A raíz de la viralización irresponsable de información falsa sobre un programa formativo del Departamento de Igualdad y Equidad de Género del Ministerio de Salud Pública, su ministro, Víctor Atallah, de inmediato y sin detenerse a sopesar las décadas de trabajo de este programa, decidió suspenderlo y revisarlo por un supuesto compromiso de su gestión con la familia.
Este programa cumple con funciones fundamentales del Estado y con un mandato constitucional, necesarias para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, garantizar la igualdad y erradicar la violencia. Así, se lee expresamente en el artículo 3.4 de la Constitución que el Estado promoverá las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género.
Lo mismo ya sucedía en el Ministerio de Educación, cuando en diciembre de 2022 dejó sin efecto la orden departamental que procuraba adoptar medidas para lograr la igualdad y propiciar herramientas pedagógicas como la perspectiva de género, útil para la construcción de una educación no sexista entre los y las diferentes actores del sistema educativo dominicano.
Recordemos que el primer deber de un servidor público es cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, no violarla.
En el último cuatrenio, han surgido y cobrado fuerzas grupos paramilitares nacionalistas que protagonizan diversos actos de violencia física y ciberviolencia. Uno de los hechos que protagonizó uno de estos grupos fue irrumpir a un homenaje hecho a Anacaona en el parque Colón, insultando, empujando y golpeando a las mujeres que se dieron cita en ese lugar. El liderazgo de ese grupo es conocido y las autoridades correspondientes han recibido denuncias de los hechos, las amenazas y el acoso, pero goza de total impunidad y protección.
Hace unos dias, el viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía negó la autorización a una marcha que tenía como objeto exigir a la comunidad internacional que intervenga en la crisis haitiana. Su mensaje es una respuesta a otro grupo ultranacionalista surge con nuevas amenazas de violencia para quienes asistieran a la marcha. El argumento del viceministro fue que ni los extranjeros ni los dominicanos que apoyen ese reclamo pueden realizar estas actividades. Es decir, que ni las personas extranjeras ni las personas dominicanas tendrían derecho a protestar, si la protesta es contraria a su propia cosmovisión ultranacionalista del mundo.
Violando los derechos la dignidad, a la integridad personal, a la protesta, a la cultura, a vivir una vida libre de violencia, al acceso a la salud, a la prohibición de la discriminación, a la educación, entre otros; estos grupos y voces desinformadoras que promueven el odio, que cometen e incitan la violencia, han encontrado nicho, se alimentan y son legitimadas por la desafortunada respuesta estatal.
Y ni siquiera lo logran con actos significativos de presión al Estado. No son representativos de la sociedad. Les basta con un par de tuits, unas granjas de bots, un medio de desinformación y una red social, para que, en menos de lo que canta el siguiente gallo, la autoridad correspondiente les sirva.
En este contexto se habla de reformar una Constitución que no urge ser reformada. Lo que hemos visto es un augurio de lo que puede suceder en los próximos cuatro años con daños y retrocesos que se pueden extender aun muy largo plazo. Un Estado legitimando violencia con respuestas violatorias a la misma Constitución o con silencios que se hacen cómplices.