El pasado lunes 16 de septiembre de 2024 el presidente Luis Abinader anunció una “segunda ola de reforma, racionalización y modernización” de la Administración pública. Se propuso la fusión/absorción de varias instituciones (Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, entre otras) y la eliminación de otras (comisiones y consejos, esencial pero no limitativamente). La reforma se produce en la antesala de la ya anunciada reforma fiscal.
La realidad es que el desarrollo económico requiere inversión. Esa inversión se genera con recursos que en gran medida se obtienen mediante recaudación. No podemos ignorar el potencial de la tributación (i) para lograr objetivos fundamentales de desarrollo y (ii) como base del Estado de bienestar. Por demás, a nivel mundial las políticas impositivas se utilizan cada vez más para consecución de objetivos no recaudatorios tales como estimular regiones, conductas y beneficios sociales. La República Dominicana del mañana debe priorizar estructurar mejor su sistema de recaudaciones. La tributación responsable de los ciudadanos es de primera importancia para el desarrollo, pero también lo es la responsabilidad del gobierno de implementar una política fiscal que promueva la sostenibilidad de las finanzas públicas y la eficiencia funcional de la Administración pública.
Evidentemente, no se le puede pedir compromiso a ninguno de los sectores de incidencia en la vida nacional si el propio gobierno no está dispuesto a darlo. Por ello, es crucial abordar aspectos como la disfuncionalidad histórica del Estado dominicano. En el marco de la disfuncionalidad que permea al Estado dominicano -radicada parcial pero no totalmente por la corrupción- se distingue un fenómeno de duplicidad institucional que contribuye a la fragilidad estructural del Estado. El paso de los años ha traído consigo la multiplicación de instituciones con funciones similares o idénticas, generando -más que un aumento irracional del presupuesto nacional- una estructura administrativa que resulta innecesaria.
Veamos un caso tangible. El Consejo de Gestión Presidencial tiene entre sus funciones “[…] gestionar, supervisar y dar seguimiento a las solicitudes, propuestas o proyectos que sean formulados por individuos o entidades”. El Gabinete de Política Social, por su parte, tiene por atribución, entre otras, “[…] conocer, atender y dar repuesta efectiva a la demanda social en las materias vinculadas a su ámbito de acción.” Alguna función similar tiene el valioso y efectivo Viceministerio de Gestión Social y Comunitaria.
También es ilustrativo el roce de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (“estimular, organizar y promover los esfuerzos de las comunidades del país hacia su propio desarrollo socio-económico”) con la Dirección General de Comunidad Digna (“promover, coordinar, impulsar y mejorar la asistencia a personas en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema con el apoyo del Estado”). En esta discusión también cabría, por si fuera poco, la importante Dirección de Proyectos Comunitarios del Ministerio de la Presidencia.
De igual forma, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (“establecer canales adecuados de comunicación interinstitucional e inter-grupal”) se confunde con el Gabinete de Política Social (“instancia de articulación de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas incluidos en el Sistema de Protección Social de República Dominicana”).
La duplicidad de funciones perturba la coordinación entre entidades y conduce al uso ineficiente de los fondos públicos. Además de las implicaciones económicas (que son las menos) la duplicidad distorsiona el funcionamiento racional e inteligente de la estructura del Estado y deslegitima esfuerzos del gobierno.
El actual gobierno ha dado algunos pasos hacia el abordaje de esta problemática, suprimiendo instituciones redundantes y consolidando sus funciones bajo entidades jerárquicamente superiores. Este enfoque procura racionalizar la Administración pública, mitigando la duplicidad y permitiendo la asignación más eficiente de recursos. No obstante, desde hace años se elevan voces en sentido similar. En 2017 la entonces senadora del Distrito Nacional, Faride Raful presentó una propuesta legislativa para reorganizar la Administración pública y eliminar instituciones. La propuesta destacaba la necesidad de erradicar organismos ineficientes y con duplicidad de funciones, reconociendo el impacto negativo en el déficit monetario.
El informe de OXFAM de 2017 aporta una perspectiva adicional, revelando la existencia de 77 instituciones con duplicidad de funciones, muchas de ellas sectoriales, y señalando que estas entidades consumen fondos públicos que para entonces excedían los trece mil millones de pesos anuales. Este hallazgo refuerza la urgencia de abordar la duplicidad institucional como una prioridad para garantizar el uso eficiente de los recursos y, de paso, aportar un grano de arena de cara a promover la sostenibilidad fiscal.
La duplicidad no solo afecta la eficiencia estatal, sino que también hiere la confianza pública, ya que la percepción del uso incorrecto e indebido de fondos contribuye a la desconfianza en las instituciones gubernamentales y sus representantes. En vista de todo ello, el problema de la duplicidad institucional exige una respuesta integral. Los esfuerzos legislativos, fiscales y administrativos para optimizar recursos y mejorar la eficiencia son indispensables para convertir el Estado dominicano en uno más fuerte, transparente y eficiente.