El final de un año y el comienzo de otro son siempre momentos de reflexión que nos permiten mirar hacia atrás y rendir cuentas. Como país cerramos el año con una serie de retos que se mantienen en pie sin respuesta satisfactoria. Aprovechando la llegada del año nuevo es preciso pues tener bien presente cuáles son estos desafíos para enfrentarlos. Muchas veces nuestra cultura cívica nos orienta más hacia el victimismo y no hacia la proactividad, pero como dijo Hunter S. Thompson “el hombre que posterga su elección tendrá necesariamente la elección hecha para él por las circunstancias”.
A continuación, diez deseos para el año nuevo, sin que su orden marque su importancia, que varía de lo esotérico a lo cotidiano respecto de pasos que se mantienen pendiente por tomar en la República Dominicana:
- Reducción del gasto estatal en publicidad: Con los RD$6,374.6 millones gastados en publicidad durante el año 2022 se pudo haber construido infraestructura como hospitales o se pudo haber destinado ese monto a la mejora del sistema educativo público, que sigue siendo mediocre. En cambio, se gastó esa cantidad irrazonable en publicidad siguiendo el mismo modus operandi que ha caracterizado las administraciones de los últimos veinte años.
- Eliminación del Anticipo al Impuesto Sobre la Renta (ISR): Como solución provisional a las dificultades financieras del Estado hace casi veinte años se implementó el anticipo al ISR que no es más que el pago adelantado (a cuenta) de ese impuesto por parte de los contribuyentes en base a resultados anteriores. Como toda solución “temporal” se ha quedado con nosotros como una especie de parasito tributario que afecta seriamente la liquidez de las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, y representa una traba para la formalización de aquellos negocios informales. Y la razón es lógica, ¿por qué debemos adelantar el pago de un impuesto año tras año sin haber tenido esa ganancia necesariamente? El anticipo, más allá de ser un agente distorsionador, es un ejemplo de primera fila de como el Estado no ha podido disciplinar sus finanzas con posterioridad a la crisis del 2003.
- Eliminación del impuesto a las transferencias bancarias y cheques: No obstante haberse tildado como otro impuesto “transitorio”, el impuesto a las transferencias bancarias y cheque también cumplirá casi veinte años. Nos quejamos de que gran parte de nuestra economía se mantiene del lado oscuro de la informalidad, pero tampoco implementamos “nudges” para fomentar la bancarización y disminución del uso de efectivo. Con la eliminación de este nocivo impuesto estaríamos dando el primer paso para lograr sustituir el efectivo como un mecanismo de pago.
- Aprobación de una reforma laboral: El mecanismo actual de cesantía que crece cada año y no está sujeta a un tope destruye valor pues obliga a todos los empleadores a reservar recursos para afrontar la contingencia (por más remota que sea) de desahuciar a la totalidad de su fuerza laboral, cuando dichos recursos podrían destinarse a otras actividades que sí generan un retorno. Visto desde otro ángulo, el pasivo laboral (que va más allá de la cesantía) es un ítem que virtualmente siempre se descuenta de los precios de venta de empresas (así como cualquier otro pasivo), la diferencia acá es que se trata de un pasivo que el empleador debe asumir por disposición legal de forma rígida y que corresponde a una realidad histórica y necesariamente la actualidad. La cesantía al igual que otras figuras relacionadas como el pago del 1% sobre el monto total de sueldos fijos para el INFOTEP son un producto de sus tiempos (el Código de Trabajo actual es de 1992, por ejemplo) y por tanto ya es hora de someterlos a reforma. No es descabellado pensar que si el Código de Trabajo y otras leyes sectoriales no impusieran costos rígidos tan elevados tal vez esa liberación de recursos se traduciría a una mejor compensación para la empleomanía dominicana.
- Solución al caos urbano del transporte: Como parte del Contrato Social el Estado asume el monopolio del poder y la violencia, monopolio que a todas luces no está usando para establecer el debido orden en el transporte dentro de las grandes ciudades de la República Dominicana. Todos los días un número incontable de motociclistas y conductores antisociales violan todo tipo de normas de tránsito, causando la pérdida de vidas y daños materiales. Este desastre en el transporte nos hace ver pésimamente como país pues es obvio para quien transita por nuestras calles que a las autoridades les queda grande el problema. Pero el asunto es peor que el caos en el transporte pues esto no es más que otro reflejo de la crisis social que estamos viviendo actualmente en la cual nuestros conciudadanos no respetan la ley ni mucho menos aspiran a comportarse civilizadamente.
- Un verdadero cambio en la educación pública: No obstante, la victoria pírrica del 4% una década después nuestros promedios en matemáticas, ciencia y lectura conforme a PISA se mantienen siendo materialmente inferiores a los promedios de los miembros de la OCDE. El enfoque oportunista en construcción de edificaciones e infraestructura no se tradujo a una mejora en la calidad de la educación. Y el problema no es solamente que los estudiantes no obtengan buenos resultados en una prueba internacional, sino que tampoco se les está enseñando a pensar críticamente, una herramienta vital para una sociedad democrática que desee superarse. La ausencia de la habilidad de pensamiento crítico se refleja en todas las esferas de la vida dominicana; por esta razón, por ejemplo, es que la experiencia con instituciones públicas es casi universalmente negativa, porque a los empleados les enseñan un guion y un “así se hace” y no tienen la destreza para solucionar situaciones medianamente diferentes al estándar que están acostumbrados a ver.
- Un nuevo comienzo en el Colegio de Abogados de la República Dominicana (o por lo menos un “exorcismo”): Como clase profesional que asume el compromiso de cumplir con las leyes de nuestro país la reciente crisis electoral del CARD debe avergonzar a todos los abogados por diferentes razones. Por un lado, el CARD (como otros colegios profesionales) se ha convertido en un escenario de combate asimétrico político que los partidos intentan conquistar cuando resulta que por su naturaleza el CARD no es una entidad política y su única misión es regir y regular la profesión de la abogacía. Más allá del tema político, ¿cómo se supone que funcione el Tribunal Disciplinario del CARD frente a abogados que cometan infracciones disciplinarias cuando el colegio entero está envuelto en una crisis reputacional?
- Campañas políticas que se basen en ideas en el proceso electoral de 2024: Los partidos políticos se han acostumbrado a hacer campaña de poca sustancia intelectual (o con poco “tú-tú” como diría mi abuela) y se han enfocado más en la promoción de imágenes y derroche de recursos. Parte de este problema es la escasa diferencia ideológica entre los partidos existentes (que no es algo totalmente negativo pues en el actual contexto internacional nos ha regalado cierta tranquilidad) pero la otra parte del problema es la aceptación por parte de la ciudadanía de esta realidad y su falta de exigencia de un debate más profundo basado en los méritos de las ideas.
- Promulgación de un Código Penal moderno junto a las tres causales: Diversos actores han tomado de rehén a la muy necesaria reforma del Código Penal que lleva años por el tema de las tres causales. Si bien es cierto que se trata de un tema complejo y que todas las opiniones deben ser oídas, ante nuestra realidad social las tres causales son necesarias para salvaguardar los derechos de la mujer.
- Un golpe de gracia a la cultura de la corrupción: No obstante, las incontables reformas que han tomado lugar como, por ejemplo, la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones y la implementación de la declaración jurada para los funcionarios (hecha en la administración del presidente Guzmán) la realidad es que la corrupción continúa siendo la bête noire de nuestros problemas políticos y sociales. Nadie sabe a ciencia cierta qué porcentaje de nuestro PIB se “desvía” debido a la corrupción ni la cantidad de vidas que se pudieron haber salvado, los estudiantes que se pudieron haber alimentado o las grandes obras que se pudieron haber hecho con todos los recursos que se han “mermado” en el camino durante los últimos veinte años.