La República Dominicana es un país en vía de desarrollo, con una gran deuda social acumulada y una deuda externa aproximada al 60% de su Producto Interno Bruto (PIB), ascendente a casi 60 mil millones de dólares, la cual va in crescendo, fruto de la voracidad del gobierno actual de querer cubrir todas sus obras y gastos de capital a base de préstamos externos no fiscalizados. Los únicos préstamos que son supervisados son los que otorgan los organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyos montos son desembolsados a medida que son entregadas las informaciones requeridas.
Los préstamos obtenidos para obras de infraestructuras de desarrollo que devuelvan su inversión, siempre que lleguen a su destino final, no se cuestionan. Lo que sí se cuestiona es que casi 1/3 parte de la deuda externa del país no ha sido utilizada para los fines previstos ni para la solución de los graves problemas básicos que afectan al país, sino que ha ido a parar a los bolsillos de funcionarios y sectores de poder.
Es alarmante el abuso con que se derrochan, se tiran por las bordas y se distraen los recursos de nuestras instituciones públicas, sin que se aplique un régimen de consecuencias a los responsables. Es indignante observar cómo en la presente gestión gubernamental, en el Ministerio de Educación, se compraron sin licitación, grandes cantidades de libros, zapatos, mochilas, uniformes, computadoras y tabletas por más de tres mil millones de pesos, los cuales se echaron a perder, solo para beneficiar a sus adeptos. Lamentablemente esto no ha llamado la atención a las autoridades competentes ni a los órganos que conforman el sistema nacional de control.
Donde más se manifiesta el flagelo de la corrupción administrativa y la colusión es en los contratos de construcción de grandes obras, debido el monto contratado, a las múltiples adendas antojadizas que se les permite hacer a los contratos (algunos tienen hasta 15), sobrepasando el 25 % del monto del contrato original exigido por la ley de compras y contrataciones; de ahí que varias instituciones construyen, remodelan o amplían obras no prioritarias, planificadas, ni incluidas en su presupuesto.
Los ministerios e instituciones públicas que más utilizan estas prácticas deleznables, violentando todos los procedimientos de la Ley 340-06 sobre compra y contrataciones públicas, son: Educación, Obras Públicas y Comunicaciones, Salud Pública y Asistencia Social, Agricultura, la OPRET, el Plan Social de la Presidencia, la CDEEE y las EDES.
También ocurre en las concesiones de obras mediante contratos leoninos; en los pagos de obras sobrevaluadas, inconclusas, y algo peor, de obras no iniciadas. La mayoría de las licitaciones públicas para las compras y contrataciones se hacen solo para cumplir con ciertos formalismos legales, pues ya están definidas las personas y empresas que serán favorecidas.
Otra modalidad de corrupción administrativa ocurre con las compras y contrataciones públicas de bienes y servicios que son declaradas de emergencia. Estas son autorizadas cuando ocurren desastres, fenómenos naturales y pandemias de gran magnitud, como la ocurrida con el Covid-19, a través de las compras de grandes cantidades de medicamentos, vacunas, alimentos y equipos, sin observar los más mínimos controles.
También ocurre en los planes sociales de la presidencia y en los diferentes subsidios otorgados.
Si esto sucede en países de regímenes totalitarios, donde se condena la corrupción administrativa, serian muchos los funcionarios públicos condenados a la pena capital, pues estos exhiben públicamente grandes fortunas a expensas de los más vulnerables, lo que constituye un crimen de lesa patria.