La deuda gubernamental se conoce al detalle para los acreedores que son organismos multilaterales, agencias de desarrollo de potencias extranjeras y bancos. Por nombres los dos primeros y por residencia el de los segundos, que ya son menos porque hace tiempo la emisión de bonos es el principal instrumento del plan de financiamiento del presupuesto.
De los bonos se sabe con retraso de un día el monto exacto de la cantidad en circulación con sus características individuales de plazo, cupón y rendimiento. Mensualmente también una descripción del tipo por residencia del tenedor de los valores públicos que se pagan con la exactitud de un reloj atómico.
Todo eso se consigue en el portal del Ministerio de Hacienda que tiene el enlace al de la Dirección General de Crédito Público. En éste, sin embargo, no encontrará absolutamente nada de lo que tiene que ver con las deudas por expropiaciones de tierra o de otra naturaleza distinta a los contratos de préstamos o de emisiones de valores.
Esas son deudas también del gobierno, pero es imposible que estén puerta con puerta acreencias que hay que pagar exactamente como dicen las tablas de amortización con otras donde lo que prima es un limbo.
En realidad así estuvo operando por años, hasta que un funcionario explicó que en medio de una reunión con la calificadora de riesgo, que pone la nota de las posibilidades de pagar a tiempo los compromisos por la emisión de bonos soberanos, se escuchó de la oficina de al lado el trueno y puñetazo en escritorio “¿Cuándo coñ*zo es que van a pagar la tierra? ¿El día que se mueran los dueños y la mitad de los herederos?”
Desde entonces se separaron las funciones a una unidad especial que despacha directamente con el ministro para administrar casos que ya nadie conoce cuántos están en litis judicial, en qué estado se encuentran y cuántos han recibido sentencia definitiva que obligan al pago hasta con mora por no ejecución.
Y sí, la situación provoca que personas mayores terminen en un lecho con poca esperanza de recibir el precio justo por tierras de las que fueron despojados por el gobierno. O que fallezcan, como ocurrió recientemente con el caso de una señora lo esperaba por un caso con las tierras donde opera el Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Ese deplorable evento es probable que motive a las calificadoras de riesgo a exigir que le expliquen mejor la situación para conocer la magnitud de las contingencias a las que se enfrentan las finanzas públicas.
Por un gobierno que expropia para fines de ejecutar obras públicas no tienen que levantar bandera roja, eso también existe en la mayoría de los países que analizan y, por supuesto, también en sus países de residencia.
Lo que sí es probable que les recuerde el popular gif de Chávez “¡EXPRÓPIESE!” es ver cómo se logra el mismo resultado de despojar sin compensación cuando se participa activamente en provocar que los juicios sean interminables en todas las etapas, incluyendo las demoras donde ya judicialmente se está obligado al pago con astreinte.
Otro caso que les llamara la atención es notar que el Estado ha traspasado propiedades en litis que requiere una empresa de inversión extranjera para sus operaciones, una situación de información relevante que obligatoriamente deben conocer los accionistas de toda empresa cotiza en bolsa y que, obviamente, buscarán para ver si se trata de uno de sus clientes (ya que las grandes calificadoras tienen presencia mundial). Así se anda o, mejor dicho, se surcan los cielos.
Este uso y costumbre de ser bipolar con la propiedad de las tierras debe terminar. Más de medio siglo llevamos con gobiernos democráticos entregando títulos de propiedad a campesinos en tierras públicas al mismo tiempo que expropian con precios no dejan otra que ir a litis judicial donde en el proceso esperan que se depositen actas de defunción de propietarios, hijos, nietos y biznietos.
También hay que buscar forma de terminar con el limbo de familias con sus viviendas construidas sobre terrenos de terceros que tienen pruebas incontrovertibles de su propiedad. Estos aspiran también a una solución de justo precio para entregar los títulos de una expropiación, en este caso privada, que permitió el gobierno no otorgó la protección a un derecho natural citado en la Constitución.
El fracaso preventivo en evitar las invasiones con seguridad pública, de hacerlo por su cuenta en caso de que estas ocurran y negar a los propietarios la fuerza pública para desalojos ha sido el incentivo a la formación de bandas organizadas para los despojos o expropiaciones chavistas por particulares. Macondiano verlos con camisetas de Mamá Tingo vendiendo en efectivo subdivisiones de terrenos ajenos donde la condición es poner cualquier cosa asemeje una vivienda y amanezca alguien para evitar que se venda dos veces.
Hay que parar eso al mismo tiempo que se va dando información oportuna y veraz de los casos judiciales de justo precio, se agilizan los procesos, se demuestra decisión en resolver los pagos y se catalizan acuerdos favorables entre propietarios y ocupantes en casos de expropiaciones realizadas por particulares.