Es del conocimiento de todos en el país que la estructura de ingresos fiscales en la República Dominicana no es equilibrada en lo absoluto y no obstante, es menor en 9.1 puntos porcentuales al promedio de Latinoamérica y 20.6 inferior a la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), presentando desde 2016 una presión tributaria de 13.7%, lo que la hace la más baja de la región. A diferencia de los países desarrollados que poseen una estructura de ingresos fiscales equilibrada, la nuestra muestra una gran dependencia de los ingresos tributarios, es decir, de aquellos que de manera unilateral y obligada, fija el Estado a las personas físicas como usted y jurídicas como empresas y organizaciones; a la vez que muestra una escasa representación de los ingresos no tributarios en el total de ingresos fiscales, muy por debajo también de la media de Latinoamérica y la OCDE.
Bien, si vemos la estructura impositiva dominicana los principales impuestos que presentan son los que gravan el consumo, cerca de 51.1%, seguido de los impuestos sobre ingresos y patrimonio con un 38.4%. Como todos bien saben, la principal figura tributaria es el Impuesto sobre Transferencias de Bienes y Servicios (ITBIS) con un 34.1% de los ingresos tributarios; seguido por el Impuesto sobre los Ingresos, que representa el 31.1% y los Impuestos Selectivos al Consumo con el 20.2%. Ahora bien, en la actualidad en los países de la OCDE y de América Latina, los ingresos fiscales descansan en su mayoría en ingresos tributarios como el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), nuestro equivalente del IVA es el conocido como Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS); y en algunos de ellos se observa una importante participación de los ingresos no tributarios, que provienen de la explotación de recursos naturales como el petróleo, metales, gas natural, entre otros.
Pero en nuestro caso, el peso de los ingresos tributarios es mucho mayor que el promedio de ambas regiones y los ingresos no tributarios apenas representan el 6.2%. (ver gráfica).
Al descomponer los ingresos tributarios se muestra como en América Latina se tiene un alto componente de impuestos indirectos o al consumo, mientras que en la OCDE ambos impuestos presentan un cierto equilibrio . (ver gráfica).
Desde los sectores con poder político y económico se plantea la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para mejorar la calidad de los servicios públicos y por ende la calidad de vida de la gente, estos plantean que para poder responder a las demandas de la sociedad y recuperar la senda de la sostenibilidad, incrementar los servicios públicos y la calidad de los mismos, y para reducir el nivel de endeudamiento registrado hasta el momento, la clave para estos fines se encuentra en aumentar los ingresos fiscales como parte de la estrategia de desarrollo sostenible, estos entienden que si hasta el momento no se ha alcanzado los niveles de desarrollo humano que amerita una economía en crecimiento constante como la dominicana, es por el bajo nivel de gasto público, es decir, por la brecha existente entre gasto público e ingresos fiscales, razón por la cual es imposible cumplir con las exigencias sociales en términos de calidad de vida y servicios.
Así de fácil es como se ve para los políticos, quienes fomentan y mantienen intacta la matriz de la desigualdad estructural, en este caso particular al no apelar al balance de la estructura de ingresos fiscales como parte de la política económica y por la ineficiencia en el gasto público; tanto por la corrupción administrativa, la falta de mecanismos de transparencia para garantizar el fin adecuado de los recursos como por los sectores priorizados para el gasto; de ahí que a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 2030, se planteen tres grandes pactos: el educativo, el eléctrico y el fiscal, con la finalidad de llevar la presión tributaria a 24% hacia el año 2030, un pacto que permita dejar intacta la estructura económica, pero implementando parches que les permitan aumentar los ingresos, mientras toda la presión impositiva continúa recayendo sobre la clase media, una clase media sumida en la informalidad laboral y la vulnerabilidad del empleo, mientras los sectores de poder se garantizan el statu quo y como guinda de pastel, con aumento de ingresos garantizado para la sostenibilidad del barrilito, las botellas, los gabinetes, las comisiones, los asesores, la propaganda, las pensiones, etc. Un estudio realizado por Oxfam República Dominicana en 2017, reveló que el gobierno dominicano malgasta anualmente el equivalente al 2.5% del PIB, unos 90,920 millones, que equivale al 13% del presupuesto general aprobado.
De ninguna manera se les verá o escuchará hablar en ningún medio ni incorporando a su discurso, la eficiencia del gasto público, ni sobre el llamado a un nuevo Contrato Social que comprometa al Estado dominicano ante la sociedad a mejorar la calidad del gasto, a revisar la estructura tributaria para garantizar el balance de la misma y minimizar la informalidad tributaria, y establecer el compromiso con la sociedad para garantizar el adecuado fin de los recursos recaudados a los proyectos a largo plazo, orientados al desarrollo humano, como educación y salud con eficiencia y sostenibilidad financiera.
En el informe de el BID, Mejores gastos para mejores vidas: cómo puede América Latina y el Caribe hacer más con menos, se plantea el hecho de que algunos países de la región gastan más de lo que señala su grado de desarrollo y sin contar con las instituciones fiscales necesarias para que estos niveles de gasto sean sostenibles a largo plazo. Por lo que aumentar el gasto público sin instituciones para sostenibilidad y transparencia es un tipo de política que a menudo genera crisis que deshacen la confianza en los políticos, un factor que si es clave para detonar crisis sociales y políticas en un futuro cercano.
La falta de confianza en la clase política estriba entre otros tantos factores, especialmente, en la ineficiencia del gasto público y por la falta de transparencia, razón por la cual los ciudadanos apuntan a la preferencia de un gasto público seguro y a corto plazo, en lugar de dirigir su preferencia hacia un gasto inseguro y a largo plazo, pero quizás más rentable, como la infraestructura. La falta de credibilidad lleva a los ciudadanos a pensar: “más vale pájaro en mano (transferencias de ingresos) que cien volando (infraestructura)”.
La falta de confianza en los políticos no es un castigo por parte de la sociedad, es su ganancia en respuesta al inmerecido tratamiento dado a la confianza burlada que fue depositada a través del voto, la confianza para los políticos como para las instituciones no se depositan ciegamente es una gracia que se otorga a quien la merece.