El derecho internacional es mas que un conjunto de normas abstractas que rigen las relaciones entre los Estados. En su esencia, tiene un carácter social que refleja y busca promover el bienestar colectivo, la justicia y el equilibrio entre actores de la comunidad internacional. Sin embargo, a lo largo de la historia, este sistema legal ha estado al servicio de los intereses de los poderosos y países imperialistas.
El empleo de la politización y manipulación de procesos penales y de acusaciones sin fundamento es parte de la realidad actual del quehacer político y las relaciones internacionales. Los ejemplos actuales de “justicia”, que no se adhieren al precepto “de dar a cada uno lo que le corresponde, es decir, de organizar una sociedad según los principios de la honestidad, la equidad y la razón, se multiplican cada día.
Esta situación ha sido palpable en los últimos días, pues Israel pidió a los Estados Unidos que ejerza presión sobre Sudáfrica para que desista de la demanda ante la Corte Internacional de justicia, que acusa al Estado Judío de violar sus obligaciones en virtud de la Convención sobre genocidio, por sus masacres contra la población Palestina en Gaza.
La amenaza y el chantaje, escondida detrás de las máscaras de una supuesta justicia, se conoció cuando la Cancillería del país sionista amenazó a Sudáfrica, con el argumento de que “trabajan actualmente con Estados Unidos” para que, en caso de continuar con las acusaciones contra Israel,” tendrán que pagar un alto precio, que puede llegar a la suspensión de las relaciones entre Washington y Pretoria”.
Sin embargo, de acuerdo con una publicación de Sputnik, es poco probable que Estados Unidos asuma esa medida tan drástica, ya que los intereses geopolíticos de la Casa Blanca hacen que mantenga su relación con Sudáfrica para contrarrestar la influencia de China y Rusia.
¿Qué nombre se le puede dar a los más de 20,000 niños asesinados por fuerzas militares de Israel en la Franja de Gaza, qué no sea el de genocidio?
Vayámonos a otro espacio del mundo y detengámonos en Perú, un escenario en la que la susodicha justicia mantiene tras las rejas a Pedro Castillo, un presidente, maestro, dirigente sindical, querido por el pueblo, a quien ahora la llamada “justicia” peruana se propone declararlo con “permanente incapacidad moral para ejercer la jefatura del Estado”.
El expresidente peruano permanece preso desde el 22 de diciembre de 2022, y durante ese tiempo, la autoproclamada presidente, Dina Boluarte, autorizó la represión contra manifestantes que pedían la liberación del mandatario, y ha sido acusada de varias acciones de presunta corrupción, pero continúa en libertad y al frente de la nación andina.
En otra nación del área, Ecuador, Jorge Glas, exvicepresidente durante el segundo mandato de la Revolución Ciudadana (2007-2017), quien ya cumplió seis años de prisión por acusaciones no comprobadas, tuvo que acudir a la petición de asilo en la embajada de México en Quito, porque se le seguía persiguiendo por elementos a fines a mecanismo de justicia.
Del recinto diplomático se le sacó a la fuerza por militares al servicio del presidente ecuatoriano, en un acto violatorio de distintas normas y leyes internacionales que prohíben este tipo de acciones dentro de una embajada, protegida por la inmunidad diplomática.
Trasladado a presión de alta seguridad, La Roca, y en estado de salud vulnerable, de acuerdo con reportes médicos, ahora los mecanismos actuales de “justicia “le han negado un recurso de habeas corpus, solicitado por su defensa para atender su situación actual de salud, agravada por la permanente prisión.
Estos son solo tres ejemplos del buen o mal uso de la llamada “justicia”, politizada y totalmente incoherente con su verdadero sentido. Aquí se pone en evidencia, que el derecho internacional no es simplemente un conjunto de reglas técnicas; sino una manifestación de los valores y principios que rigen la vida social a nivel global y debe ser aplicada en plano de igualdad y equidad, sin discriminación racial o social.