No es difícil comprender las dotes de gentleman que adornan al magistrado Milton Ray Guevara. El proverbial cuidado y las elegantes maneras que caracterizan su regia personalidad son la sumatoria de dos atributos vivenciales: una vasta formación intelectual y el hecho de pertenecer a la generación de juristas que propició la transición del liderazgo tradicional dominicano a la nueva democracia.

Esas dos cualidades inescindibles le han permitido ascender a las más altas posiciones que reserva una sociedad a sus hombres de talento.

Tal vez por esa razón acudí a su pequeño despacho en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera apertrechado con un puñado de papeles para presentarle lo que sería mi obra. Y, de paso, sorprenderle con la petición de que la prologara.

Una vez revisado el “dossier”, su entusiasmo no se hizo esperar. Sugirió valiosas ideas para abonar lo que hasta entonces era el proyecto de un diccionario jurisprudencial que seguía el método del notable jurista y latinoamericanista Domingo García Belaúnde, en su obra homónima de jurisprudencia peruana.

El desafío era enorme, pero sus sabios consejos y orientaciones me llevaron a “no perecer en el parto”.

El pasado martes 12, nuestra obra fue objeto de su ponderación en un acto celebrado en la Universidad Apec y la comunidad jurídica nacional. Estas fueron parte sus palabras:

“Pareciera sencillo idear, redactar y materializar la publicación de un diccionario, pero no lo es, esto así porque son obras que soportan en sí objetivos que no deben pasar desapercibidos por el autor. La misión de un diccionario es establecer conceptos que deben ir acompañados de pedagogía, ese deber de que su redacción sea la correcta para el entendimiento de una persona con nivel de escolaridad básico y ser útil para una persona formada con los estándares más elevados de la academia; además, debe proveer la información precisa que permita ampliar, reducir o producir nuevos debates en torno al concepto desarrollado.

Cuando hablamos de un diccionario jurídico estos objetivos esenciales tienden a requerir mayor rigurosidad de análisis porque estamos frente a un instrumento de enseñanza y aprendizaje por excelencia. Uno de los grandes desafíos que enfrentan los diccionarios jurídicos es que tienden a estar redactados en un lenguaje que dificultan su inteligibilidad y por lo tanto su utilización y comprensión por la ciudadanía no formada en el ámbito jurídico. Un diccionario elaborado a partir de la jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución debe estar redactado para el entendimiento de toda la población; esto así, porque la Constitución está concebida para ser el arma de defensa utilizada por los habitantes de un territorio contra las acciones y omisiones arbitrarias de los detentadores del poder”.