La reciente decisión del gobierno de retirar la propuesta de reforma fiscal, ante las crecientes presiones sociales, refleja el complejo desafío de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad económica y las demandas de la ciudadanía. Este giro hacia el combate a la evasión tributaria es un paso en la dirección correcta, ya que la eficiencia en la recaudación es fundamental antes de imponer nuevas cargas fiscales a los sectores productivos. Sin embargo, la retirada de la reforma también deja al descubierto la necesidad de un proceso más inclusivo y colaborativo.
El enfoque en la evasión tributaria es una medida sensata. De acuerdo con estimaciones, el país pierde cada año miles de millones de pesos por incumplimientos en el pago de impuestos, lo que limita las posibilidades del Estado para financiar servicios esenciales. Antes de pedir mayores contribuciones a empresas y ciudadanos, es lógico asegurar que todos cumplan con sus obligaciones tributarias actuales. Aun así, este esfuerzo debe ir acompañado de incentivos para la formalización y la transparencia en los procedimientos fiscales.
Sin embargo, una reforma fiscal sigue siendo necesaria, y es aquí donde los sectores económicos deben jugar un rol protagónico. El hecho de que la propuesta inicial no haya prosperado pone en evidencia que ningún plan será exitoso si no es el resultado de un diálogo abierto y participativo. Cada sector de la economía debe presentar sus propias propuestas basadas en sus posibilidades reales, asegurando que su aporte al sistema fiscal sea justo y sostenible.
Una política tributaria efectiva no puede ser homogénea; es crucial que refleje las realidades y capacidades de cada sector. Las Mipymes, por ejemplo, no pueden asumir las mismas responsabilidades que las grandes empresas sin poner en riesgo su supervivencia. De igual forma, sectores vulnerables como el agropecuario requieren políticas diferenciadas que tomen en cuenta sus ciclos productivos y vulnerabilidades.
El Estado, por su parte, debe garantizar espacios de participación auténtica, donde las preocupaciones de cada sector se traduzcan en propuestas viables. El combate a la evasión es un buen comienzo, pero no debe ser una excusa para posponer indefinidamente una reforma que, bien planteada, podría conducir a un sistema más equitativo y eficiente.
La sociedad ya ha demostrado que no tolerará reformas impuestas unilateralmente, y es momento de entender que la colaboración es el único camino hacia una política fiscal sostenible. Si logramos construir una reforma basada en el consenso, donde cada sector aporte en función de sus capacidades reales, el país podrá avanzar hacia una economía más sólida, justa y competitiva.
Este es un momento decisivo para redefinir nuestra relación con el sistema tributario. Si cada sector aporta de manera justa, el Estado optimiza la recaudación, y la evasión se combate eficazmente, la República Dominicana estará mejor preparada para enfrentar los desafíos futuros sin sacrificar el crecimiento económico ni la cohesión social.