En el intrincado tejido de la gestión gubernamental, la distinción entre una administración meramente reactiva y una auténticamente visionaria se manifiesta en su capacidad para anticipar desafíos y forjar consensos, arraigados en una comprensión profunda de las aspiraciones nacionales. La República Dominicana, en su trayectoria hacia la consolidación de un Estado social, democrático y de derecho, se encuentra en una coyuntura crítica que demanda una evaluación rigurosa y una reorientación estratégica de los actuales métodos de gobernanza.
La serie de acontecimientos que han marcado la política pública reciente desde las propuestas de cambios fiscales de finales de 2020 y las de 2024, hasta las controversias surgidas en torno a proyectos legislativos como la Ley de Trata de Personas, la Ley de Ciberdelincuencia y el Fideicomiso de Punta Catalina, todos retirados del Congreso, revelan un patrón que requiere nuestra atención inmediata, pues estos episodios no son meros desaciertos tácticos, sino síntomas de una reacción al fracaso de propuestas técnicamente no consensuadas, que muestran un desafío estructural en el modelo de gobernanza gubernamental.
Un Estado moderno y eficiente no puede permitirse operar en un ciclo perpetuo de propuesta, reacción y retractación. Este enfoque no solo erosiona la confianza pública en las instituciones, sino que también compromete la estabilidad económica y social, pilares fundamentales de nuestro desarrollo nacional. Además, impone un costo significativo en términos de productividad y recursos, tanto para el aparato estatal como para los diversos actores de la sociedad civil que se ven obligados a una vigilancia constante para evitar que se aprueben iniciativas altamente lesivas para el aparato productivo nacional, la libertad de expresión o el desarrollo y la competitividad nacional.
La visión de Estado que nuestra nación requiere trasciende las respuestas inmediatas a crisis coyunturales. Implica la construcción de un marco de gobierno que priorice un enfoque estratégico, fundamentado en un análisis multisectorial riguroso y en la creación de consensos amplios de manera previa. Esta dirección no solo fortalece la legitimidad de las políticas públicas que se presenten, sino que también garantiza su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo.
El país que hoy tenemos es el resultado de comprender que la gobernanza efectiva en el siglo XXI no se mide por la capacidad de reacción, sino por la habilidad previa de articular visiones compartidas que movilicen a la sociedad en su conjunto hacia objetivos comunes. Esto requiere un liderazgo que no tema al diálogo, que busque activamente la participación de los diversos sectores y que tenga la sabiduría para integrar perspectivas divergentes en soluciones coherentes y equitativas. Por ello, se han creado espacios como el Consejo Económico y Social, bajo una mirada de que la concertación y el diálogo fortalecen la democracia.
La reforma fiscal, por ejemplo, debe ser concebida como una oportunidad para redefinir el contrato social entre el Estado y los ciudadanos. Este proceso demanda una deliberación nacional (un pacto fiscal como establece la Estrategia Nacional de Desarrollo) que trascienda los círculos económicos tradicionales, involucrando a la sociedad civil, los sectores productivos, los partidos políticos y la academia en un diálogo constructivo sobre el futuro que aspiramos en un entorno global complejo, altamente competitivo y en el que las tecnologías emergentes están transformando la forma de hacer las cosas.
Un verdadero estadista no rehúye el debate ni la crítica constructiva; por el contrario, los reconoce como elementos esenciales de un proceso democrático maduro. No se trata de reaccionar posteriormente, sino anticiparse e integrar diversas perspectivas en la construcción de consensos.
Es imperativo que elevemos el nivel de nuestro discurso y práctica gubernamental. Necesitamos un enfoque que no solo reaccione a los problemas del presente, sino que se anticipe a los desafíos del futuro y presente propuestas al país con el nivel que demanda nuestra sociedad. Esto implica invertir en capacidades de análisis y prospectiva, y fortalecer los mecanismos de diálogo y participación ciudadana, pues ahí radica la verdadera escucha, que va más allá que depositar anteproyectos de ley en el congreso que luego deben ser retirados para evitar conflictos sociales.
El camino hacia una gobernanza verdaderamente efectiva es arduo, demanda paciencia, compromiso y, sobre todo, una visión clara del tipo de sociedad que aspiramos a ser. Como nación, tenemos tanto la capacidad como el deber de exigir y construir un modelo de gobierno que no solo responda a las presiones sociales, sino que las prevenga; que no solo administre el presente, sino que diseñe activamente el futuro. Esa es la clave de los países que han avanzado.
La República Dominicana posee el potencial para erigirse como un paradigma de gobernanza democrática y desarrollo sostenible en la región. Impulsemos este potencial a través de un compromiso renovado con la planificación estratégica, el diálogo inclusivo y la apertura al consenso. Solo así podremos garantizar un futuro próspero y estable para las generaciones venideras, consolidando nuestro lugar como una nación progresista y visionaria en el concierto de las naciones.
En esta empresa colectiva, todos los actores políticos y sociales estamos llamados a elevar nuestro nivel de discurso y acción. Se trata de forjar un futuro en el que cada dominicano pueda verse reflejado y del que pueda sentirse partícipe.