Hace días, el Presidente de la República retiró del Congreso el proyecto de reforma fiscal que había sometido para su aprobación, el mismo desató una serie de protestas en los más diversos sectores, que hacían muy difícil imponer la amplia mayoría que tiene el partido de gobierno en las Cámaras Legislativas.

Es preciso recordar, que antes de que se hicieran públicos los detalles del proyecto, prácticamente todo el mundo aceptaba la necesidad de una reforma fiscal, pero con una interesante salvedad, estaban de acuerdo siempre y cuando le cobrarán a otros no a ellos.

Después de convertirse en realidad el retiro del proyecto, y de que el Lic Abinader dijera que no tiene ninguna reforma alternativa en cartera, que trabajarán en ajustar el presupuesto a lo disponible, no sé si todos los que celebraron la muerte de la reforma han pensado en las consecuencias que traerá el no hacerla.

Independientemente de aceptar que lo presentado tenía evidentes posibilidades de mejora, y de que no se incluyeron medidas que atacaran directamente la evasión, la realidad es que una reforma fiscal es necesaria, no solo para aumentar los ingresos del gobierno y contener el incesante endeudamiento, también es necesario corregir injusticias que tiene nuestro sistema tributario y simplificarlo.

En cuanto al Impuesto Sobre la Renta, una tasa mínima de pago obligatorio, sin importar los resultados que presenten las empresas en sus Estados Financieros, generaría muchos recursos, y eliminaría la práctica de un grupo importante de contribuyentes que constantemente presentan pérdidas.

El presupuesto para el próximo año fue elaborado tomando en consideración los ingresos que se obtendrían con el proyecto de “modernización fiscal”. Modificar los presupuestado y ajustarlo a los ingresos que hoy recibe el Estado, significaría un duro golpe para los planes del gobierno, y obligaría a la eliminación o posposición de importantes proyectos, y a una disminución drástica de las inversiones públicas, ya de por sí una de las más bajas de la región.

El Presidente tiene la opción de continuar endeudando al país, terminar su periodo y dejarle el problema a quien lo sustituiría, pero esa decisión sería una irresponsabilidad, que conociendo su forma de actuar no creo que él haga.

La realidad es que en la República Dominicana existe una enorme evasión, tanto en el ITEBIS como en el Impuesto Sobre la Renta, a esa situación se le tiene que poner coto. En cuanto al mencionado impuesto, existen tantos productos exentos que es muy difícil su control, por eso creo que un ITEBIS diferenciado en donde los nuevos productos a ser gravados se les  establezca una tasa del ocho por ciento, y a los que ya pagan el diez y ocho dejarlos como están , sería la mejor solución.

En cuanto al Impuesto Sobre la Renta, una tasa mínima de pago obligatorio, sin importar los resultados que presenten las empresas en sus Estados Financieros, generaría muchos recursos, y eliminaría la práctica de un grupo importante de contribuyentes que constantemente presentan pérdidas.

Tenemos que reconocer que en este país la presión tributaria es baja, aunque existen sectores altamente gravados, estamos todavía muy lejos del promedio de la región, que es un de un veintiuno por ciento, mientras que la nuestra apenas llega al catorce por ciento.

En resumen, la reforma presentada que pretendía recaudar una suma menor a la que realmente se necesitaría, coloca al gobierno en una encrucijada, la de disminuir sus gastos de una manera drástica, o presentar un nuevo proyecto que tome en cuenta las opiniones externadas en el proceso de discusión de la propuesta enviada al Congreso.

Parodiando a Isidoro Santana, “si se aprobaba la propuesta del gobierno, el Presidente terminaba mal, pero sin ninguna reforma termina peor”.