El dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina gobernó la República Dominicana durante 31 años (1930-1961), logrando en ese largo período tener el control político-militar del país, incluida la forma de vida de los dominicanos.
Nadie, ni su propia familia, se atrevía a robarle un centavo al Estado ni cometer un acto doloso en su administración, ya que era robarle a Trujillo o atentar contra los intereses que le pertenecían como amo absoluto del país.
Trujillo fue asesinado el 30 de mayo de 1961 por un grupo de civiles y militares descontentos, en una conspiración con el apoyo indirecto de Estados Unidos.
Joaquín Balaguer, quien fungía como presidente “títere” bajo el régimen de Trujillo, intentó quedarse en el poder. Pero ante la presión política interna y la sociedad en general, y debido a acontecimientos posteriores se vio en la obligación de renunciar e irse al exilio para dar paso a la incipiente democracia y los aires de libertad del pueblo dominicano.
A partir de entonces, la lucha por el control del poder político y militar no se hizo esperar. La burguesía y la clase política dominicana buscaban su espacio en la dirección del Estado.
Entre gobiernos provisionales, triunviratos, golpe de estado, más una segunda intervención militar norteamericana en 1965, fueron los sucesos políticos históricos más trascendentales que prevalecieron en los subsiguientes cinco años de vida social dominicana.
En 1966 Balaguer, postulado por el Partido Reformista, regresó al poder tras ganar unas elecciones consideradas fraudulentas por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización que llevó de candidato a Juan Bosch.
Balaguer fue reelecto en dos oportunidades (1970 y 1974) para permanecer en el poder hasta 1978.
En esos 12 años, miles de jóvenes opositores considerados “izquierdistas” fueron asesinados. Se incrementó la corrupción administrativa en todos los estamentos del Estado y en las Fuerzas Armadas, y el Poder Judicial respondía a los intereses del régimen balaguerista sin condiciones.
Los gobiernos sucedidos a partir de 1978, aunque con más libertad y democracia y menos crímenes políticos, la corrupción administrativa continuó su rumbo de fortalecimiento a nivel gubernamental con participación del sector empresarial.
Si bien es cierto que Balaguer cimentó la corrupción administrativa desde el 1966 al 1978 y luego 1986-1990, los más descarados se han producido en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), rompiendo todos los records en ese sentido.
Los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes gobernaron el país durante 20 años, (12 y 8 años, respectivamente), se encuentran hoy en día bajo el escrutinio de la sociedad dominicana ante el desfalco, soborno y robo de los recursos del Estado cometidos en sus administraciones.
A partir de agosto de 2020, la historia política dominicana ha dado un giro sorprendente con el ascenso al poder del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y quien es un empresario comprometido con la transparencia y el saneamiento de la administración pública.
Un gobierno moralista defensor de los recursos del Estado, persecutor de los delitos de corrupción cometidos en pasadas administraciones, pero también los que se han producido durante su mandato.
Ha sido en el gobierno de Luis Abinader que el Ministerio Público ha logrado someter a la justicia a decenas de funcionarios, civiles y militares de gobiernos anteriores como han sido las operaciones Anti-Pulpo, Coral, Caracol, Medusa, 13, Falcón, Larva y 5-G, entre otros, recuperando en favor del Estado millones de pesos y dólares de los desfalcadores.
Tampoco han escapado funcionarios de su propio gobierno a quienes ha destituido de sus cargos por delitos de corrupción.
Abinader, en sus primeros dos años de gestión, ha logrado enderezar la economía, sanear la administración pública, recuperar el turismo y consolidar la independencia del Ministerio Público, entre otros logros significativos.
Logros obtenidos nadando en un mar de dificultades económicas provocadas por factores externos, como ha sido la pandemia del Covid-19, que durante casi dos años paralizó la producción agropecuaria nacional y el comercio, obligando a su administración enfocar todos sus recursos en atender las consecuencias negativas de la pandemia.
Otro de los factores negativos que ha tenido que enfrentar la administración de Abinader ha sido el incremento del petróleo y sus derivados, la carestía de productos importados como consecuencia de la inflación mundial que ha provocado la guerra entre Ucrania y Rusia.
Los ingentes esfuerzos del gobierno dominicano de frenar el alto costo de la vida ha sido el otorgamiento de subsidios a los carburantes, a fin de evitar el incremento de los comestibles, el transporte de pasajeros y de carga.
Pero, la crisis económica global que aun se mantiene y que al parecer va a empeorar en los próximos meses, podría afectar considerablemente la presente gestión de gobierno en los próximos dos años.
Y eso no es nada halagador a las pretensiones reeleccionistas de Abinader.
Ante esa realidad, los insaciables dirigentes políticos corruptos del PLD y los que han abandonado ese partido, para atrincherarse en la Fuerza del Pueblo, rezan para que esa gran crisis mundial no solo se mantenga, sino que se incremente, para intentar con mentiras y falsedades conseguir el voto de la población en los comicios de 2024.