El precio del petróleo sigue siendo un factor determinante en la estabilidad del crecimiento, de los precios y el bienestar del pueblo dominicano. La economía del país es importadora neta de petróleo y derivados, lo que la hace particularmente vulnerable al incremento de los precios de los hidrocarburos.

¿Por qué es vulnerable la economía dominicana al incremento del petróleo?

Lo primero, es que es un insumo importado, lo que quiere decir que no lo producimos y requerimos divisas para su adquisición en el mercado internacional. Al mismo tiempo, por ser una economía pequeña, de apenas 11 millones de habitantes, no incidimos en su precio ni por el lado de la producción y ni por el de la demanda. Esto implica, que es un precio dado por factores internacionales diversos como: la oferta y demanda mundial del commoditie, las tensiones geopolíticas, factores sanitarios (pandemia) y logísticos (cadena de suministros).

Un incremento del precio del petróleo tiene impacto en los precios de los productos de consumo alimenticio e industriales, pues muchos de estos dependen en su distribución del transporte de mercancías y servicios. Al mismo tiempo, tiene repercusiones en las proyecciones fiscales del Estado en cuanto a sus ingresos, gastos y financiamiento. Mayores precios de los combustibles inciden en las recaudaciones, pues un elevado precio de los derivados del petróleo reduce el consumo y al mismo tiempo, reduce las recaudaciones de los combustibles que representan en promedio el 10.0% de los ingresos por impuestos.

Por otro lado, afecta el gasto público, por efecto de mayores transferencias corrientes (sector eléctrico), gastos de transporte y administración del Estado. En consecuencia, menores ingresos y mayores gastos, presionan al alza el déficit presupuestario, y como resultado la deuda pública.

En el presupuesto de 2022, se estimó un precio del barril del petróleo de US$62.70 /Barril. Actualmente, el precio en el mercado internacional del WTI es superior a US$90/Barril. De continuar esta tendencia durante el año, tanto los ingresos, gastos y financiamiento estimados en el presupuesto tendrán que reformularse para ajustar las estimaciones a la coyuntura económica del petróleo.

En parte por el efecto que está teniendo el petróleo en los precios internos de la economía, el Banco Central ha recurrido a incrementar las tasas de interés de política monetaria, lo que se traducirá en créditos bancarios más caros y reducción del consumo y la inversión privada. Definitivamente, esto acarrea una desaceleración del crecimiento económico y menor bienestar por reducción de los niveles de ingresos por perdida de poder adquisitivo.

Por último, pero no menos importante, está el efecto que produce en el sector externo. Las importaciones petroleras representan en promedio, cerca de la quinta parte de las importaciones nacionales. Un incremento del precio del petróleo impulsa al alza el valor de las importaciones por efecto de la factura petrolera. Lo que, en consecuencia, genera mayores requerimientos de divisas en dólares e impulsa al alza la tasa de cambio, incrementando la espiral inflacionaria de la economía.

Ante este escenario, los agentes económicos deben ajustar comportamientos de consumo, usando medios alternativos de transporte, cambiando la matriz de movilidad de sus vehículos y racionalizando el consumo. El gobierno, no tiene de otra que hacer que el choque externo sea lo menos duro posible, incrementando las ayudas a productores nacionales, acortando la cadena de distribución de los productos (intermediación) y subsidiando por periodos cortos los bienes sensibles de consumo masivo para no afectar las finanzas públicas. Una medida que requiere más tiempo y debate público, es la modificación de los impuestos a los hidrocarburos, que requieren de reforma fiscal, ya que estos impuestos representan el 10% de las recaudaciones y debe identificarse la fuente alternativa de recuperación de ingresos ante su racionalización.

Ante este escenario, hay que valorar la implementación de medidas no convencionales que distribuirían la carga del peso que significan mayores precios del petróleo y derivados. Estas medidas deben ser de corte estructural, que requerirán la modificación de leyes y normativas de hidrocarburos y variar decisiones discrecionales poco transparentes de parte del Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM). Con ello se buscaría aliviar la carga impositiva a los derivados del petróleo, reducir las exenciones de importación de combustibles para generación eléctrica, minería, zonas francas y grupos del sector turismo; el gobierno no tiene otra salida, si no quiere explorar el camino incierto de la impopularidad y la insatisfacción social que se cuece cada viernes ante el incremento constante de precios.

Una ruta hacia la transparencia y la definición de precios justos en combustibles

Para revestir de legitimidad y confianza al gobierno, éste debe propiciar que el precio PPI sea fijado con la participación no solo del MICM y los importadores de hidrocarburos. Debe hacerse parte de esta comisión a PROCONSUMIDOR y PROCOMPETENCIA. Esta medida es una garantía de que el derecho de los consumidores a precios justos y transparentes sea resguardado. El otro punto es racionalizar la carga impositiva que para los niveles de ingresos salariales del país se hace insostenible. Tender a que estos sean efectivamente un mecanismo de tributación verde, que promueva el uso de energía alternativa y sea correctivo. Estudiar la posibilidad de sustituirlo por un impuesto al carbono que sea proporcional al nivel de emisión de CO2.

Con relación a los márgenes de comercialización fijarlo de acuerdo con mecanismo de mercado y libre competencia. La monopolización del mercado de importación, distribución y comercialización implica sobrecostos para los consumidores.

El Estado ha permitido de alguna forma el drenaje de recursos públicos a fines privados. Es importante que tengamos impuestos medianamente altos a estos bienes por los efectos medioambientales que tienen. Sin embargo, la transición energética debe darse ofreciendo opciones de transporte público masivo, eficiente en energía y, sobre todo sostenibles.