El rechazo que generó entre el estudiantado la imposición de un gobierno de facto en sustitución al de Bosch, condujo a una radicalización política del estudiantado universitario, favoreciendo al grupo marxista-leninista que alcanzó todos los cargos de la representación estudiantil en la universidad. De inmediato se desataron actos violentos contra los alumnos, llegando al extremo de prohibirles el libre acceso a los recintos del sindicato e incluso amenazarlos de muerte a causa de la “Operación Segueta”.

La situación que llegó a degenerarse debido a una respuesta estudiantil caracterizada por actos de violencia física, a través del “Plan Cayetano”, que engendró acciones viles contra algunas de las autoridades de la universidad: se había instaurado la Ley del Talión. Durante este lapso de luchas, nada se hizo por cambiar o repensar las viejas estructuras académicas y administrativas de la universidad. Las disputas internas estaban caldeadas por las gestas de reivindicación del poder nacional por parte de la clase obrera y estudiantil (Rodríguez González, 142).

Se produjeron prolongadas suspensiones de clases, huelgas de hambre, protestas callejeras, expulsión de estudiantes y enfrentamiento de los estudiantes y la policía. Entre estos se encuentran los ocurridos el 27 de febrero, 17 de marzo y 12 de junio de 1964. Este último condujo a que se decretara la suspensión del fuero universitario y la (UASD) fuera ocupada por medios militares.

El Triunvirato, en nombre de la República, derogó el artículo 2 de la Ley No. 5778 del 31 de diciembre de 1961. En consecuencia, las autoridades pudieron penetrar en los terrenos y edificaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y someter a los estudiantes a las leyes del derecho común. En la disposición legal se recogió:

“Que la misión esencial de la Universidad es preparar la juventud a fin de ponerla en condiciones de adquirir los bienes de la cultura, la ciencia y la técnica, mediante el estudio y la investigación perseverantes, bajo la guía de su personal docente;   Considerando que el privilegio del fuero académico no se ha otorgado para que la Universidad Autónoma de Santo Domingo se convierta en reducto inaccesible donde se asilen, inalcanzables a las sanciones legales, los perturbadores del orden público, que muchas veces ni siquiera pertenecen a la familia universitaria; Considerando que es atributo sustantivo del Estado preservar la paz social, sin la cual no hay posibilidades del mantenimiento del orden público y la tranquilidad de la ciudadanía.” (Ley No. 292. Derogación de la autonomía universitaria).

En reacción a esta medida se celebraron varias acciones de protesta por el estudiantado universitario dominicano. El 28 de junio, por ejemplo, el Grupo Fragua celebró un mitin relámpago “Pro-Reinstauración del Fuero Universitario” en el Altar de la Patria. Contó con la presencia de más de medio centenar de universitarios quienes portaban cartelones y volantes y coreando lemas de “¡Fuero sí, dictadura no!” Uno de los volantes repartidos pidió: “La vigencia plena de la Ley de la Autonomía Universitaria, la libertad para todos los detenidos políticos y el cese de las persecuciones sobre estudiantes y demócratas.” Asimismo, la “… indemnización de los daños materiales que la barbarie policial provocó a los bienes de la Universidad de Santo Domingo.” El volante estaba firmado por el propio Grupo Fragua, en cuyo cierre resaltó el lema: “Lucharemos y Venceremos”.

Entre las cuestiones que provocaron un agudo conflicto de los estudiantes universitarios con el apoyo de los liceos públicos, parte del profesorado y las autoridades del Consejo Universitario, estuvo lo relacionado con la aplicación de un examen de admisión. Los enfrentamientos condujeron a la expulsión de un nutrido grupo de estudiantes, sobre todo dirigentes de la Federación  de Estudiantes Dominicanos (FED), incluyendo a su líder Amín Abel Hasbún[1]. En la resolución dictada por el Consejo se responsabilizó a los sancionados, por: “…impedir la aplicación del examen de admisión establecido y publicado el 29 de diciembre del año 1964, mediante actos violentos a las 2:00 pm, con agresiones físicas, insultos y vejámenes a profesores y padres de los examinados, usos de palos, piedras y obstrucción de los accesos a los edificios”.

Según reseñó el periódico Listín Diario (Mármol, Víctor), 18 miembros de la (FED), todos pertenecientes al Grupo Fragua fueron expulsados definitivamente de la (UASD). “La medida fue adoptada por el Consejo Universitario y alcanza además a otros dos miembros de Fragua que no eran directivos de la (FED). En su resolución, el Consejo Universitario acusa a los estudiantes expulsados de impedir, mediante la violencia, la celebración del examen de admisión para el ingreso al Centro Universitarios de Estudios Generales (CUEG)”.

La aplicación de los exámenes de admisión fue aprobada por el Consejo Universitario. Al respecto, el periódico Listín Diario del 9 de marzo de 1965 informó que el examen había sido admitido por el máximo órgano de la (UASD) y que 1450 bachilleres ya habían solicitado presentarse al mismo. Según las resoluciones emitidas, debían examinarse más del 80% de los bachilleres. A los estudiantes que no aprobasen se les impartiría un curso intensivo de seis a ocho semanas y nuevamente podrían hacer el examen. Si reprobaran por segunda ocasión, entonces se les matriculará en otro curso de seis a ocho meses y su ingreso se produciría al año próximo (Listín Diario, Suspenden labores en la universidad. 9 de marzo de 1965, Pág. 6.).

Sin embargo, este paso no representó una disminución de las tensiones y enfrentamientos entre los estudiantes, sus organizaciones y representantes contra los poderes institucionales y gubernamentales. Este proceso fue truncado por los violentos sucesos que comenzaron en abril de 1965, cuando el país se abocó a una guerra civil que terminaría tras la intervención norteamericana y la celebración de nuevas elecciones.

En este lapso, parte de los estudiantes y del profesorado universitario se sumaron al sector constitucionalista que exigió el retorno al orden constitucional establecido en el país, bajo la presidencia de Juan Bosch. Los predios universitarios fueron ocupados por los interventores norteamericanos, mientras las autoridades universitarias trataban de mantenerse en una posición neutral y propiciar el retorno a las clases. Sin embargo, la situación tomó otros derroteros cuando más de un centenar de profesores, empleados y estudiantes de la (UASD) decidieron conformar un Consejo Provisional Universitario (CPU), un acto que pretendía desconocer al Consejo Universitario Institucional (CUI) que regía la universidad.

La rivalidad entre ambas instancias directivas, aunque aparentemente se circunscribió al plano universitario, formó parte del profundo enfrentamiento que ocurrió entre las fuerzas nacionalistas y los interventores norteamericanos y luego frente al gobierno de Héctor García Godoy. Los enfrentamientos políticos y militares ocurrido en la etapa y la lucha entre ambos Consejos, que incluso llegó a dirimirse en los tribunales, provocaron la suspensión de los pagos a la (UASD) y la prolongada interrupción de las clases, entre otras consecuencias (Franco Pichardo, 291)[2].  En opinión de Jacobo Moquete de la Rosa:

En la segunda ocupación militar en el año 1965, la presencia de los universitarios en el sector constitucionalista-patriótico fue masiva y significativa en la lucha por la restauración de la independencia nacional. Esto se observa en la composición del gobierno del presidente Caamaño, del que precisamente, formaron parte los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que como parte de la comunidad educativa del sector conocido como Ciudad Nueva en la que estaban dirigentes profesorales, estudiantiles y de personal administrativo, idearon, planificaron y ejecutaron el Movimiento Renovador Universitario. Todo esto contribuyó al desarrollo de la identidad nacional. Un ejemplo de este papel se puede observar en la reseña que hago del nuevo movimiento historiográfico que se desarrolló en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) como fruto, precisamente, de las ideas y prácticas revolucionarias y nacionalistas que caracterizaron en gran medida al Movimiento Renovador Universitario (Rodríguez González, 129).

Uno de los hechos más notorios de la activa participación estudiantil en las luchas universitarias y de la represión con que fueron atacados por el gobierno, ocurrió el 9 de febrero de 1966 luego de haberse reanudado las clases en la (UASD). Los estudiantes, para manifestar su oposición al impago del gobierno al centro de estudios, marcharon desde la universidad hasta el Palacio Nacional, mientras una comisión que los representaba intentó dialogar con el presidente. Sin embargo, a pesar del diálogo sostenido con el ministro de la Presidencia y de la actitud pacífica de los manifestantes, la policía arremetió en su contra, provocando considerables daños a los jóvenes, incluyendo la muerte de tres estudiantes y heridas a más de cuarenta (El Caribe. Portada. Disturbios dejan saldo de 7 muertos y 30 heridos. 10 de febrero de 1966).

Varios días después se realizó el sepelio de Altagracia Amelia Ricart Calventi, estudiante del liceo Salomé Ureña de Santo Domingo, que había sido herida de gravedad durante los enfrentamientos en el Palacio Nacional. La marcha de la ceremonia luctuosa se vio interrumpida abruptamente por disparos realizados por desconocidos. Imágenes publicadas por la revista ¡Ahora! muestran el pánico producido entre los presentes, su salida atropellada del camposanto y la airada reacción de los soldados de la FIP quienes detuvieron y registraron a varios transeúntes (Molina Morrillo. Revista ¡Ahora! Pág. 8-19).

En el cierre de esta compleja etapa, la celebración de elecciones permitió el retorno al poder de Joaquín Balaguer, lo que abrió un nuevo capítulo en la historia nacional dominicana.

Desde el punto de vista institucional, es importante resaltar la fundación de dos nuevas instituciones universitarias, la Universidad Católica Madre y Maestra (UCMM actual PUCMM) en septiembre de 1962 y la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña (UNPHU) en marzo de 1965. Sobre la fundación de la UCMM, refiere Rodríguez González:

Esta nueva forma de hacer universidad crea un precedente en la historia universitaria dominicana, ya que gracias a esta apertura social se amplía la oferta a otro sector del país y, sobre todo, a una concepción de universidad asociada a fundamentos, perspectivas y finalidades muy diferentes a la ahora “vieja” universidad de Santo Domingo. Esta “nueva” universidad “tiene el privilegio de ser la primera universidad privada de la República Dominicana, rompiendo la tradición de los cuatrocientos años de la (UASD), y abriendo un espacio para el desarrollo de la muchas veces importante región del Cibao”. Claro está que la esencia de esta nueva institución nace y se orienta por los valores católicos que la inspiran desde sus inicios, ya que fue estimulada no sólo por el obispo de la diócesis de Santiago, Mons. Hugo Eduardo Polanco Brito, su primer rector, sino que contó con el amplio respaldo de la conferencia del Episcopado Dominicano y por la sociedad de aquel entonces (Rodríguez González, 147).

Los estudiantes de estas noveles instituciones no tendrían un papel protagónico en los acontecimientos ocurridos entre 1966 y el fin de la década, aunque también darían muestras de compromiso social. Los alumnos de la (UASD), en cambio, se mantendrían en el centro del accionar estudiantil del país, aupados por un profundo proceso de reforma institucional denominado Movimiento Renovador Universitario (MRU) y a tono con las complejas circunstancias internacionales y regionales que caracterizaron este segundo lustro de los 60s.

[1] Amín Abel Hasbún (1942-1970). Uno de los más importantes líderes estudiantiles de la década del 60 en República Dominicana. Participó activamente en la oposición a Trujillo y luego en las intensas luchas estudiantiles de la década. Ocupó altas responsabilidades en el movimiento estudiantil universitario. Fue asesinado durante el gobierno de Balaguer, el 24 de septiembre de 1970.

[2] Una expresión de la inestabilidad institucional en el interior de la UASD se encuentra en la cantidad de personas que ejercieron el cargo de rector entre 1961 y 1965. Según los datos ofrecidos por el investigador, la UASD contó con 7 rectores algunos de los que ejercieron su cargo por alrededor de 30 días; el período más extenso es de 1 año y siete meses.