Uno de los vacíos existenciales que más ha calado en el dolor humano ha sido la poca aplicación del merecido peso de la justicia en la comisión de crímenes, sobre todo en los de lesa humanidad. Ese sentimiento se sobrecoge de indignación cuando ve que la impunidad triunfa sobre la razón vapuleando los sentimientos más profundos del alma.
Cuando los israelíes decidieron perseguir a los criminales de guerra, como Adolf Eichman y Klaus Barbie, no fue un espíritu de venganza que los hizo actuar sino un espíritu de justicia. No se puede confundir la retaliación con el espíritu de justicia.
Al hablar de crimen se podría pensar que solo atañe a homicidios y asesinatos. El que desfalca las arcas del Estado o del sector privado es tan criminal como el asesino.
Baltazar Garzón, juez español, hizo un gran aporte a la humanidad persiguiendo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, como Pinochet en Chile. Además llevó a la justicia a funcionarios argentinos, criticó la guerra en Irak y la cárcel de Guantánamo.
En España, en 2001, investigó cuentas en el extranjero del BBVA por lavados de activos e investigó la desaparición de 114,000 personas durante la guerra civil y la dictadura de Franco. En 2008 ordenó la apertura de 19 fosas donde se supone reposan los restos de García Lorca. Aunque estos grupos franquistas hayan logrado a través del Parlamento aprobar una ley de amnistía, nuestra conciencia nos dice que los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben.
En el Gobierno del canciller alemán Konrad Adenauer, el Parlamento (Bunderstag) aprobó una ley que estableció la prescripción de los crímenes de guerra después de haber transcurrido 20 años. Así eludieron la justicia grandes criminales alemanes de la segunda guerra mundial.
En Argentina fueron condenados varios militares por crímenes cometidos muchos años antes. Es propicio señalar que los militares no están exentos de ser imputados y sería irrisorio que fueran a ser juzgados por sus compañeros en cortes militares, en lugar de ser juzgados por tribunales civiles. Tampoco están exentos de ser imputados y juzgados los presidentes y expresidentes, que no siempre han actuado apegados a la ley, o peor aún, que han actuado contraviniendo las leyes y las buenas costumbres.
A la luz de estas ideas es muy valedera la propuesta del presidente Abinader de que quede consagrada en la Constitución la independencia del Ministerio Publico. De esa manera un procurador podría interrogar y hasta someter a la justicia al propio presidente sin temor a ser removido de su cargo. De haber sido así, Virgilio Bello, excelente exprocurador, no habría tenido que renunciar a su cargo de procurador, ni Guillermo Moreno habría sido cancelado como fiscal del Distrito Nacional. Dijo Cayo al Senado Romano: “Verba volant scripta manent” “Las palabras vuelan, lo escrito queda”. El único lugar donde se puede consagrar el principio de independencia es en la Constitución o Ley Sustantiva que es, sin ninguna duda, el principal andamio jurídico-político donde descansa la protección de los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos como también del Estado.
En un verdadero régimen democrático es necesaria tanto la libertad como la independencia de los poderes del Estado.
Parte del artículo 4 de nuestra Constitución habla de la separación de los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; separación esta inspirada en “El Espíritu de las Leyes”, de Montesquieu.
Se ha querido argüir que nuestro Ministerio Público es independiente y autónomo por la autonomía funcional que le atribuye el artículo 170 de la Constitución y que por esa razón no es necesario consagrarla expresamente en nuestra Carta Magna. Ese enunciado del artículo 170 no significa en modo alguno que el Ministerio Público sea realmente independiente.
¿Quiénes podrían oponerse a esta propuesta? A mi humilde entender, solo podrían oponerse los que tienen alguna cola que le puedan pisar o los que piensan que les pueda crecer esa cola en el futuro.
No veo razones valederas para oponerse a una independencia real del Ministerio Publico. Sería una tranquilidad para los que habitamos en esta pequeña geografía insular saber que, debido a esa independencia, el presidente de la República tiene que andar derecho y no violentar la ley, porque existe una autoridad que, aunque no está por encima de él, lo podría meter en la cárcel.
No ha sido coherente ni justa la retirada de la oposición de las conversaciones del CES sobre é}este y otros temas. Deseamos una oposición constructiva que enfrente las irregularidades de sus acciones y que apoye los aciertos positivos del gobierno.
Estos razonamientos deben ser aplicados a la ley de Extensión de Dominio. Es injusto que fortunas logradas ilícitamente las conserven estos antisociales. Han pasado dos años de estos nuevos incumbentes del Congreso y todavía están barajando el tema. El colmo de los colmillos ha sido que se fueron a un resort para dilucidar este proyecto. ¡Vaya Congreso que nos hemos gastado! Habría que escuchar a estos legisladores, que son los que tienen la última palabra, pero, desgraciadamente, debo admitir, que les profeso mucha desconfianza a estos privilegiados ciudadanos, pues hasta ahora sus actuaciones han sido muy irresponsables.
La sociedad dominicana nunca tuvo la merecida satisfacción de ver sometidos a la justicia y condenadas nefastas figuras de la tiranía trujillista, excepto los asesinos de las hermanas Mirabal. Y, paradójicamente, estos villanos que guardaban prisión en la Fortaleza Ozama fueron puestos en libertad por uno de los líderes de la guerra de abril de 1965.
Los crímenes nunca pueden prescribir aunque la ley diga lo contrario.
Si queremos un futuro cierto y justo para nuestro país las nuevas generaciones deben involucrarse y participar en estos temas.
El mundo cambia cuando los jóvenes se concientizan.