Con masivo respaldo nacional e internacional demandando la salida de las tropas exógenas que de modo ilegal habían invadido el país, fueron abortados dos planes que perseguían legalizar esta arbitrariedad: en 1920 el Plan Wilson y en 1921 el Plan Harding. Para 1922 se retomó el expediente de la evacuación con la llegada de Sumner Welles, enviado especial del Departamento de Estado, quien escogió como “apoderados” de los dominicanos a Francisco J. Peynado, en realidad representante de empresas azucareras foráneas, también a los líderes de los partidos tradicionales en pausa voluntaria, coludos (de Horacio Vásquez), bolos (Elías Brache hijo los dirigía, el líder Jimenes había fallecido) y el Partido Progresista (de Federico Velázquez) con el propósito de preparar un nuevo plan para la salida de las tropas, que legalizara la invasión y el Gobierno de ocupación bajo términos eufemísticos.
Bruce J. Calder reconocido investigador norteamericano del tema, al describir la identidad del coordinador de los negociadores criollos con los intereses empresariales involucrados en el caso, comenta en su libro:
[…] Peynado era una persona excepcionalmente calificada para negociar con el gobierno de Estados Unidos. Su dominio del inglés, su comprensión de los norteamericanos, y sus múltiples conexiones en Estados Unidos le ganaron el aprecio y la confianza de los norteamericanos en corto tiempo logró impresionar favorablemente a los senadores McCormick y Pomerene, jefes del comité del Senado, y a través de ellos su mensaje llegó a otros individuos y sectores. “Me he sentido atraído hacia él desde el primer día en que le conocí, tanto por su fina personalidad como por su extraordinaria capacidad”, escribió Pomerene”. (Bruce J. Calder. El impacto de la intervención. La República Dominicana durante la ocupación norteamericana de 1916.1924. Fundación Cultural Dominicana. Santo Domingo, 1989. p. 332).
Sin dudas se conformó una estructura disidente del interés nacional, tutelada por una personalidad “independiente” con un background vinculado a los intereses empresariales del Gobierno de ocupación. Los partidos tradicionales bolos, coludos y progresistas, no quedaron exentos de responsabilidad histórica en esta maniobra, además de sus enormes errores políticos previos.
Los nacionalistas rechazaron de plano el nuevo plan de evacuación, moralmente era inaceptable la vigencia de la fementida Convención dominico-americana de 1907 que se insistía en mantener hasta se saldaran los préstamos en bonos de 1918 y 1922, empréstitos concertados y malgastados por los gobernadores extranjeros. El inefable Joaquín Balaguer citando al célebre negociador (ambos hombres del sistema) apuntó sobre este manejo inmoderado de fondos:
“Como consecuencia de esta serie de empréstitos realizados por el gobierno militar norteamericano, cuya administración no pudo ser más dispendiosa, la Hacienda Pública Dominicana se encontraba en 1922, según declaraciones hechas por el Lic. Francisco J. Peynado al Senado de los Estados Unidos “en peor estado que la víspera del 29 de noviembre de 1916, fecha en que se proclamó la ocupación del territorio dominicano”. (Joaquín Balaguer. El Tratado Trujillo-Hull y la liberación financiera de la República Dominicana. Consorcio Editorial. Bogotá, 1941. p. 73).
Adjunto a los indescriptibles préstamos concertados por el Gobierno de ocupación, se ordenaba reconocer la validez de reglamentos y resoluciones administrativas a favor de terceros. Se trataba de los propietarios de ingenios azucareros norteamericanos, que habían despojado de sus tierras a centenares de campesinos locales. Las protestas fueron múltiples contra esa afrenta “legalizada”, pese a la censura oficial. Veamos un párrafo de un artículo de primera página intitulado «El empréstito», publicado en 1921 en la revista Pluma y Espada, redactado por José Ramón López, previo al Plan Hughes-Peynado:
“El Gobierno Militar, simple delegación del Ministerio de los Estados Unidos en Santo Domingo, tiene fuerza, pero carece de derecho para poner manos pecadoras en la disposición de la Hacienda dominicana. hay que decirlo: en vista del terrible fracaso financiero del Gobierno Militar, los dominicanos hemos perdido hasta el último átomo de fe en su competencia administrativa. Jamás Gobierno dominicano alguno, ni en guerra ni en paz, incurrió en bancarrota tan inexplicable”. (Pluma y espada. Revista Miscelánea. Santo Domingo, 10 de abril 1921).
Pese a las advertencias las imposiciones siguieron su curso, la comisión “negociadora” criolla las aceptó, en esencia constituían una nueva deuda externa en su generalidad no consumida por los dominicanos, y el control político-económico del país.
Aunque el Plan de evacuación fue confeccionado en junio de 1922 su contenido esencial se mantuvo en secreto, mientras Welles y los criollos suscribientes del documento con apoyo del poder político militar del Gobierno de ocupación creaban las condiciones para hacerlo público, alegando que era lo mejor que podía ocurrir porque de lo contrario la intervención se haría permanente. Bruce J. Calder responsabiliza al principal negociador de mantener lo esencial del tratado en secreto:
“Un problema principal que confrontó Peynado en sus negociaciones era el de si debía revelar los detalles de sus conversaciones a otros dominicanos, especialmente al grupo nacionalista que rodeaba a Henríquez. pronto decidió mantener un completo silencio, a excepción de sus comunicaciones exhaustivas y frecuentes con Horace Knowles, a quien comprometió a guardar el secreto”. (Bruce J. Calder. Obra citada p. 334).
Horace Knowles fue el abogado contratado por los nacionalista para que los representara en Estados Unidos. Peynado no tenía la jerarquía para disponer mantener en silencio el acuerdo de evacuación. Esta importante decisión política estaba a cargo de Sumner Welles delegado del Departamento de Estado, quien ordenó hacer de publicó conocimiento el Plan de evacuación cuando estimó pertinente las condiciones. Welles apuntó en su libro que al llegar al país fue quien dirigió la campaña de persuasión, procurando los dominicanos aceptaran el plan de evacuación que incluyó un recorrido explicando sin publicar el proyecto por diversas ciudades como Bonao, La Vega, Moca, Santiago, San Francisco de Macorís, Montecristi, Puerto Plata, Azua, Barahona, San Pedro de Macorís, Sánchez y Samaná. (Sumner Welles. La Viña de Naboth. Editora Taller. Segunda edición. Santo Domingo, 1973. T. II p. 314).
Rafael Vidal en aquellos momentos solidario con el proyecto nacionalista, el 9 de septiembre publicó en el periódico El Diario, el artículo «Sobre el cadáver del pueblo», resaltando los misterios que se mantenían en torno a la posible publicación del nuevo Plan de evacuación:
“Ahora se dice que el Plan Hughes-Peynado será publicado el domingo con las modificaciones que ha sido posible introducirle en la serie de conversaciones que han sostenido los representativos dominicanos y el alto comisario, Mr. Welles. la cuestión de la no publicación del plan es el más fuerte de los narcóticos que, en esta ocasión, se han usado para aquietar, para cloroformar la conciencia pública dominicana. es una de las tantas falsedades inventadas para aquietar la actividad del pueblo mientras el cónclave, que preside Mr. Welles, teje y desteje la nueva tela de Penélope, que es el Plan Hughes-Peynado”. (Rafael Vidal. Medio siglo de historia. Piero Espinal Estévez, editor. Editorial Letra Gráfica. Santo Domingo, 2012. p. 76).
Hasta el último instante el texto real del Plan de evacuación era un enigma para la población. Vidal tildaba de cloroformar la conciencia pública, aludiendo al cloroformo popular anestésico de la época.
Finalmente se publicó un Memorándum sobre los acuerdos, aunque estaba fechado 30 de junio de 1922 en realidad se hizo público tras el 23 de septiembre, en este se advertía entre otros aspectos como disposiciones legales todas las resoluciones amparadas en Ordenes ejecutivas, que favorecían la adquisición de tierras por parte de los empresarios azucareros de Estados Unidos. La Barahona Company fue favorecida con 12 resoluciones, el Central Romana 8 resoluciones, Santa Fe Plantation Sugar Co. 3 resoluciones, Bentz hermanos 2 resoluciones, Consuelo Sugar Co. 2 resoluciones, San Cristóbal Mining Co. 1 resolución, Parde y Ely Dorsey 1 resolución. (Memorándum del entendido de evacuación de la República Dominicana por las fuerzas militares de los Estados Unidos de América, concertado en Washington, D. C. en junio 30 de 1922. Imprenta Listín Diario. Santo Domingo, 1922. pp. 7-8)
Se hizo evidente quien representaba los intereses azucareros de empresarios norteamericanos, Dana G. Munro funcionario del Departamento de Estado escribió un libro que se refería al tema, acentuaba como fue objetado el principal negociador criollo cuando le llegó la oportunidad de ser candidato presidencial: “Los oponentes de Peynado hacían acusaciones de que él era un candidato de las compañías azucareras estadounidenses, […] (Bernardo Vega, Dennis R. Simó, compiladores. La ocupación militar estadounidense de 1916. Ensayos y documentos. Academia Dominicana de la Historia. Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Inc. Santo Domingo, 2019. p. 375).
El enviado especial Sumner Welles admitía las protestas contra el plan de evacuación, pero las minimizaba:
“Hubo desórdenes locales en varios puntos del país, pero nunca llegaron a tomar proporciones serias, de modo que la agitación popular había mermado algo cuando el Comisionado Americano llegó a Santo Domingo, y se calmó más con la publicación inmediata de su declaración del propósito de su misión”. (Sumner Welles. La Viña de Naboth. Obra citada T. II pp. 313-314).
No pocos ciudadanos fueron apresados y medios de comunicación clausurados por su oposición a las negociaciones que contravenían el interés nacional. Welles se atribuyó la neutralización de las movilizaciones contra el Plan de evacuación, soslayaba que todo se impuso a manu militari.
Para aplacar las persistentes protestas de la población se difundió con insistencia a través de todos los medios de propaganda oficial que esta sería la última propuesta de evacuación, que si era rechazada se perpetuaría la ocupación militar extranjera. Inclusive ciertos intelectuales como Abelardo R. Nanita desde una supuesta posición “nacionalista” asumieron la defensa del proyecto infamante. Desde la revista La Opinión, al año de la imposición del mentado Plan de evacuación, insistía en difundir el miedo a la población:
“Se acusa a la intervención americana de que los seis años de ocupación no sirvieron sino para aumentar la deuda nacional en millones de pesos que se dilapidaron contra la voluntad de los dominicanos…. ¿A dónde habríamos llegado al cabo de cincuenta años de intervención? ¿A dónde al cabo de cien, si tuviéramos que esperar ese tiempo para rescatar la soberanía nacional junto con el pago de reparación por daños y perjuicios?” (La Opinión. Santo Domingo, 29 de septiembre 1923).
Ese fue el argumento central en adición a las fuerzas de las armas para neutralizar las protestas generalizadas contra el Plan Hughes-Peynado, tan repudiado como los fracasados planes Wilson en 1920 y Harding en 1921. Todavía en los inicios de la fatídica “Era de Trujillo”, cuando no se había establecido la censura rigurosa que caracterizó ese régimen, de vez en cuando se publicaban protestas contra el susodicho Plan de evacuación, como la insertada en la revista Bahoruco por el intelectual Armando Hoopelmán que sintetizaba el aciago episodio, sentenciando:
“Considero ocioso detenerme a analizar el fútil motivo que invocara la poderosa nación norteamericana para invadir con tropas de su ejército a la indefensa y pequeña República Dominicana, desconocer su Gobierno legalmente constituido, incautarse de sus rentas para manejarlas a su antojo, establecer un gobierno militar, dictar e imponer leyes, disponer de las tierras y de las aguas de sus ríos a favor de compañías yanquis y perseguir, encarcelar, dar tormento y asesinar a muchos nativos que en una u otra forma protestaron de tales tropelías. El mundo conoce los hechos y jamás podrán, los Estados Unidos de Norte América, no obstante el Plan de Liberación Hughes-Peynado, justificar los actos vandálicos de sus tropas en esta Isla”. (Bahoruco. Santo Domingo, julio de 1932. Núm. 101)