En 2014, con el mayor consenso democrático y el respaldo de todos los sectores de la nación, el país logró un hito al firmar un pacto histórico por la educación, que tenía como precedente la asignación del 4 % del PIB para el sector, en el que todos hemos coincidido que es una prioridad nacional.
Este acuerdo, entregado al Consejo Económico y Social (CES) para su veeduría, estableció las bases para transformar nuestro sistema educativo, uniendo a diversos sectores políticos, empresariales y sociales en un compromiso común: mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana, con la meta de crear un sistema inclusivo, equitativo y de calidad, en consonancia con el mandato Constitucional establecido en el artículo 63. Para evaluar el avance y cumplimiento del mismo, se fijaron indicadores claros en áreas claves como la calidad educativa, la cobertura, la infraestructura y la formación docente.
Hoy, diez años después, el gobierno ha externado un nuevo llamado, esta vez bajo el título de un “Pacto por la Calidad Educativa”, que igualmente sería coordinado por el CES. Y si bien todos estamos convencidos en la necesidad de mejorar la calidad de la educación dominicana, las reflexiones al día de hoy giran en torno a cuáles son, o deben ser, los mecanismos a implementar para lograr tan aclamada transformación, que permita que nuestros egresados de las aulas adquieran las competencias y habilidades para hacer frente a los desafíos de la vida cotidiana y profesional, como plantea la UNESCO, en un mundo globalizado en el que la demanda por talentos con mentalidad innovadora, pensamiento crítico y competencias socioemocionales, deben ser parte de cualquier estrategia de educación nacional.
Un Balance del Pacto de 2014
Desde la firma del pacto en 2014 hasta el 2020, se evidenciaron avances significativos en varios indicadores educativos. Por ejemplo, los estudiantes en Jornada Escolar Extendida pasaron de 8,969 estudiantes a 1,335,494 estudiantes en este modelo, que llegó a representar el 72% de la matrícula escolar. Sin contar con la cantidad de planteles que pasaron de 4,545 a más de 7,000 con la incorporación de 21,014 nuevas aulas para satisfacer las necesidades del sistema y ampliar la cobertura escolar. Además, se llevaron a cabo esfuerzos notables en la capacitación docente, con el programa de Docentes de Excelencia, el programa de Formación Continua Centrado en la Escuela y la ampliación de la inversión en la formación continua y de posgrado para docentes preuniversitarios.
En materia de cobertura de la primera infancia se mostró un avance en la atención a los infantes que solo beneficiaba 8,168 niños de 0 a 4 años y en 2020, a través de los programas del Instituto Nacional de Apoyo a la Primera Infancia (INAIPI) alcanzaba a 194,482 niños. Y a su vez se redujo el porcentaje de estudiantes que abandonaron las aulas y la reprobación al 2020. Sin hablar del avance en materia de alfabetización y en el ámbito institucional que representó el fortalecimiento de los concursos para el ingreso a la carrera docente y el desarrollo de procesos competitivos para el acenso dentro de la carrera, tal y como ordena el pacto educativo.
A su vez, dando cumplimiento al compromiso 5.2.1 del Pacto Educativo que establece la obligatoriedad al acceso a las posiciones docentes de todo nivel a través de concurso, en el periodo 2014-2020 se llevaron a cabo varios procesos importantes: la universalización del concurso de oposición para el ingreso a la carrera docente, el robustecimiento de los procesos de concurso y selección, elevando la calidad de la evaluación con pruebas predictivas de competencias y el aseguramiento de veeduría social eficaz en cada tramo con la inclusión de decenas de organizaciones sociales y educativas que daban su visto bueno a la elaboración de las pruebas y la definición de normativas para regular el acceso a posiciones directivas dentro del sistema educativo a través de un sistema competitivo, que permitiera la participación equitativa y transparente de todos los docentes del sistema, la escogencia de autoridades regionales y distritales mediante un proceso competitivo, de concurso abierto y transparente con la participación y veeduría de todos los actores vinculados al sistema.
Con la llegada de la pandemia se marcó un punto de inflexión, junto con el inicio del nuevo Gobierno, donde se evidenció un estancamiento en varios renglones del sistema, y en algunos casos, un retroceso de los indicadores educativos.
La educación que había mostrado signos de mejoría, comenzó a debilitarse.
¿Como han actuado las actuales autoridades frente al pacto educativo que hoy existe y la situación del sistema?
En 2020 el Consejo Nacional de Educación, derogó mediante ordenanza la normativa que ponía en ejecución el concurso de oposición para acceder a las funciones de Director de Distrito o Director Regional. Tras esa decisión se regresó al ministro de turno el poder para la designación directa de los funcionarios territoriales sin ningún criterio mayor que el de su voluntad personal o la del partido político en el poder. En ese mismo año fueron destituidos los 140 funcionarios (122 directores de distrito y 18 directores regionales) que habían sido seleccionados por concurso y en su lugar fueron designados mediante ordenanzas, personal sin pasar por el procedimiento establecido para mostrar las competencias necesarias para llevar a cabo tan importante función.
A su vez, fueron modificados los criterios de rigurosidad para los concursos que aseguraban el ingreso de los mejores docentes al sistema, al eliminarse las evaluaciones predictivas de competencias y asignándose el mayor puntaje de la evaluación a la entrevista final. Y en el 2021, 16 de las 20 organizaciones que formaban parte de la Comisión Nacional de Observadores del Concurso de Oposición Docente, anunciaron su renuncia por falta de transparencia en el MINERD, dejando que los concursos realizados resultaran ilegítimos socialmente.
Desde el 2022 a la fecha se han desarrollado 4 concursos bajo la modalidad de
“concursos focalizados” con una mínima veeduría social y con niveles de transparencia cada vez más limitados, ingresando 41 mil nuevos docentes sin que se evidencien más servicios o aulas que requieran un incremento de cerca del 50 % de la nómina. Y los compromisos 3.1.4 y 4.2.5 que hablan de la necesidad de la construcción del número de aulas que permitan la universalización de la Jornada Escolar Extendida y la adecuación de la infraestructura existentes, no se han construido ni 3 mil aulas en 4 años y se ha mostrado incapacidad para terminar las más de 8 mil que encontraron avanzadas. Sumado a ello, se ha incluido un bono estudiantil de RD$1,000.00 por estudiante, sin que esté asociado a logros académicos, a permanencia en el sistema, cuando los indicadores muestran un incremento de la repitencia y la tasa de abandono en relación al año escolar 2019-2020.
¿Puede el gobierno que no ha dado cumplimiento al pacto vigente hablar de un nuevo pacto?¿Se puede lograr calidad educativa con decisiones de ese tipo?¿Hace falta un nuevo pacto para que quede en letra muerta? ¿Qué podemos decir de la calidad docente que es fundamental para lograr estos objetivos? ¿Cuáles son las herramientas y estrategias implementadas para lograrlo?
Es innegable que la mejora de la calidad educativa es una meta loable y absolutamente necesaria para el desarrollo de nuestra nación. Sin embargo, más que la firma de un nuevo pacto, lo que hace falta es un plan gubernamental sólido y una gestión efectiva que garantice su implementación, con un uso adecuado de los recursos que asignan para estos fines. La calidad educativa no se asegura con la creación de más compromisos en papel, sino con la ejecución eficiente de los que ya existen.
El país espera resultados concretos, medibles y sostenibles en el tiempo. Y que los compromisos asumidos se traduzcan en acciones palpables que beneficien a cada estudiante dominicano y se les dé continuidad a las políticas de Estado.
Es hora de transformar los anhelos en realidades y construir el sistema educativo que nuestras futuras generaciones merecen.