Aunque la energía eléctrica y el agua son elementos fundamentales para la propia vida y para el desarrollo de los países, las inversiones que se realizan en estos sectores han sido tradicionalmente muy tímidas por lo menos esto es lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos 50 años. Esto quizás obedece a situaciones políticas que tienen que ver con la visión que todavía hoy permanece en nuestros políticos de que en lo que concierne al agua y saneamiento piensan que “no pueden exhibir“ las infraestructuras que requieren sus realizaciones, aunque estas tengan un gran impacto sobre la calidad de vida de la población ya que la mayoría de estas generalmente están ubicadas “bajo tierra”. Si a ello se unen las grandes deficiencias educacionales de nuestro país que nublan las mentes de una gran mayoría de los habitantes, entonces el pueblo suele de manera errónea apreciar más las obras físicas visibles, sin valorar en su justa medida lo que representa y significan las grandes ventajas de un abastecimiento continuo y de calidad del agua. De manera errada lamentablemente nuestros políticos, llegan a creer y a convencerse erróneamente por sus propios beneficios políticos y ante un pueblo aturdido por la ignorancia de que el agua ocupa un lugar bien lejos de una primera prioridad.
En cuanto a la electricidad, habría que ponderar muchos factores que han contribuido al hecho de que este servicio se haya mantenido por décadas en condiciones críticas. Han sido múltiples los ejercicios que han realizado gobierno tras gobierno, pero entendemos que todos han estado permeados por intereses particulares de grandes grupos económicos del país y por hechos de corrupción que, aunque siempre han existido parece que en estos tiempos se han puesto de moda y presentes en todas las actividades que realizan los humanos. Es necesario que tomando en cuenta que estos servicios de agua y electricidad son esenciales para la población, se realicen con el mayor grado de institucionalidad y transparencia.
Adicionalmente en lo referente a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables como son la eólica y la fotovoltaica, los incentivos que fueron creados a través de leyes específicas han ido desapareciendo gradualmente, como si estuviéramos ya saturados de esta energía limpia y entonces, la población con capacidad para realizar estas inversiones cada día se siente menos incentivada a invertir sus recursos en esta actividad. En muchos países de la región existen programas de financiamiento al sector privado por parte de los gobiernos en los cuales los ciudadanos no tiene que realizar ninguna inversión y el estado suministra los equipos y los instala.
Lo que sucede en nuestro país, no se aparta de lo que pasa en gran parte de América Latina y el Caribe que exhibe cifras poco halagadoras en cuanto a la disponibilidad de estos servicios vitales para la población y para el desarrollo de la mayoría de las actividades que realiza el ser humano.
Si damos un vistazo a las últimas cifras publicadas por la CEPAL (Recursos Naturales en América Latina y el Caribe, septiembre 2022), en la región 161 millones de personas no tienen acceso a agua potable proporcionada de manera segura, 431 millones no tienen acceso a saneamiento suministrado de manera segura y 7 millones de personas no disponen de electricidad.
Un aspecto importante que señalar es el hecho de que los sectores de la población más afectados son los de los quintiles más bajos (I y II), es decir los hogares de menores ingresos, que deben suplir la carencia del agua, mediante la compra de agua embotellada y en camiones, lo cual aumenta por lo menos cuatro veces el costo del suministro por las vías normales y también indicar que a esta población se unen las áreas rurales donde regularmente las infraestructuras suelen ser más vulnerables porque resulta que estas construcciones no se realizan de acuerdo a los estándares requeridos para estos tipos de instalaciones.
Señala el estudio de la CEPAL, indicado anteriormente, que se deberá invertir un 1.3% del PIB de la región en los próximos 10 años para que se logre el acceso universal al agua potable y saneamiento y que los costos asociados a esta tendrán una relación beneficio- costo de 2.4, es decir los beneficios serán más de dos veces de lo que representan estas inversiones. La inversión promedio actual en América Latina y El Caribe es de un 0.8% del PIB y en la República Dominicana no debe alcanzar ni siquiera un 0.5% del PIB nacional.
Igualmente, en el caso de la energía eléctrica, indica que se deberá invertir un 1.3% del PIB de la región en los próximos 10 años, con la orientación mayoritaria hacia la producción de energía limpia en base a fuentes renovables, como son la eólica y fotovoltaica.