Ligia Bonetti, reconocida empresaria y presidenta ejecutiva del Grupo S.I.D., ha lanzado recientemente fuertes críticas al rumbo que lleva el desarrollo económico en la República Dominicana. En su artículo, “Progreso sin enfoque: el riesgo de avanzar sin una visión clara”, señala que el país ha avanzado sin una estrategia clara para el crecimiento de los sectores productivos nacionales, lo que nos coloca en una posición de vulnerabilidad en el mercado global.

Este problema, sin embargo, no es nuevo. Desde hace décadas, la industria dominicana ha enfrentado serias dificultades que han llevado a la desaparición de sectores que fueron importantes en su momento. La transformación de las industrias productoras en simples ensambladoras e importadoras es un reflejo del fracaso no solo de las políticas gubernamentales, sino también de la propia dirección empresarial.

Históricamente, empresas como la Sociedad Industrial Dominicana (S.I.D.) de la familia Bonetti producían aceite de maní a partir de materia prima cultivada por agricultores dominicanos. El sector industrial estaba integrado verticalmente, creando empleos y aportando al desarrollo del país. De manera similar, La Algodonera de la familia Najri, que empleaba a más de 2,000 personas, producía telas y productos a partir del algodón cultivado localmente. Estos ejemplos representan lo que alguna vez fue una industria nacional fuerte, pero hoy solo quedan sombras de ese pasado.

La decadencia de estos sectores no se debió únicamente a factores externos como el contrabando o la falta de apoyo gubernamental. La verdad es que los propios empresarios hemos cometido errores que han debilitado nuestra competitividad. Uno de los factores más dañinos fue la sobreprotección que se ofreció a ciertas industrias. Con la implementación de la ley 299, el Directorio de Desarrollo Industrial creó un sistema de capacidad instalada, donde se limitaban los incentivos a nuevas empresas que quisieran entrar en sectores ya ocupados. Esta política contribuyó a la creación de oligopolios protegidos que, en lugar de fomentar la competencia, desincentivaron la innovación y el crecimiento del sector.

El problema no es reciente, y tampoco puede culparse exclusivamente a los gobiernos. Como empresarios, debemos asumir nuestra parte de responsabilidad. En lugar de buscar soluciones colectivas y trabajar por los intereses de la industria en su conjunto, muchos han priorizado intereses individuales, debilitando así la capacidad competitiva del país en el largo plazo. Este enfoque miope ha sido una de las causas principales por las que sectores que alguna vez fueron industriales ahora se han convertido en ensambladores o, peor aún, en meras empresas importadoras.

Un ejemplo claro de esta realidad es la Zona Industrial de Herrera, que en su apogeo albergaba 186 industrias, la mayoría dedicadas a la manufactura y ensamblaje. Hoy, prácticamente todas han desaparecido o se han transformado en negocios de importación o servicios financieros, dejando atrás la capacidad productiva que alguna vez impulsó el crecimiento del país.

Para revertir esta situación, es crucial que el país adopte una visión clara y una estrategia de desarrollo industrial basada en la innovación, la integración de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la mejora continua de la productividad. La creación de clústeres industriales puede permitir a las pequeñas empresas acceder a mejores tecnologías, comprar materias primas a precios más competitivos y entrar en mercados más amplios. Además, se necesita una política que promueva la competencia real, no la protección de intereses oligopólicos.

El futuro de la industria dominicana debe centrarse en la diferenciación de productos, la innovación y la inversión en tecnologías apropiadas para las PYMES. Pero esto solo será posible si los empresarios asumen su responsabilidad y los gobiernos implementan políticas coherentes y de largo plazo. De lo contrario, continuaremos viendo la desaparición de lo que alguna vez pudo ser un sector industrial dinámico y productivo.