La masiva y continua afluencia de heridos hacia Ouanaminthe y las informaciones recibidas por las autoridades haitianas, provocaron que el 8 de octubre, Evremont Carrié, Enviado Extraordinario y ministro Plenipotenciario de Haití en República Dominicana, se reuniera con el presidente Trujillo para solicitarle el cese inmediato del genocidio. Al mismo tiempo, le transmitió las instrucciones recibidas del presidente de su país, Sténio Vincent, en las cuales demandaba realizar una investigación para establecer las responsabilidades de lugar, castigar a los responsables, indemnizar tanto a las víctimas como a sus familiares y la reprobación espontánea del Gobierno dominicano de lo acontecido.
El ministro Carrié, además, remitió una nota al Lic. Joaquín Balaguer, secretario interino de Relaciones Exteriores de República Dominicana, fechada el 10 de octubre, en la cual informaba “que desde el día 2 de octubre en curso el Gobierno haitiano estaba recibiendo informes de los oficiales de la Guardia de Haití de puesto en Ouanaminthe conforme a los cuales algunos haitianos que residían en la República Dominicana habían retornado a Haití después de haber sido víctimas de los peores tratamientos”.
Informó igualmente que tanto en el hospital de Cabo Haitiano como en el de Ouanaminthe se hallaban decenas de heridos, hombres, mujeres, ancianos y niños quienes presentaban heridas terribles que, según ellos mismos, les han sido “inferidas por miembros del Ejército dominicano provistos de machetes”. Asimismo, agregaba que se presumía la existencia en toda la línea fronteriza del lado de Dajabón de “cierto número de cadáveres de pobres haitianos muertos por razones que se ignoran” y que el presidente Vicent dudaba que su amigo Trujillo se hallara asociado a “sucesos tan deplorables”.
La escalada criminal contra los haitianos y domínico-haitianos no culminó el 8 de octubre de 1937. En una carta remitida por el general Héctor B. Trujillo a su hermano el presidente Trujillo, informa que, en la madrugada del 21 de este mismo mes, varios civiles o “sediciosos” embistieron a un grupo de alrededor de 70 haitianos entre hombres, mujeres y niños, que marchaban hacia Haití en el lugar denominado Carbonera, en la parte noroeste de la ciudad de Dajabón, los cuales antes de embestir a los haitianos cortaron las líneas telefónicas. Como saldo, quedaron seis haitianos heridos, a quienes los miembros del Ejército les dispensaron auxilios médicos. De acuerdo con la versión de los haitianos, si el Ejército no hubiera intervenido, los civiles los hubieran liquidados a todos.
Un Informe remitido el 25 de octubre por la Legación norteamericana en el país al Departamento de Estado, basado en informaciones suministradas por personas del Cibao de una “integridad insospechable”, establecía que el “incidente” era mucho más grave de lo que en principio se pensó y que con la información recabada se podía confirmar que los asesinatos de haitianos se ubicaban en la categoría de “una masacre sistemáticamente planeada y ejecutada con escenas de horror indescriptibles” en la que no se respetó el sexo ni la edad. “Niños aún pequeños e infantes de brazos fueron agarrados por sus tobillos y se les explotaron los sesos, estrellándolos contra las rocas o el árbol más cercano”, acción barbárica que todavía perdura en el imaginario fronterizo. El informe daba cuenta además de que el número de haitianos asesinados se elevaba a 5,000, cifra que coincidía con la investigación realizada por Legación haitiana.
El 25 de noviembre de 1937, Enrique Jimenes transmitió a Trujillo el clamor del ministro Leger sobre la entrada de nuevos heridos por la frontera y citó los casos de dos menores haitianos heridos de bala, un adulto con puñal y otro en una pierna, de nombre Arilus Prophete, en los alrededores de Loureveet y Bánica. El ministro Jimenes atribuyó este hecho a que “hay muchos haitianos que tratan de regresar clandestinamente por la frontera ocasionando nuevos conflictos […] y que convendría evitar que estos haitianos cruzaran la frontera”.
Las barbaridades cometidas por los ejecutores del genocidio las recoge Freddy Prestol Castillo en su libro El Masacre se pasa a pie (1973). Según el testimonio de Aurelia Izquierdo, esposa del profesor Diego Blanco, residente en la frontera en el momento de la matanza, los militares y reservistas, muchos de los cuales debía embriagarse, tenían que llevar a sus jefes macutos (bolsos) llenos de orejas como evidencia de que habían cumplido el servicio encomendado. En otra oportunidad, como lo ha narrado el periodista Juan Manuel García, los grupos de matones llegaron frustrados al parque de Dajabón por no haber localizado haitianos para asesinarlos y descargaron furia apuñalando las bestias caballares en que utilizaban.
La encerrona a la diplomacia haitiana
El Gobierno dominicano preparó muy bien su estrategia defensiva y su respuesta a la nota de Evremont Carrié del 9 de octubre, estuvo centrada en minimizar la horrenda matanza y solo reconocer la ocurrencia de “pequeños incidentes” originados por la ejecución de la Ley de Inmigración que se está haciendo cumplir, de la manera más estricta, en todo el territorio nacional. Se alegaba haber dado instrucciones a las Fuerzas Armadas que prestaban servicio en la frontera “de impedir que los habitantes de aquella zona continúen siendo azotados por los continuos robos que han mantenido últimamente aquella región en un estado de constante zozobra”.
El 15 de octubre el Lic. Joaquín Balaguer le propuso a Evrement Carrié, la firma de un Comunicado conjunto y le ofrecía “las garantías más formales” de que Trujillo haría que “se impongan a las personas que resulten culpables de los incidentes aludidos las sanciones correspondientes, y de que se acuerde, si hubiere lugar a ello, las reparaciones necesarias a las víctimas de las mismas”. Asimismo, le solicitó a Carrié la confirmación por escrito a la secretaría de Relaciones Exteriores si estaba de acuerdo con la doble declaración, las cuales darían al Gobierno haitiano “el máximo de garantías deseables”, y un detalle relevante: se autorizaba al ministro Carrié a participar como “simple observador”. Con mucha ingenuidad, y sin sospechar el tremendo amaño, el Gobierno haitiano dio su aquiescencia para la firma y publicación de este documento que se convertiría en un elemento crucial de todo el proceso de discusiones posteriores para la solución de la peliaguda disputa diplomática tras concluir la matanza y al mismo apeló la dictadura de forma aviesa para tratar de eludir todas sus responsabilidades.
En la versión final del Comunicado se declaraba que para prevenir que “algunos incidentes fronterizos” ocurridos en la frontera generen comentarios “exagerados y contrarios” a la armonía y cordialidad que ambos Gobiernos se habían esforzado en construir, se informaba que las “relaciones cordiales” entre ellos no habían comportado menoscabo alguno. Que el Gobierno dominicano reprobaba “enérgicamente los hechos”, que había abierto una investigación minuciosa para fijar las responsabilidades y aplicar sanciones y que todo quedaría solucionado para satisfacción de los dos Gobiernos. Al estampar su firmar en el documento final redactado por los diplomáticos dominicanos, el ministro Carrié tampoco advirtió que su Gobierno quedaba excluido de participar en las investigaciones que estaban supuestas a realizarse.
Es muy probable que Carrié no prestara atención a los detalles maliciosos que contenía el documento conjunto que firmaba, pero al percatarse de la celada en que había incurrido, le informó al presidente Vincent que firmó el comunicado junto a Balaguer porque Trujillo le ofreció garantías que se procedería con prontitud y severidad contra los autores de esos reprensibles actos. Además, porque para esa fecha desconocía la dimensión de la matanza, y cuando demandó participar en la prometida investigación que realizaría el Gobierno, maliciosamente se le informó que la misma era responsabilidad exclusiva de la justicia dominicana.