El moribundo Estado haitiano continúa fallando en sus funciones básicas y permitiendo que grupos de interés no gubernamentales se abroguen funciones y atribuciones que ponen en peligro no solo la integridad y seguridad de los pobladores de la parte occidental de la isla, sino que afectan ya de manera más palpable al Estado dominicano. En la más reciente muestra de esto, vemos cómo estos grupos han decidido desviar el río Dajabón, resultando esto en una violación a los tratados entre los dos Estados y en la actual crisis.
Desde hace años la República Dominicana ha estado llamando la atención a la comunidad internacional sobre el deterioro de la situación en Haití y poniendo sobre el tapete que ante esto somos el país que más se ha esforzado en ayudar a los haitianos. Pero, como he comentado con anterioridad, la falta de un gobierno funcional en la parte occidental de la isla promueve la recurrencia de hechos como el actual que, en última instancia, afectan los intereses del Estado dominicano.
Y es que, con la desaparición del gobierno haitiano los grupos de interés que actúan en el territorio haitiano no tienen que tomar en consideración la vigencia de acuerdos internacionales, ni ningún tipo de marco normativo del derecho internacional. Estos grupos actúan bajo las reglas del hampa y como tal tienen como interés único el beneficio individual; poniendo así en peligro la estabilidad no solo de su entorno sino también del Estado dominicano.
Ante la inexistencia de un interlocutor oficial, el Estado dominicano cuenta con muy pocas opciones ya que para que pueda existir cualquier solución diplomática dentro del marco del derecho internacional, debe de existir algún representante del lado haitiano que pueda ejercer presión, o establecer control sobre la situación. En este caso, esto no es posible.
Esto nos lleva, una vez más, a tener que resaltar las debilidades del sistema idealista y a recordar uno de los principios que sustentan el realismo político en las Relaciones Internacionales, la fuerza es el árbitro final de todo conflicto internacional.
Pero, así mismo, es importante destacar que la fuerza, o poder duro, es multidimensional y que antes de llegar al conflicto armado, cuenta con diferentes herramientas de presión que le permiten alcanzar los objetivos deseados.
Es así como quedan enmarcadas las medidas anunciadas por el presidente Abinader quien, partiendo de una estrategia de negación ajustada a la realidad de la situación, ha determinado el cierre de la frontera, el cese del comercio binacional y las demás medidas, todas circunscritas a acciones dentro del territorio dominicano, pero que tienen un efecto directo ante el Estado agresor.
Estas medidas de negación buscan ejercer presión en aquellos grupos de interés haitianos que se benefician del comercio binacional. Esto, además, persigue generar una respuesta en la parte occidental de la isla que suscite una respuesta haitiana a una situación haitiana. Con la amenaza de extender el cierre de parcial a total, la presión irá en incremento y generará el resultado esperado, a corto o mediano plazo.
Recordemos que todo Estado que pretenda garantizar su supervivencia, su preeminencia y su desarrollo debe de mantenerse constantemente preparado para enfrentar y salir victorioso de los conflictos que puedan amenazar cualquiera de estos objetivos; pero es importante también recordar que la finalidad de esta constante preparación es que estos conflictos sean evitados.
En el caso particular de la República Dominicana, se debe de tener bastante cuidado de no caer en discursos intervencionistas, por muy breves y enfocadas que estas acciones puedan parecer, ya que las consecuencias a largo plazo para el Estado dominicano serían potencialmente mayores que los beneficios de esta.
Al margen de que iniciar una incursión al territorio occidental de la isla conllevaría una violación a la Constitución y a los tratados internacionales de lugar, y de que estaríamos afianzando la narrativa de que el Estado dominicano es “anti-haitiano”; la consecuencia más nefasta que se sucedería de darse una incursión, por muy limitada y breve que esta fuese, es que le daría a la comunidad internacional la excusa perfecta para promover una solución dominicana a la situación haitiana.
En un periodo de crecimiento económico, inversión extranjera récord, desarrollo de nuevas zonas industriales y polos turísticos, asumir la solución del problema haitiano sería catastrófico para el desarrollo de nuestro Estado a corto, mediano y largo plazo.
La República Dominicana debe continuar enfocada en una estrategia de disuasión y defensa, reforzando la frontera, extendiendo el cierre de ser necesario y tomando las medidas que sean pertinentes para la protección de los intereses nacionales, siempre dentro del territorio nacional y con la visión de que cualquier uso de la fuerza ha de ser eminentemente defensivo.
La defensa de los intereses nacionales conlleva el análisis de las distintas variables que afectan a corto, mediano y largo plazo al Estado. Es por esto por lo que en situaciones de alta tensión deben de calmarse las pasiones, cesar las incitaciones y ponderarse cada decisión con la cabeza muy fría bajo la premisa de ¿qué es lo que mejor le conviene al Estado para poder conseguir sus objetivos fundamentales? Y es bajo esta premisa que el presidente Abinader ha tomado la decisiones correctas de manera decisiva y contundente dentro de las opciones que le son posible, garantizando así la defensa de los intereses de la República Dominicana ante el capítulo más reciente de la terrible situación que afecta a Haití.