ante la fiscalía de violencia de género, pero no todos los casos son iguales, cada caso debe estudiarse por separado, analizarse con lupa, porque evidentemente que en todos los casos no se puede actuar de la misma manera, siempre serán diferentes y éste es un ejemplo.
Atónito, sin entender la decisión que ha sido tomada en su perjuicio y que la misma autoridad que la puso le diga que incoe una acción legal para recuperar su vivienda, le deja aún más perplejo.
Louis, sé paciente; trabajamos para lograr un sistema de justicia fortalecido y garantista, pero aun nos falta mucho; tu caso servirá de ejemplo para que atropellos como este se detengan y se proceda a actuar en protección de los derechos, de todos y todas.
Sonia Hernández es abogada penalista con más de 20 años de experiencia en su ejercicio profesional, socia del despacho legal Global District Law y consultora experta en violencia de género y trata de personas. Fue procuradora fiscal de la provincia Santo Domingo; tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.