Releyendo el texto de Franklin Franco que lleva por título La Población dominicana: razas, clases, mestizaje y migraciones (Editora Universitaria, 2012), me reencuentro con una cita en donde los reyes católicos, amo y señores de las «descubiertas tierras», indicaban que se suspendía todo conocimiento de causa criminal a aquellas personas que saliesen con el almirante en su primer viaje. La orden fue dada el 30 de abril de 1492. Según este mismo analista de nuestro pasado, el 22 de junio de 1497, en ocasión del tercer viaje, se amplía la cuestión en estos términos:
Todos y cualesquiera personas varones, que hubieren cometido hasta el día de la publicación desta Nuestra Carta, cualesquier muertes y heridas, y otros cualesquier delitos de cualquier natura y calidad que sean, excepto de herejía y Lesae Majestatis, o perduliones o traición…que fueren a servir en persona a la Isla Española, y sirvieren en ella sus propias costas (…), sean perdonados de cualesquier crimen y delito, y de cualquier manera y calidad de gravedad que sean… (Franco, p. 21).
Sin mediar en determinismos, pareciera que allí se selló el destino de estas tierras en cuanto al uso de cualquier medio y de cualesquiera gentes para lograr el enriquecimiento de unos pocos a costas de otros muchos. Así inició en nuestra isla el colonialismo, sistema económico basado en una relación de poder directa entre los europeos y los pueblos conquistados. Pasarán muchos años, el sistema colonial cayó, las relaciones de poder ahora están sujetas a nuevos términos y a nuevas condiciones; pero el colonialismo tendrá nuevas formas. Más tarde o más temprano, nacimos como nación independiente y blanco de los conflictos imperiales en la región. De algo estoy claro, cuando la política imperial se interesa por alguna región, recursos quieren. No basta ya el derecho, ni natural ni positivo, para regular las relaciones entre naciones; sino la fuerza y somos pequeños…
Si durante la dependencia de la metrópoli una cosa era lo que señalaba el rey, otra cosa era lo que obligaba el amo; recordemos que lo que dictaba el rey distaba mucho en aplicarse. Nacimos a la vida republicana teniendo como horizonte ese «vivir como chivos sin ley»; durante las distintas repúblicas las leyes apenas han servido para garantizar ciertas diferenciaciones en su aplicación según el tipo de gentes que la violaba; en algún momento diferenciación racial, en otros momentos diferenciación de clases y, por lo general, ambas cosas mezcladas. Muy pocas veces las leyes han servido de marco para la justicia en las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones o para proteger el procomún.
1961 se pretendió impulsar un nuevo orden social en el país, el discurso de toma de posesión de Juan Bosch y las primeras medidas de su gobierno apuntaban a una nueva visión de la democracia, de la justicia social y de las leyes en el país. Los sectores de poder rechazaron la naturaleza de los cambios, imperó la fuerza ( a través del golpe de Estado) y no la ley frente a un gobierno democrática y legalmente constituido. En 1966 el balaguerato se constituyó bajo la renovación del viejo trujillismo y en una expansión de la corrupción administrativa. El sistema de justicia se hizo de la vista gorda frente a los más de 300 nuevos millonarios de la época.
En el 1978, la ley de amnistía proclamada por el presidente Guzmán Fernández devolvió libertad a muchos presos políticos, pero también dejó de cuestionar y someter a la justicia a quienes habían asesinado a tantos líderes jóvenes y robado buena parte del erario durante los 12 años. El borrón y cuenta nueva condicionó la democracia dominicana y generó un nefasto proceder en la clase política y empresarial dominicana: la corrupción administrativa bajo un sistema de impunidad.
Del 1978 al 2020 han sido pocos los casos de corrupción llevados a buen término, por no decir, ninguno. Los gobiernos del PRD sistematizaron lo que ya existía. El PLD y sus 20 años en el poder no hizo más que llevar a niveles insospechados la podredumbre política y empresarial que ha dominado los destinos de esta isla. Por el momento, el gobierno actual adolece del mismo hábito, aunque con otra disposición.