El tema de como el gasto social del Estado impacta en el bienestar de la población es de amplia discusión en foros internacionales, tanto en el marco de los G-7, G-20 y sobre todo en el marco de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).
En el año 2015, los 193 países miembros de la ONU definieron lo 17 objetivos en diversos ámbitos, que se denomina los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS), u objetivos globales, que tiene un horizonte el año 2030.
En el citado acuerdo se establecieron metas tanto en el orden de reducción de la pobreza y la marginalidad, la desigualdad, alimentación, educación, salud, producción, protección del medio ambiente, equidad de género, acceso a agua potable y energía eléctrica, seguridad y paz social.
Para la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que es un organismo de la ONU, especializada en hacer estudios de la realidad económica y social de los países latinoamericanos, los principales desafíos para el cumplimiento de los ODS son el lento crecimiento económico mundial, las desigualdades sociales y la degradación ambiental.
Se ha reconocido que América Latina es una de las regiones del mundo con mayores niveles de desigualdad económica y social.
Según informe panorama social de América Latina 2021, presentado por la CEPAL, donde presenta el desempeño de los países en términos de gasto publico social se establecen diferencias importantes entre los países en términos de los componentes de gastos social por habitante 17 países de América Latina, de los cuales están en mejor posición los del caribe de habla inglesa que pasaron en términos de gasto social por habitante US$1,365/por habitante en el año 2007 a US$1,650/por habitante en el año 2020, en segundo lugar los países de América del Sur que pasaron de US$611/por habitante en el año 2000 a US$1,429/ por habitante en el año 2020; en tercero y último lugar se encuentran de forma conjunta Centroamérica, México y Republica Dominicana que pasaron de US$297/ por habitante en el año 2000 a US$653/por habitante en el año 2020.
Aunque se ha señalado que el gasto social público ha aumentado en la Republica Dominicana como resultado de la Pandemia del COVID-19, así como en otros países, pasando de 7% con relación al producto interno bruto en el año 2019 a 9.5% en el año 2021, no ha podido compensar el decrecimiento de la economía que se derivo en desempleo y aumento de la pobreza.
El gasto social del Estado influye de manera importante en el bienestar de la población, que es medido por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del índice de desarrollo humano (IDH), que es el resultado de la medición de tres aspectos fundamentales: 1)La esperanza de vida al nacer (vida larga y saludable), 2)conocimiento medido a traves de la tasa de alfabetización de adultos combinado con la tasa de educación primaria, secundaria y terciaria, 3) El nivel de vida a partir del Producto interno bruto por habitante. Donde 0 es el nivel mas bajo y 1 el nivel más alto de IDH; a partir de esta medición para el año 2018 los países con mayor IDH son Noruega (0.957), Suiza e Irlanda (0.955 respectivamente), Hong Kong Islandia (0.949 respectivamente).
La República Dominicana con IDH de 0.756 para el año 2019 ocupa el lugar número 88 dentro del grupo de 189 países. Aunque ha aumentado la cantidad de dinero invertida en programas de protección social y de salud, factores relacionados con el aumento del desempleo y el aumento del costo de la vida más que duplicándose la inflación anualizada de 4% en enero del 2019 a enero 2020 pasando a 8.73% de enero del 2021 a enero del 2022. Esta situación ha disminuido el bienestar de la población y tiene su repercusión en nivel de desarrollo humano.