La aceptación a participar en el debate presidencial organizado por ANJE por parte del presidente Luís Abinader constituye un significativo acontecimiento político y una buena noticia para la democracia dominicana. Históricamente este debate ha sido evadido por los candidatos a la primera magistratura de la nación. Que yo sepa, solo Juan Bosch en 1961 aceptó discutir con el padre Lautico García y eso por motivos muy específicos que le obligaron a ello: la infundada acusación que pesaba sobre Bosch de su filiación comunista. Debate que lo ganó Bosch con creces.
Modernamente, que sepamos, no ha habido debates entre candidatos presidenciales. Pero lo verdaderamente significativo es que un presidente en ejercicio acepte participar en un debate por la candidatura presidencial; más significativo aún, que acepte en condiciones donde el presidente-candidato tiene una abrumadora ventaja sobre sus contrincantes, como es el caso de Luís Abinader.
Pero el significado político más profundo de la aceptación por parte del presidente Abinader a participar en el debate presidencial propuesto por ANJE va más lejos, y tiene que ver con el porvenir de la democracia dominicana.
La democracia dominicana es hoy una de las experiencias más estables, en la perspectiva de los resultados de los procesos electorales. Luego del ajusticiamiento de Trujillo en 1961, el golpe de Estado a Juan Bosch en 1963 y la guerra civil de 1965, el país vivió un período de estabilidad autoritaria en el llamado gobierno de los doce años presidido por Joaquín Balaguer. En 1978 se inició un largo proceso de transición democrática que le permitió a Balaguer regresar al poder en 1986 sin mayores traumas. En las elecciones de 1994 quedó demostrado el fraude contra José Francisco Peña Gómez, obligando a Balaguer a recortar su mandato por dos años, consecuencia del pacto político que hubo que realizar para salir de la crisis y que condujo a una reforma constitucional madre del modelo de ejercicio electoral que hoy se tiene, el de la doble vuelta, la participación de los dominicanos que viven en el exterior, la doble nacionalidad, el Consejo Nacional de la Magistratura y en la práctica la separación de las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales en diversos modelos o tipos de ejercicios electorales. Pero desde 1996 a nuestros días se han sucedido siete gobiernos sin crisis electorales, lo que de hecho indica una gran y exitosa estabilidad del modelo democrático dominicano. Pero es ahí donde se hace evidente el rechazo a la discusión al debate abierto entre los candidatos presidenciales que se han sucedido en esos años: el debate ha sido rechazado de diversas maneras por los presidentes en ejercicio cuando han sido candidatos, desde Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Solo Luís Abinader ha aceptado el debate siendo presidente en ejercicio.
Ahora bien, que en las últimas tres décadas haya habido en la práctica estabilidad política eso no indica que la calidad de la democracia dominicana sea un idilio. En ese período (1996-2020) con una creciente y profundamente clientelización de la política de partidos, la práctica populista se hizo la nota característica de las relaciones del sistema de partidos con la sociedad. Aunque en momentos específicos la sociedad civil ha tenido importantes conquistas, la realidad es que la misma se encuentra hoy en una profunda dispersión, siendo sumamente débil en su capacidad de participación y exigencia de rendición de cuentas al Estado. A todo esto se suma el fantasma de la corrupción, como también las desigualdades persistentes que afectan a las mujeres y penaliza a la población más vulnerable.
De lo que se trata es de una convicción política que exige asumir el compromiso con la discusión de las ideas, al igual que demanda de la rendición de cuentas.
Todo esto viene a cuentas porque la agenda democrática dominicana está lejos de ser “agotada” y apenas iniciamos el camino que debe conducirnos a la consolidación institucional de una democracia efectiva, la modernización del estado que lo aproxime a un modelo nacional de estado de bienestar y en general permita una vida digna a los ciudadanos y ciudadanas.
La llegada a la presidencia de Luís Abinader fue en gran medida el producto de ese proceso de cambio democrático exigido por la población cuyo indicador señero fue el movimiento Marcha Verde. Esto delineó un claro propósito democratizador de la Administración de Luis Abinader, sintetizado en su objetivo de mayor transparencia de la gestión pública, como de independencia del sistema de justicia del poder ejecutivo.
En todo el periplo descrito la discusión política se ha producido sin un involucramiento directo en cada certamen electoral de los candidatos presidenciales en disputa, porque lo común ha sido que los candidatos-presidentes rechazan el debate. Lo mismo pasa un poco con los llamados programas de gobierno, que por lo común representan un mero requisito de la JCE y apenas culmina cada competencia político-electoral se engaveta hasta la próxima jornada cuatri anual.
Ahora bien, en la presente campaña asistimos a una nueva e interesante situación en torno a la figura del presidente Abinader, como candidato a la relección por el PRM y sus aliados. El primer asunto que llama la atención es la enorme distancia que Abinader le lleva a sus competidores. Si nos apoyamos en la encuesta Gallup, que goza de reconocido prestigio, la diferencia con el contrincante más cercano ronda el 40% a favor de Abinader. El segundo asunto es el del eje central en que se viene apoyando Abinader en su gestión de gobierno: la lucha contra la corrupción y la búsqueda de transparencia en la práctica gubernamental. En este caso no se trata de una simple consigna de campaña, sino de una práctica, de un objetivo político que viene acompañado de un esfuerzo por lograr una efectiva independencia del sistema de justicia respecto al poder ejecutivo.
En ese propósito es lógico que el presidente Abinader asuma de manera efectiva un potencial de diálogo y comunicación con la ciudadanía. De ahí que haya acogido la invitación de ANJE al debate presidencial que esta entidad organiza. En este caso, entonces, tal aceptación no es el producto de un simple giro táctico de la campaña electoral para ganar ventaja o sacar provecho mediático. De lo que se trata es de una convicción política que exige asumir el compromiso con la discusión de las ideas, al igual que demanda de la rendición de cuentas.
Lo significativo de ello es que con la decisión de Abinader podríamos estar presenciando el inicio de una buena práctica de un nuevo liderazgo dialogante que marca un compromiso de transparencia efectiva ante la gente. Se trata de un liderazgo moderno que dialoga, capaz de cambiar de posición si se le convence. Se trata en fin de una nueva práctica de mayor horizontalidad y acercamiento a la ciudadanía. Participar en el diálogo o debate que propone ANJE es pues un ejercicio consecuente con una visión y práctica de la vida democrática y ciudadana.