Horacio Vásquez ha sido uno de los presidentes más honestos que ha tenido este país, talante que han reconocido tanto sus amigos como adversarios, hecho apreciable también por la cantidad de bienes relictos, que fueron inferiores a $40,000. Fue una persona de una “honradez intachable”, al extremo que sus adversarios políticos nunca pudieron acusarlo ni de corrupto ni de haber ningún crimen político.
En la síntesis biográfica de Vásquez, elaborado por el historiador Emilio Cordero Michel, se resaltan los más relevantes logros de su gobierno, así como también “medidas negativas y políticas muy criticables”, tales como el apoyo y aceptación del Plan Hughes-Peynado, la consolidación del poder militar de la Policía Nacional Dominicana, convertida luego en Ejército Nacional.
Asimismo, su absoluta entrega a los intereses económicos y políticos del imperialismo de los Estados Unidos, su obsesión continuista y la concertación de nuevos empréstitos que propiciaron “la corrupción, la malversación y las filtraciones de fondos en beneficio de algunos de sus altos funcionarios a lo que no se opuso y mantuvo silencio”. (1) Por esto el doctor Jimenes Grullón ha considerado que Vásquez no fue un “deshonesto activo” aunque si lo fue por “pasividad”.
Uno de los críticos más severos del régimen encabezado por Vásquez también ha destacado la honestidad del expresidente cuando sostuvo que: “todo el que tuvo la oportunidad metió sus manos en el pastel, menos el presidente de la República. Es de justicia levantar su nombre por encima del grosero montón de salteadores de la Hacienda Pública y consagrarlo como ejemplo limpio de peculado”. (2)
Probablemente a causa de su determinación de continuar en el poder más allá de lo que establecía la Constitución con la cual fue electo, solo en dos ocasiones, de forma débil y tímida, Vásquez intentó frenar la corrupción de algunos de sus ministros, pero para evitar enemistarse y quebrar las relaciones con sus colaboradores, prefirió dejar que esta continuara. (3)
En los meses posteriores a julio de 1924, recién instalado el presidente Vásquez en el poder, todavía conservaba sus ímpetus el movimiento nacionalista que había luchado con intrepidez y arrojo por la “evacuación pura y simple” del territorio nacional de las fuerzas interventoras de los Estados Unidos, y de inmediato emprendió numerosas protestas contra su gobierno al que consideraban como una prolongación del gobierno Ocupación militar.
Calificaban de entreguista el régimen de Vásquez por haber aceptado las condiciones impuestas al país en el plan de desocupación Hughes-Peynado que ratificaba prácticamente los términos de la Convención de 1907, ahora nominada Convención de 1824, la cual mantenía los mismos privilegios a los Estados Unidos. Esta acción la hizo el gobierno con el argumento de que se procuraba consolidar, en condiciones más ventajosas para el país, las obligaciones financieras representadas por los bonos emitidos en 1908, 1918 y 1922.
El mantenimiento de la presencia de la Receptora norteamericana de Aduanas, contemplada en la Convención Domínico americana de 1924, se consideraba como un crimen, pues el presidente Vásquez pudo haber saldado la deuda y librar de este modo al país de la subordinación a los Estados Unidos en asuntos financieros, que por esta desacertada decisión se prolongó por dieciocho años más.
En lugar de proceder a favor del interés nacional, el presidente Vásquez procedió a incrementar el endeudamiento y a suspender la amortización de la deuda, que se elevó a 20 millones de dólares en 1928, con la coartada de que dichos recursos se emplearían en la ejecución de un amplio programa de obras públicas. (4)
En el tema de los empréstitos, el programa de obras públicas y la corrupción derivada de esta, el gobierno del presidente Vásquez fue percibido como una continuación del gobierno de Ocupación militar (1916-1924), implantado por los Estados Unidos. El arzobispo de Santo Domingo, monseñor Adolfo A. Nouel, criticó de forma ríspida el programa de obras públicas desarrollado por este que no estaba exento de prácticas dolosas:
“La Oficina de Obras Públicas es considerada por el pueblo como una verdadera válvula de escape por donde se ha ido y se va gran parte del dinero del pueblo destinado a caminos, puentes, etc. […]; en la práctica ha resultado que la actual dirección científica de Obras Públicas tiene menos capacidad técnica que cualquiera de nuestros maestros de obras, y la administración de los fondos corre tanto o mayor peligro, como si estuviera en manos de algunos de nuestros especuladores. Y ese estado de cosas se mantiene […] porque el sistema de recompensa por servicios prestados en la política interior eleccionaria allá en los Estados Unidos, dizque que así lo exige”. (5)
Obras públicas y corrupción
El vasto programa de obras públicas llevado a cabo por el gobierno de Vásquez lo ejecutó la secretaría de Fomento y Comunicaciones, al frente de la cual permaneció durante casi seis años el Lic. Andrés Pastoriza, a quien el presidente Vásquez designó por recomendación de Benjamín Sumner Welles, un cabildero suyo en los Estados Unidos.
Pastoriza procedía de una familia de tradición comerciante de Santiago y se había formado en los Estados Unidos, primero en la academia militar de Petskill de Nueva York y luego en Pierce School de Philadelphia donde se graduó de Administración comercial, razón por la cual se expresaba con fluidez en inglés. Pastoriza logró acumular una cuantiosa fortuna y sus fraudes quedaron registrados en diversas fuentes de la época como veremos a lo largo de este escrito y como lo ha destacado también el historiador Roberto Cassá. (6)
De acuerdo con Luis F. Mejía, Pastoriza era miembro de la Coalición Patriótica de Ciudadanos que salió derrotada en las elecciones de 1924 y “su capacidad comercial, su reconocido don de gente y su distinguida vida privada causaron excelente impresión en Sumner Welles, quien al sugerir al general Vásquez la designación de un ministro de un partido vencido en los comicios, para darle un carácter nacional y transigencia a su política, le mencionó a él con varios otros como persona utilizable. […]. Se le considera uno de los corruptores de aquella situación”. (7)
Por la voluminosa cantidad de recursos que recibió para el ambiciosos programa de obras públicas del gobierno, la cartera de Fomento y Comunicaciones adquirió una gran preponderancia e influencia por encima de las demás Secretarías.
Pero al mismo tiempo, su departamento de Obras Públicas se convirtió en una fuente de corrupción administrativa que alarmó a la prensa independiente de la época como La Opinión, La Información, El Independiente y el semanario Patria, dirigido por Américo Lugo y clausurado por el gobierno en 1928, e igualmente a un grupo de congresistas e intelectuales.
Por esta Secretaría salía, para diversas obras, la mayor parte de los fondos del erario como afirma Víctor Garrido en su libro En la ruta de mi vida (1886-1966), quien en la época se desempeñaba como contralor y auditor de Hacienda. Un medio periodístico de la época, no comprometido con el gobierno, calificaba el departamento de Obras Públicas como “pelo en la llaga del enfermo que no se cura nunca, y es lo que nos llevará a la ruina” y como un “tonel sin fondo, una bomba de succión que hala hasta la sangre de la ubre del presupuesto”. (8)
Como primer paso para poder actuar con plena autonomía en el uso de los recursos se procedió a la destitución del ingeniero John H. Caton III de la dirección de Obras Públicas, en marzo de 1925, cargo que ocupaba desde el período de la Ocupación militar, a quien no se le renovó el contrato y se le conminó a que abandonara el departamento en el más breve plazo. Esto se hizo:
[…] no solamente para capitalizar para el presidente Vásquez y su partido la repartición de cientos de jugosos empleos que vendrían a fortalecerlo políticamente, sino también para lucrarse por medio de transacciones fraudulentas con las compras de equipos y materiales de construcción a expensas de los dineros del pueblo. Sería el renacer de la corrupción y los asaltos a la Hacienda Pública”. (9)
Se debe aclarar que el presidente Vásquez utilizó la secretaría de Fomento y Comunicaciones para satisfacer las apetencias de su clientela política y esta fue una de las causas de la cancelación del ingeniero Caton con quien Vásquez había acordado el nombramiento en la dirección de Obras Públicas de hasta 118 recomendados políticos, pero en lugar de esto envió una cantidad de gente que sobrepasaba con creces dicha cifra.
Los inicios de la corrupción
Desde los propios albores del régimen de Vásquez se hizo evidente la corrupción administrativa. Así, para la aprobación de la Convención de 1925 y el préstamo de $2,500,000 de dólares, destinado a obras públicas, el gobierno de Vásquez corrompió con dádivas a los legisladores:
“[…] un consulado para el hermano del diputado tal, una legación para el tío del diputado cual, una prebenda en Rentas Internas para el sobrino del diputado perencejo, y aún dos o tres veces y más empleos espumados del caldero del presupuesto para el diputado zutanejo, para su hijo, para su hija, para el novio de la hija, etc.”. (10)
El periódico El Independiente, en su edición del 10 de noviembre 1925, explica cómo el departamento de Obras Públicas de la secretaría de Fomento y Comunicaciones dilapidó los $685,250 dólares que recibió del préstamo de $2,500,000 para la construcción de veintitrés carreteras, de las cuales solo construyó tres, que no se hicieron por concurso, sino por el sistema de administración, luego de lo cual expone que:
“El actual Congreso […] comenzó sus labores bajo los funestos auspicios de un empréstito de $2,500,000 para Obras Públicas que distribuyó a destajo sin el menor asomo de los difíciles conocimientos de la ciencia económica, se hizo una distribución completamente en desacuerdo con los más rudimentarios principios administrativos, se creyó llegado el momento de que todos los arroyitos cogieran agua y hoy se están palpando los resultados de la mala administración”.
Otra de las operaciones dolosas al inicio del gobierno de Vásquez fue la adquisición de la Compañía de Agua, Luz y Fuerza de Santiago-Puerto Plata que se hizo con la emisión de bonos por $2,500,000, aprobado por el Congreso, conforme a las bases propuestas por el director de Obras Públicas, operación en la que intervino también Sumner Welles.
Previo a esto, el anterior presidente provisional Vicini Burgos había rechazado la compra de la Compañía pues objetaba que sin haberse hecho una tasación de la misma se fijaba el precio de antemano, además de que entendía se trataba de una imposición “ruinosa” de los Estados Unidos. “Al final de cuentas, quedó demostrado que por la mencionada compra se pagaron $300,000 en demasía de los cuales la mayor parte fue probablemente a parar a los bolsillos del Sr. Welles, y el resto se lo dividieron equitativamente algunos de los prominentes burgueses que rodeaban a Vásquez, entre los cuales es lógico pensar que se encontraba el Sr. Pastoriza”. (11)
Era común durante el régimen de Vásquez, por ejemplo, encontrar leyes que autorizaban fuertes erogaciones de dinero, como es el caso de la ley número 518 de 1925 para la construcción del Teatro Nacional, para cuyo fin se entregó la suma $300,000, pero la obra no fue construida, aunque sí fueron retirados los fondos de la tesorería.
Muchas áreas clave de la secretaría de Fomento y Comunicaciones, como la reparación de caminos y carreteras, carecían de una verdadera organización por la ausencia de verdaderos planes y proyecto de trabajo, lo cual motivaba airadas protestas de los legisladores pues eran los responsables de autorizar las transferencias sin conocer con precisión la cantidad requerida, que en muchos casos se empleaban en actividades muy divorciadas de las solicitadas. (12)
El auge de la corrupción
El aumento en la construcción de obras públicas aconteció a finales de 1926 cuando el Congreso autorizó al presidente Vásquez a emitir bonos por $10,000,000 que aumentó la circulación monetaria durante 1927 y se combinó con una coyuntura favorable de incremento de los precios de los productos de exportación entre ellos el tabaco, el café y el cacao, así como un aumento en la producción de estos que favoreció la ampliación del mercado interno.
Esta bonanza económica dio lugar a un desbordamiento de la corrupción. Una gran proporción de los recursos obtenidos pasaron a Obras Públicas, que actuaba sin estar sujeta a ningún tipo supervisión y control, permitieron lucrarse a Pastoriza y sus allegados.
Los contratos para la construcción de obras públicas dejaban cuantiosas sumas en manos de Pastoriza y el grupo que lo rodeaba o quien hacía las negociaciones. Luis F. Mejía depara un testimonio sobre la construcción del acueducto de Santo Domingo cuyo contrato lo obtuvieron, por presentar la mejor propuesta, los ingenieros puertorriqueños Adriano González y Miguel Ferrer, pero los miembros de la Comisión del acueducto “como tenían facultad para rechazar todas las proposiciones y abrir nuevo concurso, les obligaron, según es fama, a pagar una crecida suma”.
Mejía valoraba esta obra como “una de las mejores realizaciones de Horacio Vásquez, aunque enturbiada por las maniobras ilícitas señaladas iniciaron la desmoralización y despertaron muchos apetitos de lucro que buscaron saciarse en distintas direcciones”. El puerto de Santo Domingo comenzó posteriormente y en él se gastaron fuertes sumas de dinero con las correspondientes filtraciones y luego los trabajos se suspendieron por agotamiento de los fondos. Mejía reconoce que la corrupción fue uno de los rasgos que distintivos del gobierno de Vásquez. (13)
Debate en el Congreso sobre la corrupción en Obras Públicas
Los niveles de corrupción en la construcción de obras públicas generaron acaloradas controversias en el Senado. Así aconteció con la solicitud ejecutiva de 5,000 dólares que se utilizarían en la construcción de la carretera de El Cercado, San Juan de la Maguana, a la cual reaccionó el senador Valdez:
“[…] será exactamente igual que ocurrió la vez pasada cuando se pidieron esos recursos a la Secretaría de Estado de Fomento y Comunicaciones y después enviaron números que resultaron inexactos. Me parece que lo procedente es buscar los medios para que la Honorable Cámara de Diputado vote la ley de concurso”.
Es inútil fingir que lo ignoramos. Son miles y miles de pesos que salen por varias puertas y ventanas del departamento de Obras Públicas destinados a cosas muy distintas y así se dicen: $49,000 cuando solamente hay 10 kilómetros de explanación de una carretera. En mi opinión todo el esfuerzo del Senado resultará inútil por la falta de sistema”.
En el debate congresual, el senador Luis F. Mejía planteó: “[…] yo estoy porque se construyan carreteras en el país y principalmente cuando se construyen hacia la frontera, pero estoy por razones de índole económicas, porque se gaste el dinero del fisco de una manera eficaz. Si se votaron $9,000 y se perdieron, es posible que se pierdan ahora esos $5,000 o parte de ellos”. Posteriormente el Senado aprobó la transferencia solicitada y pasó a la Cámara de diputados donde “hasta los colaboradores del gobierno criticaron la desorganización del departamento de Obras Públicas y sobre todo el manejo del Poder Ejecutivo”.
Mientras el senador Castellanos el caos predominante en el departamento de Obras Públicas “fue un virus que nos dejó inoculado el gobierno militar y que en tan poco tiempo que llevamos de buena administración no ha sido posible de extirpar el mal de raíz”. (14)
Referencias
(1) E. Cordero Michel, “Perfil de Horacio Vásquez”, Clío, año 86, No. 194, (julio-diciembre 2017), pp. 205-207.
(2) Víctor M. Medina Benet, Los responsables. El fracaso de la Tercer República, Santo Domingo, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 2013, p. 157.
(3) E. Cordero Michel, “Perfil de Horacio Vásquez, p. 209.
(4) R. Cassá, Historia social y económica de la República Dominicana, tomo II, Santo Domingo, Editora Alfa y Omega, 1980, p. 248.
(5) Carta de Monseñor Nouel a W. W. Russell, ministro de los Estados Unidos, 29 de diciembre de 1920, en: Alejandro Paulino (compilador), Los intelectuales y la intervención norteamericana, 1916-1924, Santo Domingo, Archivo General de la Nación, vol. CCCII, 2017, p. 133.
(6) R. Cassá, Capitalismo y dictadura, Santo Domingo, Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD), 1982, p. 595.
(7) Luis F. Mejía, De Lilís a Trujillo, Santo Domingo, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 2003, p. 209. Su primera edición se hizo en Caracas en 1944.
(8) El Independiente, 10 de noviembre de 1925.
(9) Víctor M. Medina Benet, Los responsables, p. 35.
(10) Rafael Darío Herrera (compilador), Américo Lugo en Patria, Santo Domingo, Archivo General de la Nación, vol. XLV, 2008, p. 184.
(11) Juan I. Jimenes Grullón, Sociología política dominicana, 1844-1966, vol. III (1924-1942), 2a edición, Santo Domingo, Editora Alfa y Omega, p. 22. El autor basa su juicio en lo expuesto por Julio Ortega Frier en Memorándum relativo a la intervención de Sumner Welles en la República Dominicana, Santo Domingo, Editora Taller, 1975.
(12) Alejandro Paulino et al, Análisis sociohistórico y premisas de la ascensión de Trujillo al poder, tomo II, tesis de licenciatura en Historia, Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1980, p. 358.
(13) Luis F. Mejía, De Lilís a Trujillo, p. 214.
(14) Boletín del Senado, No. 23, (26 de abril de 1926), citado por A. Paulino et al, Análisis sociohistórico y premisas..., p. 359.