Durante los últimos ocho años se han destinado para la publicidad oficial, aproximadamente 34 000 000 000 de pesos dominicanos. Solo en el año 2023 se destinaron a estos fines 7 903 000 000 de pesos dominicanos, que representa una cifra récord. En su mayor parte, esos fondos no sean invertido razonable y eficazmente, pues han servido muy poco para beneficiar a nuestra población o al interés general. Esto se afirma porque la verdadera y única justificación de la publicidad estatal radica en que debe servir para promover el bienestar general de la población y conciencia colectiva, según lo establecido en el artículo 4 del Decreto núm. 1-24 que pretende, por cierto, regular de manera muy precaria la contratación y difusión de la publicidad oficial en los medios de comunicación.
En este contexto, es totalmente contraproducente que no se haya destinado prácticamente nada de esos fondos para el diseño y ejecución de políticas públicas dirigidas a educar o crear conciencia social, por lo menos, sobre los graves problemas que afectan a nuestra sociedad y a los sectores más vulnerables de esta. Por ejemplo, teniendo nuestro país el vergonzoso récord mundial de encabezar las muertes por accidentes de tránsito con 65 decesos por cada 100 000 habitantes, según la lista publicada en diciembre de 2023 por World of Statistics. De ahí que, es una especie de crimen de lesa humanidad que no se haya invertido ni se invierta partida alguna de estos fondos públicos para una imperiosa campaña, estratégica y permanente de educación vial.
Para explicarle a la ciudadanía sobre los peligros de conducir sin casco protector, en exceso de velocidad, ingiriendo alcohol, transgrediendo las señales de tránsito, entre otras reglas. Asimismo, concientizarla acerca del costo que tiene no solo para sus familias, sino también para el presupuesto público, la pérdida de las 1 088 vidas de víctimas en accidentes de tránsito que esta vergonzosa realidad nos ha ocasionado solo en lo que va del año 2024, según los datos establecidos en el portal de transparencia de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).
Más aún, es inaudito que a pesar de esta gravísima problemática nacional en plena autopista Duarte se hayan colocado más de diez vallas publicitarias promocionando la reconstrucción de esta autopista, lo cual apoyamos, no así dicha excesiva publicidad.
De igual modo, resulta totalmente absurdo que se incurra en este derroche de fondos públicos en publicidad estatal cuando, realmente, no se invierte prácticamente nada para fomentar una estrategia efectiva de educación social sobre temas relacionados con la importancia de la salud integral dirigidos a nuestra población más pobre. Verbigracia, educar y concientizar a nuestra sociedad sobre los terribles daños y enfermedades que le provoca a la salud la ingesta excesiva de alimentos o bebidas cargadas de azúcar, alimentos procesados, grasas saturadas o trans, en fin, la comida chatarra y sus derivados, etc.
Igualmente, sobre los efectos nocivos del uso de los cigarrillos electrónicos, tabaquismo o consumo de la hookah a pesar de las recientes advertencias realizadas por la comunidad médica internacional y nacional acerca de los sensibles perjuicios que estos malos hábitos ocasionan en la salud y bienestar de sus consumidores. Además, como eje fundamental de esa necesaria campaña publicitaria estatal en materia de buena nutrición y estilos de vida saludables es importante resaltar los beneficios a nuestra salud física, mental y emocional de hacer ejercicios, tener las horas necesarias de sueño y descanso, entre otros hábitos saludables. Sin embargo, paradójicamente, sobre estos otros aspectos de la salud colectiva tampoco se hace inversión publicitaria oficial alguna.
En otro orden, es injustificable que mucho menos se inviertan los fondos públicos necesarios para educar y concientizar a la población sobre la necesidad imperativa que tenemos como Estado insular de preservar nuestros recursos naturales, las áreas protegidas, la biodiversidad y el medioambiente ante las catastróficas consecuencias del calentamiento global y cambio climático. De hecho, nuestro país necesita urgentemente como parte de la planificación estratégica de políticas públicas promover eficientes campañas publicitarias sobre la importancia de ahorrar el agua con la finalidad principal de crear una conciencia colectiva con relación al uso racional y sostenible de los recursos hídricos.
Nos olvidamos de una manera irresponsable, que la República Dominicana está en un estado creciente de estrés hídrico, ya que nuestras principales fuentes de agua potable se agotan alarmantemente, según recientes investigaciones científicas. Por ejemplo, la República Dominicana es el tercer país de América Latina con menor disponibilidad de agua potable per cápita, superada solamente por Haití y Puerto Rico. Más grave aún, se ha pronosticado que en el 2035 la ciudad de Santo Domingo de Guzmán alcanzaría niveles de escasez absoluta de agua potable, aproximadamente. Por eso, en una década las medidas de racionalización y ahorro del agua se aplicarían y extenderían a nivel nacional. Sin embargo, inexplicablemente, esta gravísima situación de interés general no concita el interés de la publicidad oficial.
Por otra parte, en nuestro país tampoco se invierten los fondos públicos necesarios para promover programas y campañas publicitarias en materia de educación cívica y seguridad ciudadana. Especialmente, en estimular y rescatar la importancia de la educación como piedra angular para alcanzar el desarrollo personal y nacional, así como fomentar los valores ciudadanos y la correcta convivencia social. Esto para propiciar una cultura de paz y no de violencia en la sociedad, en síntesis, promover y garantizar un clima de verdadera seguridad ciudadana y social. Esto es grave pues en la actualidad, la falta de seguridad ciudadana y social es uno de los principales problemas que afecta a nuestra población, según los resultados más recientes de la encuesta realizada por la firma Gallup.
Paralelamente, tampoco existe una articulada política y plan estratégico de publicidad estatal dirigido a incentivar la importancia de la educación sexual en los niños, niñas y adolescentes. Esto a pesar de que la República Dominicana encabeza, deplorablemente, el ranking mundial de embarazos de niñas y adolescentes menores de edad, según los resultados del informe elaborado en el 2023 por el Grupo Banco Mundial.
Lamentablemente también, en la actualidad no se invierten los fondos públicos necesarios para propiciar y garantizar desde el Gobierno una política estratégica de publicidad oficial orientada a fomentar una conciencia ciudadana y en los funcionarios sobre la importancia de la ética pública, rendición de cuentas y transparencia administrativa. A modo de ejemplo, en el país es notoria la ausencia de campañas y programas publicitarios estatales dirigidos a promover estos valores institucionales para prevenir y enfrentar la corrupción pública o privada.
En ese sentido, es oportuno destacar la inteligente campaña de conciencia social que la fundación Masada, Inc., una entidad de la sociedad civil comprometida con la lucha contra este flagelo social, auspició sobre esta problemática hace algunos años. Al obrar de este modo, se soslaya que a pesar de los innegables avances logrados en los últimos años, todavía la República Dominicana figura en la posición 108 de una escala de menor a mayor corrupción del índice mundial de corrupción pública o administrativa, según los resultados más recientes del informe de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
Indudablemente, estamos conscientes de que la publicidad oficial no sería suficiente para implementar políticas públicas y planes estratégicos efectivos con el objetivo de prevenir y reducir estas problemáticas a nivel nacional. No obstante, la publicidad estatal es un componente neurálgico que serviría para garantizar el diseño eficaz y la debida implementación de esas políticas y planes estratégicos. Por consiguiente, el Gobierno debe urgentemente reevaluar y reorientar su política de publicidad oficial hacia su verdadera finalidad y propósito esencial (promover y proteger el interés o bienestar general de la población). Este proceso de reorientación serviría para racionalizar e invertir, correctamente, los fondos públicos destinados al ámbito de la publicidad oficial, lo cual permitiría también invertir los recursos económicos necesarios para garantizar los servicios públicos esenciales en beneficio de los sectores sociales más vulnerables.
Esperamos que el presidente Luis Abinader, en este nuevo cuatrienio, destierre esta mala praxis gubernamental en materia de publicidad oficial, ya que – de hacerlo- sería un extraordinario legado institucional que su gobierno dejaría a favor del desarrollo del país y bienestar general de la población.