Muchos confían que las elecciones de este año 2024, cumplirán los principios rectores de la organización de los procesos electorales; en especial, certeza electoral, transparencia e integridad correspondiente. Asimismo, consumarán los otros 11 fundamentos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral, 20-23. Es decir, legalidad, libertad, equidad, calendarización, pro-participación, interés nacional, inclusión, pluralismo, territorialización, participación y representación.

De entrada, en términos porcentuales dependiente de la pandemia Covid 19 y crisis de las elecciones municipales del año 2020, la participación electoral en votos emitidos, sufrió una reducción o disminución del 14.3% llegando a 55.3% en los pasados comicios. En 2000 votó 69.8%, 2004, 67.6%, 2008, 66.3, 2012, 64.1% y 2016, 69.6%.

Por lo tanto una mayor participación electoral en votos emitidos podrá esperarse para este año 2024. Este resultado deseado es especialmente optimista, después que la sociedad política, la sociedad civil y el empresariado, asumieran medidas, disposiciones y decisiones enérgicas para “exorcizar y desendemoniar” la Junta Central Electoral (JCE), de los diversos cuadros partidarios disfrazados de jueces y expertos electorales, que perturbaron los procesos electorales precedentes.

En la actualidad, figuras como el ex-presidente del Tribunal Electoral, académico e investigador electoralista Román Andrés Jáquez Liranzo; el exitoso abogado y experto electoral Rafael Armando Vallejo Santelises y la gerente eficiente de la organización del registro civil dominicano, magister Dolores Altagracia Fernández Sánchez.

También,  la especialista en ingeniería de sistemas y telecomunicaciones, Patricia Lorenzo Paniagua, y el pasado coordinador general de Participación Ciudadana (PC) y politólogo doctor Samir Rafael Chami Isa. Todos cuentan con los créditos técnicos y las experiencias electorales suficientes para salir airosos de la próximas elecciones municipales y nacionales con el apoyo de todos los sectores sociales sensatos.

La masividad del voto será una garantía para la estabilidad democrática e inmediata de aceptación de los resultados electorales por vencedores y perdedores.

La participación electoral es un elemento fundamental de la gobernabilidad. En un sistema democrático, la votación es la vía principal de expresión de la voluntad de un ciudadano para atribuir la responsabilidad de la administración de la cosa publica a un individuo concreto.

Sin embargo, los datos de procesos electorales recientes y los resultados del Santiagobarómetro de Gobernabilidad realizado por CDES www.cdes.do en 2019, muestran que si bien es cierto que la participación electoral sigue siendo el recurso de mayor aceptación y uso,  su preponderancia no alcanza los niveles que se desearía.

Aunque casi la mitad (46.0%) de los investigados en 2019 expresó que el voto es la manera de conseguir cambios o influir en cómo se hacen las cosas, este valor representa una disminución del 10.0% con respecto al porcentaje que expresó pensaba igual (57.4%) en el Santiagobarómetro 2009, 10 años antes. Esto significa que un número mayor (54%) entiende que el voto no es la vía para resolver conflictos. Resultado que debiera ser revertido con la confianza potencial que se logre en estas elecciones 2024.

En este contexto electoral, el año 2024 se presenta lleno de desafíos, con tres momentos políticos decisivos y dos períodos económicos y culturales clave. Estas fases podrían fortalecer o poner en jaque, la virtualmente madura democracia dominicana. Igualmente, apuntalar, frenar o estropear, la ascendente confianza internacional en la economía nacional sosteniblemente. Que se caracteriza por estabilidad macroeconómica, inflación controlada, perseverancia monetaria, desempleo moderado y crecimiento permanente del PBI.

En el primer momento, la presentación de propuestas y gestión asertiva para atraer electores, se convierte en un período crucial. Muchos candidatos podrían verse atrapados en las nimiedades y minucias de las redes sociales mal utilizadas. Esta fase podría estar caracterizada por videos de imágenes "bonitas" con líneas discursivas vacías, frívolas y necias.

Incluso podría degenerarse en un período donde eventos comunitarios como asopaos, mondongos, locrios y sancochos, carentes de contenido y esencia, definan a los electores.

El segundo momento es el ejercicio del voto, programado para el 18 de febrero y 19 de mayo, si no hubiera una segunda vuelta. Aunque se presume que transcurrirá en paz, dada la larga presencia de las opciones oficiales en los primeros lugares electorales en decenas de encuestas, aún persiste la amenaza de rivalidades, conflictos y tensiones políticas vernáculas.

Finalmente, el momento de la juramentación de las nuevas autoridades municipales el 24 de abril, y legisladores, presidente y vicepresidente el 16 de agosto, representa una fase donde el protocolo oficial históricamente impone sus formas sin mayores repercusiones, reclamos o voces congresuales.

En cuanto a los dos períodos económicos y culturales, primero, destaca la implementación y ejecución de los diversos presupuestos nacionales y municipales para atraer el voto. Segundo, se mencionan las diversas fechas patrias, celebraciones religiosas y festividades populares. Desde el día de Reyes hasta las conmemoraciones altagracianas, fiestas patrias, el carnaval y la Semana Santa, que podrían desempeñar un papel electoral no cuantificado.

Son los desafíos más importantes para asegurar la estabilidad política, el crecimiento económico y la gobernabilidad valorada como el proceso de enfrentar los desafíos para poder lograr avances sustantivos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo que establezcan relaciones virtuosas de reciprocidad del Estado con la ciudadanía.

La nación está obligada a continuar con el gran contrato social para transformar el Estado y seguir recobrando la confianza de la ciudadanía en las elecciones. Esto incluye la continuada transformación de la gestión pública que apunte de forma sostenible a la rendición de cuentas, transparencia, lucha contra la corrupción pública-privada y la mejoría la calidad del uso de los recursos fiscales.

Solo así se conseguirá crear un país más cohesionado. Una nación donde los ricos tengan el ambiente adecuado para desarrollar y disfrutar su riqueza, pero también donde los pobres no se sientan desprotegidos, encuentren oportunidades de superación y perciban que su esfuerzo es adecuadamente recompensado.