La semana pasada una persona me preguntó qué hace en el país la organización Misión Internacional de Justicia (IJM por sus siglas en inglés) para la cual trabajo. Le respondí que apoyamos al Estado Dominicano a través de las autoridades competentes en el abordaje de los casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Su cara repentinamente cambió, expresando sorpresa y curiosidad, me preguntó: ¿y eso ocurre aquí?
Me detuve, le observé y pausadamente le pregunté: ¿conoces lo que es la trata de personas? Y rápidamente me replicó: ¿Serán las mujeres que encadenan y obligan a prostituirse en otros países? Mi respuesta fue afirmativa, sin embargo, no siempre sucede de esa manera.
Hay muchas formas en la que sucede la trata de personas, incluso frente a nuestros ojos, pero lo invisibilizamos bajo el argumento de que ‘‘esa mujer la prostituyen porque ella quiere, ya que nadie la obliga’’; y así se va tornando la industria delictiva del sexo como una industria normalizada.
De conformidad con nuestra legislación, toda actividad sexual que implique una ganancia económica a un tercero es un delito, no una conducta ni actividad legal, y mucho menos normal. Las mujeres que son arrastradas a este delito se encuentran por lo general en una situación de vulnerabilidad, de cuya situación abusa el agresor para engañarla y explotarla sexualmente; su única finalidad, es generar un lucro económico a su favor a cuesta de la actividad sexual de otro, que generalmente sucede en algún bar, discoteca, hotel, centro de masajes, car wash, entre otros.
Por tanto, cuando usted vea o sepa de alguien que está siendo explotado sexualmente, es decir que le están “prostituyendo”, identifique que no se trata de un negocio lícito ni normal, es un delito castigado por ley y dichas mujeres no están ahí por su voluntad, como erróneamente se cree.
La trata de personas es un delito complejo, parte del crimen organizado en el cual confluyen múltiples factores socioculturales que impiden ver la ocurrencia del delito. Las propias víctimas son incapaces de reconocerse como tal, producto de la misma explotación a la que son sometidas no perciben que le violan sus derechos fundamentales, su dignidad, y ven en su agresor una persona cuya autoridad respeta y defienden.
En uno de los casos que participé como abogada de IJM representando los derechos de un grupo de mujeres víctimas de trata, estas mujeres, luego de ser removidas del lugar de explotación, intentaban declarar a favor y en defensa de su agresor; pero en ese afán, dejaban entrever la ocurrencia del delito.
Sus declaraciones eran: “Nosotras estábamos ahí porque queríamos, no era en contra de nuestra voluntad. Conmigo el patrón era muy bueno, me trajo desde mi país hasta acá para darme empleo pues no conseguía en mi país; me cubrió todos los gastos del viaje, me dio hospedaje en un país extraño donde no conocía a nadie, me facilitó un personal de seguridad y un chofer para que nada malo me pasara, no nos dejaba salir mucho, pero era para cuidarnos por nuestra condición de extranjeras, me ayudaba a ahorrar dinero, en verdad él no hacía nada malo, no sé porqué lo acusan”.
La otra cara de la investigación arrojaba lo que ellas no contaban o no percibían: el patrón le cubría todos los gastos de traslado para venir hasta República Dominicana, sí, pero esto le generaba una deuda que debía pagar mediante el trabajo sexual en el bar de su patrón, lo que incluía sostener relaciones sexuales todas las noches con distintos hombres, cantidad que oscilaba entre 5 y 15 hombres cada noche.
El patrón le facilitaba hospedaje, sí, pero le cobraba por concepto de alquiler RD$ 80,000 mensuales en una casa en la cual convivía con 19 mujeres más. Además, tenía prohibido recibir visitas y no podía salir de la misma más que un día a la semana y bajo vigilancia.
Contaba con chofer y seguridad, sí, pero para trasladarla del bar a la casa y viceversa, a fin de evitar que se fuera a escapar, tal como el patrón confesó ante del tribunal: “después que me fajo a buscar las mujeres para mi negocio debo cuidar esa materia prima”.
Le ayudaba ahorrar, sí, reteniéndole la mitad del salario como una forma de mantener atada a su víctima y evitar que no se escapara.
Nada de lo anterior se ve cuando estamos frente a un lugar en el que supuestamente se encuentran bailarinas o camareras que pareciera están de manera voluntaria. Ellas mismas coligen que están haciendo ese trabajo voluntariamente, pero en el fondo, están siendo retenidas por su explotador quien genera grandes ganancias económicas mediante la explotación sexual de su cuerpo, y esa realidad es la invisible o que invisibilizamos, y ya no podemos seguir ignorándola más.
En el caso mencionado, las víctimas generaban normalmente al mes por trabajo sexual alrededor de RD$ 300,000. De este monto, el patrón le retenía la mitad del salario para supuesto ahorro, unos RD$ 150,000. Además, le cobraba RD$ 80,000 por alquiler y las multabas si no cumplían las reglas a las que eran sometidas y además la deuda que contraían por haberlas trasladado hasta el país. Sume esos gastos y concluya al final quién es que verdaderamente genera grandes ganancias económicas y en base al sacrificio y dignidad de quién.
Igual pasa en un bar de menos categoría o mala muerte como se suele decir, en el sentido de que las ganancias que el negocio genera son a expensas del detrimento de la dignidad de un ser humano, quien es usado para la satisfacción sexual de otros. Una triste realidad que no debemos tolerar.
La trata de personas si ocurre aquí. Si usted tiene una sospecha de un lugar donde se comercialicen sexualmente mujeres es muy probable que está frente a un caso de trata de personas; denúncielo al 800-200-1202.
Necesitamos aportar para construir un mundo mejor, porque en la medida de que tengamos hombres y mujeres sanos, contribuimos a una sociedad que vive en respeto y paz.
¡Hasta que todos sean libres!
Sonia Hernández es abogada penalista, exprocuradora fiscal de la Provincia Santo Domingo. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como Directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia (IJM).