El sector eléctrico está en un punto de inflexión debido al rápido desarrollo de tecnologías que prometen transformar la forma en que se genera, distribuye y consume electricidad. En la República Dominicana, esta realidad pone de manifiesto una debilidad estructural: El marco normativo vigente, liderado por la Ley General de Electricidad 125-01 (LGE), no contempla adecuadamente la incorporación de estas innovaciones en los procesos regulatorios, de remuneración e incentivos. Esto plantea desafíos no solo para la operación eficiente del sistema eléctrico, sino también para la competitividad económica del país y el bienestar de los usuarios finales. Una revisión exhaustiva de la ley y su normativa complementaria es imprescindible para abordar estos retos y aprovechar las oportunidades que brindan los avances tecnológicos.
Promulgada en el año 2001 y modificada en el 2007 para introducir la penalización del fraude eléctrico, la LGE fue concebida para estructurar y regular el sector eléctrico dominicano en un momento donde el paradigma energético era fundamentalmente diferente. Desde entonces, los avances tecnológicos han revolucionado el sector, introduciendo recursos como la generación distribuida, las microredes, el almacenamiento energético y los sistemas avanzados de gestión de la red eléctrica (redes inteligentes). Sin embargo, la normativa actual no integra estas innovaciones, lo que dificulta su incorporación al sistema eléctrico nacional.
Por ejemplo, tecnologías como la energía solar y eólica, respaldadas por sistemas de almacenamiento en baterías, podrían reducir significativamente la dependencia de combustibles fósiles importados, mejorando la sostenibilidad del sistema eléctrico. Además, la digitalización y los sistemas de medición inteligente permiten optimizar la operación y planificación del sistema, ofreciendo beneficios tanto a las empresas como a los usuarios finales. No obstante, la falta de regulación específica que incentive y remunere el uso de estas tecnologías desincentiva su adopción.
A nivel internacional, países como Chile, México y España han adaptado sus marcos regulatorios para integrar las innovaciones tecnológicas en el sector eléctrico. En Chile, por ejemplo, se ha desarrollado un esquema que fomenta la generación distribuida a través de una ley de facturación neta, permitiendo a los consumidores inyectar energía excedente a la red y recibir compensación por ello. México, por su parte, ha introducido mecanismos de subastas de energía a largo plazo, diseñadas para promover las energías renovables y estimular la inversión en almacenamiento energético.
Sin embargo, recientemente la Superintendencia de Electricidad llevó a una audiencia pública el borrador de un reglamento de generación distribuida, pero llama la atención que el instrumento no se corresponde con las mejores prácticas regulatorias puestas en vigencia en otros países, cuando ya se ha establecido un mercado para la instalación de paneles solares. Lo que procedía era introducir un esquema mas neutro, en el sentido que fuera beneficioso para el mercado de paneles y los usuarios, pero que no significara un perjuicio para las empresas distribuidoras. La regulación existe y está en práctica en otros países donde el mercado de los paneles está maduro como en República Dominicana. Nos referimos al Sistema de Facturación Neta.
España ha sido también pionera en la implementación de redes inteligentes, apoyada por una regulación que exige la instalación de contadores avanzados y permite la gestión activa de la demanda. Estas experiencias subrayan la importancia de contar con marcos regulatorios flexibles que puedan evolucionar con el desarrollo tecnológico, beneficiando tanto al mercado como a los consumidores.
Para continuar apoyando el desarrollo del sector eléctrico dominicano es necesario promover la actualización de la LGE para facilitar la incorporación al mercado local de las nuevas tecnologías. Además, es necesario ajustar los incentivos actuales para favorecer proyectos de eficiencia energética y de energía renovable que utilicen tecnologías avanzadas y el almacenamiento de energía. Esto podría incluir deducciones fiscales, acceso preferencial a financiamiento y esquemas de precios diferenciados para promover la inversión en estas áreas.
La actualización de la LGE no solo permitiría al país beneficiarse de los avances tecnológicos, sino que también fortalecería la sostenibilidad económica y ambiental del sector eléctrico, pues una regulación moderna y flexible introduciría los siguientes beneficios:
Reduciría el costo de la electricidad: La integración de energías renovables y sistemas de almacenamiento más eficientes disminuiría la dependencia de combustibles fósiles importados.
Mejoraría la calidad del servicio: Tecnologías como las redes inteligentes permitirían una gestión más eficiente de la demanda y una rápida respuesta ante fallas.
Fomentaría la competitividad: Un sector eléctrico más eficiente y sostenible aumentaría la competitividad de la industria y el comercio locales y atraería inversión extranjera.
Impulsaría la transición energética: Una normativa alineada con los objetivos globales de sostenibilidad facilitaría el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de cambio climático.
El dinamismo del sector eléctrico global exige que los países adapten sus marcos regulatorios para no quedarse atrás. En la República Dominicana, la LGE necesita una revisión urgente para integrar tecnologías emergentes, promover la sostenibilidad y mejorar la calidad del servicio eléctrico. La actualización de la LGE no solo prepararía al país para enfrentar los desafíos actuales, sino que también lo posicionaría como un líder regional en innovación y transición energética. Una regulación flexible y visionaria es clave para asegurar un sistema eléctrico eficiente, inclusivo y sostenible para las generaciones presentes y futuras.
La privatización de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y el fortalecimiento del Órgano Regulador facilitaría la implementación oportuna y rápida de la actualización de la LGE y las normativas complementarias.