Dos acontecimientos importantes surgen esta semana para nosotros hablar en esta entrega aspectos generales sobre el comercio ilícito: 1) el seminario internacional sobre comercio ilícito que celebró la Dirección General de Aduanas y 2) el cierre del diplomado sobre comercio ilícito y falsificación de marcas impartido por la Escuela Nacional del Ministerio Público a sus miembros.
Hablar de comercio es referirnos al intercambio de bienes y servicios entre partes con fines mutuamente beneficiosos. Las personas y los países realizan actividades comerciales para mejorar sus circunstancias y su calidad de vida, y así la vida social se desarrolla en torno a las necesidades que pueden ser satisfechas a través del comercio. Estas actividades comerciales, a su vez, se encuentran regularizadas a través de los cánones legales dispuestos por cada país a fin de resguardar la protección de los bienes o servicios que serán puestos a disposición de la sociedad, a la vez que impacta a los Estados para la recaudación de impuestos.
Todo el desarrollo del comercio lícito va bien hasta que llega el comercio ilícito. Este comercio, tal como su nombre lo indica, no cumple con ninguno de los cánones legales exigidos por un país determinado, convirtiéndose así en un riesgo para el consumo humano la adquisición, producción, importación, exportación, compra, venta o posesión de bienes que no están regularizados ni autorizados bajo los registros requeridos por la ley (como el registro sanitario por ejemplo que afecta directamente a la salud y por ende, es de los más importantes).
En nuestro país, el comercio ilícito continúa siendo una amenaza importante para la economía y la salud; distorsiona la dinámica del mercado legal al llevarlo a competir en condiciones inequitativas contra importadores y comercializadores que evaden obligaciones tributarias, generando así un impacto negativo a la capacidad recaudatoria del Estado como consecuencia de la evasión fiscal, y por ende, su desarrollo sostenible.
Importante destacar que el comercio ilícito forma parte del engranaje de la criminalidad organizada. Nuestras autoridades y actores claves del sistema de justicia deben estar en alerta para identificar, investigar y perseguir eficazmente este delito, el cual, al ser parte de la criminalidad organizada, se constituye en un medio para financiar y fortalecer redes delictivas que operan a nivel transnacional.
La Ley No. 17-19 sobre la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados se convierte en el instrumento legal para su persecución y prevención. En ese sentido, estrategias legales y operativas de conformidad a esta ley y otra a fin, puede garantizar una respuesta efectiva y coordinada frente a este delito que afecta la economía y la seguridad pública, como fomentar la cooperación interinstitucional e internacional para su lucha, que logre una respuesta coordinada y efectiva.
Del mismo modo, a través de las medidas en fronteras en la Dirección General de Aduanas -DGA- se busca impulsar la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados; para ello es necesario que cada fabricante, cada comerciante, cada titular de una marca proceda cuanto antes a registrar su marca ante la DGA para contribuir con la protección de sus marcas y productos.
Los sectores más vulnerables a la acción del crimen organizado como los hidrocarburos, los medicamentos falsificados, el contrabando de cigarrillos, las bebidas adulteradas y el combustible, tienen profundas repercusiones económicas, sociales y de seguridad pública.
Aplaudimos las iniciativas de nuestras autoridades llevadas a cabo esta semana en enfocar su mirada al comercio ilícito, a fin de concientizar sobre su repercusión y buscar su erradicación.