Diana Cohen Agest, articulista de La Nación+, disponible en el sitio web siguiente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/ley-de-ficha-limpia-una-cuestion-de-etica-publica-nid22082024; presenta el espíritu y la letra del proyecto de Ley que se ha llamado de la «Ficha Blanca», que apreciamos su necesidad en la política criolla al igual que en la patria “gaucha”.
La articulista presenta el dilema argentino en unos amplios párrafos: «Si prevalece el derecho electoral y se menoscaba el derecho de los ciudadanos, la ética pública continuará su progresivo desprestigio y se perpetuarán los efectos que venimos padeciendo desde hace décadas: por un lado, la desconfianza en la palabra y en los actos de los funcionarios y el consecuente descrédito de las instituciones que los sostienen en calidad de servidores de la ciudadanía. Por otro lado, los efectos más concretos, el robo de los recursos de los argentinos, la desviación de fondos destinados al desarrollo del país, la imposibilidad de ofrecer servicios básicos a la población y el desaliento de las inversiones extranjeras.
Advirtamos que insistir en el principio de inocencia cuando se cuenta hoy con material probatorio de calidad (cámaras, videos, fotos) viola otro principio, el de realidad. En este contexto, invocar el principio de inocencia implica confundir dos categorías distintas: el proyecto de ley de ficha limpia es de materia electoral y no de materia penal. Y cuando las cosas que pertenecen a una categoría particular se presentan como si pertenecieran a una categoría diferente, se comete un error categorial. En palabras más pedestres, no se pueden mezclar peras con manzanas.
Como si fuera poco, se le suma la ineficiencia de nuestra (in)Justicia. Sabemos que los juicios de corrupción duran hasta más de dos décadas, y hasta se los deja prescribir. Dada su lentitud manifiesta, ni siquiera es necesario llegar a una segunda instancia. Propongo, por lo tanto, que, si se alcanza una sentencia, es porque hay plena prueba, aun cuando no esté firme. Quien está imputado y condenado por un acto de corrupción, debe concluir su proceso judicial antes de presentarse como candidato a funcionario público, como se exige en la legislación de la mayor parte de los países de la región.
Si no llegara a sancionarse la ley, los funcionarios cometerán un “sincericidio” y la ciudadanía correrá con ventaja: conocerá los nombres y los apellidos de quienes votaron en contra y de quienes no bajaron al recinto, impidiendo el quorum. Dados los débiles artilugios jurídicos de los que se valen quienes se oponen a la sanción de la ley, los ciudadanos sabremos quiénes ya están cometiendo actos de corrupción o quiénes son férreos candidatos a caer en ellos. Votar en contra o no votar es una forma de autoinculpación, en otras palabras, y dado que tanto se vapulea el principio de inocencia, “a confesión de parte, relevo de pruebas”. Los propios políticos son los que imponen la ley, son “juez y parte”. Quien vote en contra de la ley quedará como un rehén de sí mismo, de su decisión, pues estará blanqueando por anticipado que admite actos de corrupción que, si se admiten para otros, se admiten con más razón para sí.»
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Me tomo la libertad de incluir “partes extensas” el artículo de Diana Cohen Agest, porque la crisis argentina ha publicitado la realidad de una “casta” horrorizada por las reformas de eliminar una institucionalidad sustentada en una narrativa como es la falaz concepción del “Estado Presente” que sostiene la ubicuidad del Estado en la solución de los problemas y único responsable del sostenimiento del bienestar colectivo e individual.
Tal vez, sin dudas, las raíces doctrinales compartidas entre la social-democracia peronista y kirchnerista con sus equivalentes dominicanos afines del PRD-PLD-PRM conllevan a que el modelo corporativista que pelean aquí las contrapartes en la Internacional Socialistas. Mi terror estriba que la recomposición gaucha está revelando una estructura mafiosa y criminal también de larga data en nuestros casos de investigación de los desfalcos, dolos y timo que nuestra Procuraduría General de la República ha dado en llamar con nombres de la fauna marina, tienen visos de asociación criminal y hasta señales de ser reflejo del narcotráfico (un tema de interés de la agencia antinarcóticos estadounidense).
Mi pena es ver que el tigüeraje criollo de la partidocracia está impidiendo la consecución de los casos de la fauna marina. Debo sospechar que el horno ¡no está para galletitas!