Si algo estaba claro en el ámbito dominicano era que tarde o temprano en la Penitenciaria de “La Victoria” se produciría una tragedia por el excesivo cúmulo de prisioneros que alberga. Un presidio que tiene 7 décadas de construido con una capacidad original para 800 presos, acoge entre 7 y 9 mil privados de libertad. Por lo tanto, todos sabíamos que en cualquier momento llegaría la desventura, como un terremoto que irrumpe de repente sembrando la muerte y la desolación.
Se ha presentado la hecatombe, llenando de aflicción a un grupo de familias en su mayoría de escasos recursos que perdieron sus familiares de una manera inicua, a guisa de condenados a muerte en la hoguera como en los ingratos tiempos de la inquisición. También el tormento de otras familias sin capacidad de cabildear el traslado de sus parientes a cárceles “menos riesgosas”. Añadiendo la incertidumbre de los presos que todavía permanecen en ese descalabrado presidio, escepticismo también extensivo a sus familiares.
Las autoridades han definido el caso como rutinario, con la excepción del ministro de Interior y Policía quien deploró el suceso, y admitió que las víctimas «eran seres humanos independientemente de lo que hubieran hecho».
Lo grave es que posiblemente lo peor no ha llegado. La bomba de tiempo llamada “La Victoria” debe ser desactivada, de lo contrario puede explosionar con ondas expansivas de gran intensidad como puede ser un motín, que arroje un saldo más catastrófico.
Insistir en mantener en funciones ese antro de muertos vivos, so pretexto de dificultades administrativas, es injustificado. Con más razón cuando permanece ocioso un enorme elefante blanco denominado presidio de Las Parras, con múltiples defectos, pero más amplio que ”La Victoria”. Aunque se trate de un cuerpo de delito, es lo más inmediato que contamos para evitar una desgracia mayor.
Entre las medidas “preventivas” adoptadas ante la desdicha de “La Victoria”, se ha anunciado la presencia permanente en el lugar de un camión de bomberos “listo para actuar”. Como parte esencial de esa sátira recomendamos se debe ubicar una ambulancia del Inacif para identificar de inmediato a los futuros carbonizados, cuando se presente otra fatalidad.
Se ha decidido trasladar presos principalmente de las áreas destruidas por el siniestro a otros recintos penitenciarios, están promoviendo metástasis de esta patología social, sobrecargando cárceles del interior y convirtiéndolas en potenciales centros afectados de dilemas semejantes. Con el agravante que muchos familiares no podrán visitar sus parientes prisioneros, por la inversión económica que deben realizar para trasladarse desde Santo Domingo a los distantes presidios de Elías Pina, La Vega, Higüey, San Francisco de Macorís y La Romana.
El nuevo fracaso denominado cárcel de Las Parras, ha sido sometido a fuertes críticas y nadie ha salido a defender su objetado armazón arquitectónico, lo que nos deja claro que esa estructura penitenciaria arroja serias dudas en torno a su manejo presupuestario y su construcción.
Se decidió levantar esas edificaciones tras constantes protestas por el hacimiento carcelario. El grupo de edificios fueron erigidos a la carrera cuando se agotaba el periodo del pasado Gobierno, se empezó su construcción en febrero de 2019, entregada en agosto de 2020 ante la inminente salida del tren gubernamental de las autoridades de entonces. Esto nos sugiere el proceso fue acelerado en demasía para inaugurarlo y quizás ese sea uno de los motivos de sus déficits estructurales.
¿Qué hacer? ¿Abandonar una obra de más de 7 mil millones provenientes del erario? Imposible, cuatro años han sido suficientes para auditar todo lo patógeno detrás de la construcción. Es inaceptable arrojar al basurero del olvido esa gran inversión, en momentos que carecemos de una adecuada cobertura carcelaria mínima. Ese es un patrimonio del país y se debe tratar de rescatar lo que sea posible de ese elefante blanco, para coadyuvar a adecentar el sistema penitenciario.
Uno de los argumentos más socorridos es que la zona es pantanosa. Se colige esto fue concebido con el propósito de beneficiar a alguien con la compra de esos terrenos en condiciones no apropiadas, pero los edificios no se pueden trasladar. La ingeniería moderna tiene alternativas para esos casos, primero verificar los estudios de mecánica de suelos para evitar posibles derrumbes y luego ubicar muros de contención a modo de prevención contra posibles inundaciones, el diagnóstico y la receta son conocidos hasta por nosotros los profanos en la materia.
Además, debemos recordar que la propia cárcel de “La Victoria”, esta erigida en terrenos que también se inundan dada su cercanías con los ríos Dajao y La Yuca. Por lo menos en 2012 y 2016 tras intensas lluvias el recinto fue anegado por las aguas en su primer nivel, por la crecida de los mencionados ríos. Situaciones similares han ocurrido en la cárcel de Rafey en Santiago, cuando ocurre una avenida del río Yaque,
Aunque es imposible adecuar de inmediato todos los edificios del paquete de recintos carcelarios de Las Parras, algunos deben ser retomados de emergencia para tratar de disminuir la enorme población carcelaria, huérfana del derecho a que se le garantice la vida mínimamente decente, aunque sean culpables de las imputaciones que les obligan a permanecer detenidos.
Se trata de un asunto práctico, de emergencia, que no requiere de mucha teoría, muchas reuniones superfluas, sino acción sensata a cargo de especialistas en el área de la ingeniería y arquitectura, pensando en resolver el grave inconveniente en el menor tiempo posible, con las mayores precauciones.
Insistimos el problema requiere acción inmediata, al margen del burocratismo que afecta a los proyectos que no son considerados prioritarios. Me solidarizo con la posición del diputado Juan Dionisio Restituyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quien reclama: declarar en estado de emergencia el penal de La Victoria y proceder a su demolición inmediata, proporcionando alternativas decentes para los ciudadanos recluidos en ese fracasado penal.