En los últimos años la sociedad dominicana ha demandado mucho del Ministerio Publico, específicamente en cuestiones relacionadas al ejercicio eficiente de las investigaciones. Se espera, con cierta exigencia, que el fiscal obre con la mayor celeridad posible sin descuidar ningún detalle a la hora de investigar los procesos. Se le exige al fiscal saber conciliar, porque si no lo hace, los casos menores podrían degenerar en hechos de violencia imputables socialmente al funcionario actuante, que no obró responsablemente en procura de evitar la ocurrencia de una desgracia. Pero también debe saber investigar y acusar, lo que implica lidiar con una PN algunas veces irreverente, que a menudo no entiende razones por no comprender a cabalidad el papel de dirección que desempeñan los agentes del Ministerio Publico.
Cualquier error que cometa un fiscal podría ser mortal, ya que en él descansa el poder punitivo del Estado y se presume que por su inoperancia o falta de competencia ocurren todos los males relacionados a los crímenes cometidos en el espectro social; y es que el fiscal recibe presión de todas partes:
De la sociedad, de los medios, de las víctimas, de los fiscales superiores e incluso de la misma institución. Mucho se demanda del fiscal, poco se le retribuye. Y es que ser fiscal no es tarea fácil, significa hacer mucho con pocos recursos. La figura del fiscal no es la del típico ejecutivo que se sienta detrás de un escritorio a despachar documentos y dar órdenes mientras todos le sirven, tampoco se trata de la imagen del funcionario público que tiene desde ya su vida resuelta. La figura del fiscal se relaciona a una existencia totalmente contrariada; muchas veces no tiene los recursos logísticos para llevar a cabo con eficacia el trabajo que se le demanda, ni mucho menos puede contar con disfrutar de una vida en paz, ya que a la fecha todavía se clama por tener un plan de retiro digno o al menos una compensación proporcional al tipo de trabajo que ejecuta.
Ser fiscal también quiere decir que la persona que ha decidido serlo debe estar dispuesta a arriesgar su vida en todo momento, debido a que la seguridad personal del funcionario no está garantizada. El fiscal corre riesgos en los allanamientos, descensos e investigaciones de campo; escenarios donde en cualquier momento se podría dar al traste con la vida. El fiscal también se expone, constantemente, en las audiencias, ya que los imputados, que siempre se encuentran presentes en los juicios, deploran con resentimiento cuando el fiscal solicita penas de 10, 20 y 30 años sin miramientos ni contemplaciones. Claro que el juez no es el enemigo, ya que solo concede lo que las partes le han pedido; el enemigo más bien es aquel togado que por razones laborales lo ha acusado y que luego saldrá del juzgado sin ni siquiera un arma para su defensa, puesto a que lastimosamente también aquello le es negado implícitamente al fiscal.
Igualmente, la función implica perder, en el mejor de los casos, la reputación y la moral si se cometiera un error por simple imprevisión. De los cientos de casos que maneja un fiscal, éste debe estar pendiente de cada detalle por cada uno de ellos, ya que si faltara algo o se perdiera cualquier elemento que resulte necesario al proceso, o si simplemente se omitiera alguna cuestión, el error podría verse como un exceso de irresponsabilidad o como un descuido adrede en el que podría estar envuelto un raro caso de corrupción. En los allanamientos por igual, el fiscal debe procurar que no se pierda ni una prenda de vestir de la morada, ya que si ocurriera el culpable definitivamente seria éste, quien se tratará seguramente de corrupto.
En el fiscal se cumple estrictamente el lema que dice “que el Estado no agradece, pero guarda rencor”, en virtud de que aquel miembro del Ministerio Publico que llevare años sirviéndole con eficiencia a la sociedad a través de las fiscalías, está propenso a condenarse con tan solo un error en el que incurra, y a pesar de la basta preparación práctica que tiene el fiscal, ya que es el único actor del sistema de justicia que concilia, dirige, investiga, litiga y decide mediante dictámenes, es el más injustamente remunerado. Independientemente de la existencia de una ley que reconoce derechos especiales o beneficios institucionales para los fiscales, la realidad es que muchos de ellos no le son otorgados. Lamentablemente, cuestiones tan básicas como una placa o un pasaporte oficial le son negados al fiscal, sin importar que la ley 133-11 así lo ordene. Para los aumentos salariales, por otro lado, ha mediado un plazo de 4 años al menos en los dos últimos reajustes; y los derechos como ascensos en la función son prácticamente una quimera.
No hay garantías para el crecimiento sostenido en el marco de la carrera, por lo que los fiscales muchas veces se aferran a la idea de abrazar ya sea uno de los postulantes al llamado Consejo Superior del Ministerio Publico, o a alguna figura de autoridad a lo interno de la institución que les ofrezca las esperanzas de ser ascendidos. Todo aquello obra para que en el cuerpo fiscal haya descontentos, desesperanzas y deseos de salir corriendo de la institución, pero para muchos, lastimosamente, resulta difícil abandonar una función por la cual se concursó y se invirtió dos años para poder completar la preparación de ingreso.
Es cierto que urge una reforma para el Ministerio Publico, en eso todos estamos de acuerdo, pero dicha reforma debe comenzar por prestarle más atención a los fiscales, quienes son los que día a día desgastan su vida en mantener funcionando una institución que lo único que les aporta, además del precario salario, es la facultad de mantener la imagen de ser fiscal.