El reciente anuncio de unificación de varios ministerios con el fin de hacer más eficiente el gasto público, como parte de una reforma institucional integrada en el correlato político de la próxima reforma fiscal, tiene que ser tomado con cautela. Las medidas de unificación de varios ministerios como el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) con el de Educación (MINERD), en concreto, deben estar sustentadas en una profunda evaluación del impacto que puede tener en términos de políticas públicas. En este punto aclaro, que es correcto y acertado simplificar el número de instituciones públicas y que es necesario hacerlo como parte de un proceso que responda no únicamente al imperativo de hacer más eficiente el gasto público, sino de hacer más ágil al Estado.
La fusión del MESCYT y el MINERD es mucho más complicada de entender, ya que ambos ministerios lo único que tienen en común es la palabra educación, que además significa cosas muy distintas en uno y otro. Los retos institucionales de la educación pre-universitaria no son los mismos que los de la educación superior. El problema puede estar en el bajo entendimiento relativo sobre el papel de las universidades, que en países como el nuestro se reduce principalmente a la formación profesional. Pero más allá de ese problema de entendimiento, el mayor riesgo de la reforma es que podría debilitar el ya de por sí frágil marco institucional a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI).
Hasta la promulgación de ley 139-01 en el 2001, el país careció de un marco estructurado de políticas de CTI, que impulsará la ciencia y la tecnología como parte del compromiso del Estado con la innovación, la construcción de capacidades, la transferencia de conocimiento y el desarrollo productivo. Este fue un cambio trascendental en un país con una baja tradición científico-tecnológica medida por los resultados del sistema (producción científica en journals arbitrados y propiedad intelectual). Es cierto que la ley 139-01 en realidad abarcó dos ámbitos normativos independientes pero relacionados: la educación superior y la CTI, pero su logró fue dotar al país de un marco mínimo de políticas de CTI y que bueno que en una primera etapa se hizo de la mano de la educación superior, ya que lo único que tenía el país era el antiguo Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Sin dudas la ley 139-01 fue un avance y significativo.
Como era de esperarse, en el contexto dominicano, la educación superior ha sido siempre dominante ante la CTI, lo que debe entenderse como el resultado de un sesgo de comprensión y trayectoria (path-dependency), más que por otra cosa. Normativamente la CTI y la educación superior, suelen estar separadas pero muy cercanas a la vez. Los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología en Europa son de los décadas de los 30s del pasado siglo. El Consejo Superior de Ciencia y Tecnología (CSIC) del gobierno de España, institución con la que colaboro desde hace un tiempo, fue fundado en 1939, igual que su homologo Frances el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) y el equivalente norteamericano la National Science Foundation (NSF) en 1950. El actual Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México en 1970. Las universidades por su parte son actores primer nivel e importancia del sistema nacional de ciencia y tecnología de cualquier país, al que siguiendo la tradición evolucionista-Schumpeteriana, prefiero llamar Sistemas Nacionales de Innovación (SNI), término acuñado por B. A. Lundvall y C. Freeman en la segunda mitad de los años 80s. La clásica triple hélice de la innovación (la que forma el sector público, las empresas y las universidades) es el pilar de los SNI.
La noticia es una: duplicar el tamaño de la economía en poco más de una década requiere de un ingente esfuerzo en términos de CTI, sustentado en unas políticas sofisticadas de innovación que requieren fortalecer tanto las capacidades como la institucionalidad de la CTI en el país.
De modo que, el riesgo de la unificación de los dos ministerios es que se vulnere la frágil institucionalidad del país en términos de CTI y que los modestos avances en investigación en las universidades dominicanas se vean afectados y se consolide aún más el modelo docentista de la educación superior, en lugar de promover la investigación, la trasferencia de conocimiento y la vinculación con los sectores productivos.
Volviendo a la CTI, nuestro país es un “late-comer” en términos de políticas de CTI. Esto se expresa en su bajo gasto histórico en CTI y en particular en Investigación y Desarrollo (I+D), el cual es anecdótico comparado con países de nuestro entorno como Costa Rica o Panamá, que aún con bajas inversiones, se sitúan entre el 0.1% y el 0.5% del PIB en I+D, respectivamente.
El punto de inflexión de la Figura 1, ocurre a mediados de la segunda década del año 2000 cuando ya el aprendizaje de instrumentos como el FONDOCYT de la ley 139-01 comenzó a generar sus primeros frutos. ¿Para qué sirve esto? Estos datos permiten construir el perfil país para atraer inversión tecnológica en determinados campos. No he querido presentar la comparación regional, sólo decir que el modesto esfuerzo del MESCYT en los últimas dos décadas ha dado fruto. La Figura 2 nos permite traducir la producción científica de la Figura 1 en los campos en donde la República Dominicana ha desarrollado ciertas capacidades científico-tecnológicas.
Tal como saben los expertos en inversión extranjera (IED) esta es una herramienta para atraer inversores junto con los incentivos fiscales que se establecen a través de regímenes de zonas francas o en el caso de Europa o los Estados Unidos, de sus parques científico-tecnológicos, que básicamente descansan en la interacción triple hélice que he mencionado. Es simple: Silicon Valley no existiría sin universidades como Stanford, de hecho, Stanford fue el semillero de los grandes gigantes tecnológicos del valle. Estamos lejos en dominicana, pero sin la ley 139-01 y sin el MESCYT hoy ni el INTEC ni la PUCMM tendrían patentes o lideraran la producción científica del país, ni aparecerían en los rankings internacionales con los avances de los últimos años. La Figura 2 define el perfil científico-tecnológico del país para un período dado, que en el caso dominicano, está definido por las ciencias de la vida, la investigación biomédica y la BioTech. Lo anterior se relaciona de algún modo con la llegada de inversión en el sector dispositivos médicos o también con el auge de la industria del Tabaco, impulsada por la iniciativa privada en el desarrollo de variedades mejoradas que transformaron al país un referente mundial en la producción de tabaco. Las figuras 1 y 2 son básicas y las firmas internacionales que apoyan la decisión de una empresa tecnológica de establecerse en un país determinado, realizan análisis más profundos: cantidad de doctores, de ingenieros egresados de programas acreditados, existencia de redes avanzadas y un largo etcétera. Tal como saben los expertos en inversión extranjera (IED), esta es una herramienta para atraer inversores junto con los incentivos fiscales que se establecen a través de regímenes de zonas francas o en el caso de Europa o los Estados Unidos, de sus parques científico-tecnológicos, que básicamente descansan en la interacción triple hélice que he mencionado. Es simple: Silicon Valley no existiría sin universidades como Stanford, de hecho, Stanford fue el semillero de los grandes gigantes tecnológicos del valle. Estamos lejos en dominicana, pero sin la ley 139-01 y sin el MESCYT hoy ni el INTEC ni la PUCMM tendrían patentes o lideraran la producción científica del país, ni aparecerían en los rankings internacionales con los avances de los últimos años.
Pero más allá y como cuestión de fondo, parece que el país continua con un entendimiento limitado a nivel de políticas públicas del papel de la CTI en las dinámicas de desarrollo. Ese entendimiento limitado de la CTI es la única razón que puede explicar los mensajes que lucen contradictorios en el contexto de las reformas anunciadas. En otras palabras, mientras que, por un lado, el Estado dominicano se ha trazado la meta de duplicar la economía para el año 2036, por otro lado, con la reforma propuesta, parece obviar la importancia de consolidar las capacidades nacionales en CTI y de la relevancia de un marco institucional de la CTI para ello. Dos premios nobel de economía: Robert Solow en 1987 (el residuo de Solow) y Paul Romer en 2018 (el conocimiento en el crecimiento endógeno), forman parte de una sólida tradición del pensamiento económico a los dos lados del Atlántico, que, con sus diferencias, nos ha enseñado el papel del conocimiento y la innovación en la dinámicas de crecimiento económico. Por eso hablamos de economía innovadoras, de la transición a una economía del conocimiento (aquí no estoy refiriéndome a la información que es otro tema). Esa misma tradición de pensamiento, permite explicar las trayectorias seguida por la economía de Corea del Sur se hizo más grande que la Dominicana a partir de finales de las décadas de los años 70s. La noticia es una: duplicar el tamaño de la economía en poco más de una década requiere de un ingente esfuerzo en términos de CTI, sustentado en unas políticas sofisticadas de innovación que requieren fortalecer tanto las capacidades como la institucionalidad de la CTI en el país.
Quiero pensar que el Presidente Abinader está bien asesorado y que las distintas iniciativas que se han anunciado por medio de decretos y anuncios conjuntos con los Estados Unidos encajan en una especie de puzle cuyos contornos no son discernibles en estos momentos.
Como parte de las informaciones que van y vienen, recientemente, el gobierno Dominicano ha emitido dos decretos importantes: el Decreto 324-24 y el 453-24 que declaran de alta prioridad la industria de semi-conductores y la explotación de recursos estratégicos como las tierras raras, por medio de la creación de la Empresa Minera Dominicana (EMIDOM), respectivamente. Asimismo, en su visita de hace algunos días, el Secretario de Estado Anthony Blinken, ante el presidente Luis Abinader, anunció el compromiso de los Estados Unidos para impulsar la industria de alta tecnología en el país, de la mano de la colaboración entre universidades norteamericanas y dominicanas. Lo anterior tiene que ponerse en contexto. Como parte del esfuerzo de la primera economía del mundo de mantener su liderazgo tecnológico ante China, el gasto en I+D de los Estados Unidos se ha situado desde el 2020 por encima del 3.2% de su PIB, equivalentes a más de US$ 885 billones norteamericanos, es decir varias veces la economía dominicana. Detrás de estos anuncios están las apuestas estratégicas del nearshoring y el reshoring, pero ese es otro tema. Se requiere que las economías estables del entorno se tornen competitivas e innovadoras y para ello, el desarrollo y fomento de las capacidades en CTI es una condición sine qua non. La reciente reforma mexicana del todopoderoso Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ha sido para elevarlo a Ministerio de CTI, como hizo Colombia con Colciencias hace pocos años van en la línea de aprovechar las oportunidades del nearshoring y el reashoring con la ventaja mexicana de contar con un SNI consolidado, al igual que Costa Rica o Colombia. Se puede estar en desacuerdo con tantos cambios institucionales en términos de CTI, pero el mensaje de fondo es que la institucionalidad de la CTI se fortalece no se menoscaba.
La cuestión de fondo es asegurarse que en el proyecto de la unificación del MESCYT y el MINERD, no disminuya el limitado pero existente marco institucional de la CTI que tenemos en el país ya que sin dudas el MINERD no es el espacio para la CTI. En su lugar, es tiempo de fortalecer las capacidades y la institucionalidad de la CTI y consolidar los pasos de avances que supuso la ley 139-01. Asimismo, se debe ponderar el efecto que tendría en el sistema de universidades la asimilación del MESCYT en el MINERD y no creo exagerar cuando afirmo que las universidades tampoco tienen cabida en el MINERD. Habría que volver al menos a la figura del antiguo CONES, lo que obliga a preguntar si estaríamos ante una reforma de efecto anticíclico en el sistema. Las universidades o al menos un número de ellas, deben ser espacios de innovación, generación y transferencia de conocimiento que contribuyan con los proyectos de desarrollo e innovación productiva. Confundir la educación superior en la educación pre-universitaria puede ser tan contraproducente para la política pública como obviar la relación entre la CTI y el desarrollo de capacidades competitivas para la innovación y el desarrollo productivo.
Por último, quiero pensar que el Presidente Abinader está bien asesorado y que las distintas iniciativas que se han anunciado por medio de decretos y anuncios conjuntos con los Estados Unidos encajan en una especie de puzle cuyos contornos no son discernibles en estos momentos. Es simple, para crecer en las próximas décadas se requiere de mucha CTI como parte de la estrategia para aprovechar las oportunidades del nearshoring y el reshoring, Los datos, la evidencia están a la mano. Una reforma institucional y fiscal orientada a eficientizar el gasto público e incrementar los ingresos, es tan necesaria como una orientada a impulsar el crecimiento sobre bases competitivas y las dos son compatibles. La fusión del MESCYT y el MINERD puede ser más complicado de lo que parece.