La semana pasada me encontraba en una institución académica privada, al presentar un documento del Poder Judicial, la secretaria del centro universitario me decía que el documento que le mostraba carecía de sello; en ese momento procedí a explicarle que el Poder Judicial desde hace algunos años utiliza la firma digital y que podría constar la veracidad del documento mediante el código QR. Lo anterior confirma mi tesis que la población en general se encuentra divorciada de los avances en el sector justicia, manteniéndose apegados cual papagayos a repetir los epítetos mal sanos y a las tendencias del populismo mediático judicial.
El Poder Judicial de la República Dominicana desde finales del siglo pasado se ha visto envuelto en una marcada reforma institucional. La creación de una Ley de Carrera Judicial, la formación de los Jueces mediante la Escuela Nacional de la Judicatura y los programas de mora cero son de los pilares que soportan el avance de la función judicial, vale destacar que dicha función resulta ser el contrapeso del poder coactivo del Estado. Los tribunales de la República constituyen el lugar idóneo para la resolución de los conflictos judicializados, así lo afirma la Constitución de la República Dominicana en su artículo 149 párrafo I establece que “la función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley. El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.”
En el 2019 en la provincia de Puerto Plata se celebro una asamblea de los miembros del Poder Judicial donde se iniciaron los trabajos para implementación de una visión institucional 2020-2024. Con el esfuerzo de cada servidor judicial las metas planteadas fueron alcanzadas, por ejemplo, podemos mencionar la implementación de la firma digital en las decisiones judiciales, un sistema de gestión de casos con el cual se puede verificar el transcurrir de cada proceso del cual se encuentra un tribunal apoderado.
En la actualidad el Poder Judicial se encuentra en el marco de dar a conocer la visión 2025-2035, la ruta a seguir en la década próxima. Los pilares de acceso a la justicia, la transparencia, la resolución alterna de conflictos, la transformación digital del modelo de atención y gestión documental son los ítems a desarrollar en post de seguir fortaleciendo el rol del Poder Judicial y de esta manera brindar a la ciudadanía una justicia más digna, oportuna y transparente.
Sin embargo, existen factores que constituyen retos, oportunidades de mejora que deben ser observados por las autoridades del Poder Judicial. Dentro de ellas se encuentran situaciones como el clima laboral, la identificación o sentido de pertenencia del colaborador con la institución, las políticas de compensación y beneficios. Si bien es cierto estas son cuestiones no tangibles, no menos cierto es que son factores que inciden en la motivación del personal a los fines de asumir la causa común que se ha propuesto la institución.
En tales atenciones resulta de suma importancia la solución definitiva de los impases con el “escalafón judicial”. La función del juez es ser un tercero imparcial, quien actúa en independencia de criterio apegado solamente a la Constitución y las Leyes sin temor a interferencia, presiones mediáticas o represalias, así lo manda la propia Carta Magna en su artículo 151 al establecer que “las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y las Leyes. No podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y las garantías previstas en la ley”.
El Poder Judicial, dentro de sus planes de mejora y transparencia de los procesos, desarrolla un sistema de escalafón judicial; el mismo tiene la misión de identificar y calificar los méritos de los jueces en función de dotar de una herramienta que en orden descendente pueda establecer quien se traslada o asciende primero. Tal sistema constituye un logro para los jueces, pues busca eliminar la discrecionalidad y el amiguismo a la hora de producirse una vacante dentro del tren judicial.
De forma lamentable dicho escalafón, y así se evidencia en la prensa nacional, ha sido atacado en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. No pretendo aquí analizar las cuestiones de hecho y derecho de tales acciones jurisdiccionales, lo que si es necesario es dejar constancia de la necesidad para el colectivo de los jueces que el Tribunal Constitucional decida dichos procesos, para de ese modo frenar una incertidumbre que afecta a tan importante colectivo como son los magistrados y que a la vez empaña la estrategia de modernización del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional, en su rol de garante de la Constitución, no puede hacerse el mudo ante tan trascedente situación que afecta y permea todo el sistema de justicia.
Otro punto a resaltar es el sistema de compensación y beneficios de los servidores judiciales. Duele decirlo, pero no podemos hacernos los tontos, existe una fuga de talentos de la institución a laborar en otros lugares atraídos por salarios más apetecibles. La función judicial es como un sacerdocio, es por vocación, sin embargo, es necesario recordar que la única actividad que le es permitida al Juez es la docencia, que dicho sea de paso también es mal pagada, sin embargo, la sociedad le impone al juez estatus, que hasta por cuestiones de seguridad debe resguardar los lugares que frecuenta, en que colegio están sus hijos y demás, lo cual conlleva un costo económico. Por tanto, sería interesante actualización de los salarios de los servidores judiciales, más ahora con la inminente reforma fiscal. Sería bueno verificar a los beneficios de jueces de la región, donde en algunos casos, hasta están libres de impuestos.
Reitero que la finalidad de estas líneas es ser una crítica constructiva, una oportunidad de mejora para las condiciones de los servidores judiciales, quienes, desde el alguacil del Juzgado de Paz más lejano, ya sea en las lomas de Polo, en Barahona, o Guananico en Puerto Plata, hasta un Juez de la Suprema Corte de Justicia, compartimos el mismo amor par la sagrada tarea de impartir justicia. Sueño con un Poder Judicial grande, eficiente y accesible.
Y haréis justicia.