No debe extrañar en estos días, escuchar y leer de forma frecuente el término “innovación”, ya sea en la academia, el sector privado o en el ámbito institucional; se ha convertido en un concepto tendencia en una expresión muy propia de estos tiempos de revolución tecnológica progresiva y de cambios rápidos en los múltiples órdenes del conocimiento.
¿Pero qué significa “Innovar”? etimológicamente proviene del latín innovare, que quiere decir cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades. De forma más amplia se trata de mejorar, transformando el funcionamiento de algo ya establecido, desde una perspectiva diferente, eficiente y de impacto obteniendo los mejores resultados posibles.
Sin embargo, el concepto va más allá de la definición en el ámbito social, político y económico, en ese aspecto es necesario hacer una mirada objetiva de lo que implica su puesta en práctica e integración en los sectores productivos y más específicamente en la cultura institucional del Estado.
La innovación en el quehacer público es impostergable, es la respuesta justa hacia una ciudadanía más consciente, altamente informada e interconectada
Hablar de innovar implica internalizar la dicotomía existente en cuanto a los incentivos y propósitos que impulsan al sector público y al sector privado; este último posee todos los incentivos económicos para mantenerse innovando en su ramo, ya que de lo contrario pierden competitividad, lo que se traduce en perdida de rentabilidad y de mercado frente a los consumidores.
A su vez el aparato estatal que, por su propia naturaleza de proveedor monopólico de servicios públicos, su carácter permanente, los costos implícitos y la misma burocracia de los procesos ocasiona que se ralenticen las mejoras y cambios necesarios que estos requieren.
Es necesario destacar que el Estado ha funcionado tradicionalmente con una estructura y cultura organizacional cuya procura del bien común está matizada por la racionalidad y el sentido práctico de la política, ocasionando que las decisiones de alto impacto y de verdadera transformación, pasen por un tamiz en donde lo prioritario e importante se supedita a lo conveniente.
Nuestra historia así lo registra, así encontramos una primera ola de reformas que data de mediados de la década de los noventa y que impulsó diversas iniciativas transformacionales de la administración pública bajo un enfoque que intentó renovar el funcionamiento estatal. La tradición, cultura política y los pocos consensos anquilosaron dichas iniciativas.
Más recientemente en la última década con la cobertura masiva del internet, el acceso universal de los ciudadanos a los teléfonos inteligentes y la consolidación de las redes sociales se preparaba el escenario para un mayor acceso a la información y a todo tipo de servicios “en línea” de forma indispensable.
Frente a esta realidad el Estado ha venido evolucionando e innovando, aunque a paso lento en comparación con los avances que han experimentado las empresas, sin embargo, en la última década, el sector estatal ha sabido valorar las ventajas en términos de eficiencia y accesibilidad de adoptar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) en los procesos y servicios que ofrece a la ciudadanía.
El crecimiento y desarrollo integral de una nación requiere de una sólida articulación en los ámbitos social, político y económico, para esto se hace necesario implantar de forma transversal una cultura innovadora capaz de impulsar la creación de riqueza y bienestar con una proporcionalidad adecuado en los distintos estratos sociales.
Cada demanda, cada necesidad ciudadana, idealmente debería activar en la estructura estatal los mecanismos adecuados que logren derivar hacia el ciclo virtuoso de las políticas públicas, lo que se traduce en un esfuerzo continuo de mejorar y transformar lo ya se ha logrado, pero con la inquebrantable vocación de continuar forjando nuevas formas, métodos, practicas, experiencias que logren conjugar mayor alcance, un bienestar ciudadano garantizado y sobre todo una efectiva equidad distributiva.
La innovación en el quehacer público es impostergable, es la respuesta justa hacia una ciudadanía más consciente, altamente informada e interconectada que demanda servicios públicos más agiles, accesibles y de calidad.