Mientras realizaba mi trabajo mis compañeros y yo encontramos a una niña encadenada al pie de una mesa para no huir de la explotación que sufría. Estaba encadenada como un animal.
Para quienes como yo nos dedicamos a proteger a las personas y comunidades pobres de la violencia, la realidad siempre es impredecible. Después de años trabajando en esta área, no dejo de sorprenderme por la maldad humana que encuentra las más variadas formas de causar sufrimiento a otras personas. A menudo me pregunto por qué una persona comete actos tan viles contra otra persona, especialmente cuando esa persona es un miembro de su familia o una persona cercana. Pero, la maldad humana no tiene límites, y en un entorno en el que no existe protección efectiva para evitar que tales hechos sucedan, ocurren cosas como esta. Lamentablemente en República Dominicana no ha sido posible, hasta el momento, crear una realidad en la que actos de barbarie como este no ocurran.
Quiero dedicar un par de párrafos a hablar del estado de la nueva ley contra la trata de personas, cuya elaboración se inició en el segundo semestre de 2019, es decir, hace casi tres años. Esta fue una iniciativa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Lo que se suponía que iba a ser un proceso complejo, dada la importancia del tema, se volvió aún más desafiante, ya que el proyecto de ley ha estado bajo revisión durante aproximadamente un año por parte de la Procuraduría General de la República. Sé que puede costar creer que un tema tan importante como este reciba tal tratamiento mientras tenemos miles de jóvenes sometidos a un gran sufrimiento por la falta de una ley que garantice adecuadamente los derechos de la víctima y la sanción del agresor.
Todos conocemos la gran labor que está realizando el Ministerio Público dominicano en la lucha contra la corrupción. Ningún país puede avanzar realmente en un entorno donde la corrupción sea rampante, pero la lucha contra este flagelo no puede eclipsar la importancia de combatir también otros delitos, tan o más graves como la corrupción. Uno de ellos, por supuesto, es la trata de personas. Y en ese sentido, es incomprensible que la revisión de un documento tan importante que puede aliviar el sufrimiento de miles esté en alguna gaveta gubernamental sin respuesta.
¡Nuestras niñas están siendo encadenadas! ¿Qué más debe pasar para que el gobierno dominicano se dé cuenta de que la inacción lleva a desastres personales diarios, destruye vidas, familias, futuros? Y eso no es todo, destruye la economía y el entorno comunitario.
En nombre de la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas, compuesta por 18 organizaciones no gubernamentales en el país, a la cual represento, exhorto una vez más a la Procuradora General de la República y a sus asistentes directos a prestar la debida atención a la interminable revisión del proyecto de ley. No es posible que, en un organismo público tan calificado, con profesionales tan competentes no cuente con las personas y el tiempo para dedicarse a la que es una de sus principales funciones institucionales: la defensa de la sociedad.
¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? ¿Hasta cuándo no se cumplirán los plazos de revisión, que siempre se renuevan? ¿Hasta cuándo los delincuentes seguirán sometiendo a violencia sexual a nuestras hijas, hermanas y amigas, sin que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley se apoyen en un documento que podría transformar la vida de las personas? ¿Con qué derecho o con qué argumento se podría defender una inacción que colabora para que tantas personas y familias sean simplemente ignoradas, como si no tuvieran derecho a aspirar a una adecuada protección del Estado dominicano, en especial de su procuraduría?
He hablado de este tema cada vez que tengo la oportunidad, ya lo he dicho en varios eventos con la presencia de algunas de las máximas autoridades del país, y todos manifiestan y verbalizan su apoyo a la nueva ley. Todos entienden que la ley actual está desactualizada y ya no responde adecuadamente al fenómeno de la trata de personas. Pero todo se ha quedado en promesas.
El renombrado poeta y filósofo romano del siglo I, Quinto Horacio Flaco nos legó el dicho «Est modus in rebus», que significa que hay una medida para las cosas. La frase nos remite a la moderación, a lo razonable. Hago uso de las enseñanzas del filósofo para llamar la atención del Ministerio Público sobre su actuación contra la trata de personas. No es nada razonable que tengamos que esperar un año para la revisión de un proyecto de ley.
Una sociedad justa se construye con el trabajo de todos, especialmente de los que tienen la responsabilidad de velar por la paz y la tranquilidad social. Hasta ahora, esperamos que cumplan con este deber. Y mientras tanto, será cada vez más común que permitamos que nuestras jóvenes sean encadenadas como animales. Donde no se valora la vida, prosperan el crimen y el criminal.
¡Hay una medida para las cosas!
*José Monteiro es director de Misión Internacional de Justicia en República Dominicana y coordinador general de la Coalición de ONGs contra la Trata de Personas.